Los gobiernos autoritarios ya controlan casi el 70% del PIB mundial

Los países que han albergado en los últimos años gobiernos de corte nacional-populista se han hecho con una parte substancial del pastel económico del planeta. Siete de cada diez dólares de riqueza están en sus manos. Cuando en 2016 era del 33% y en 2007, antes de la crisis, de apenas el 4%. Potencias del G-20 como Italia o Brasil han inclinado recientemente la balanza en favor de la autocracia.

Bolsonaro, en Davos hace unos días. REUTERS/Arnd Wiegmann

Bolsonaro, en Davos // REUTERS/Arnd Wiegmann

Gobiernos autoritarios y regímenes no democráticos se han hecho con el control de la economía. Con casi el 70% de la riqueza del planeta, cuando en 2016, el año previo al inicio de la presidencia de Donald Trump en EEUU, el PIB combinado de estas naciones era del 33%, según Bloomberg Economics, herramienta de análisis de esta agencia de información.

Dos años después -es decir, en 2018-, se ha expandido por naciones como Italia, donde los destinos del país los rige una compleja coalición entre neofascistas de La Liga Norte y extremistas de izquierda, espacio al que se vincula al Movimiento Cinco Estrellas, o Brasil, donde ha llegado al poder el nacional-catolicismo militarista de Jair Bolsonaro. Aunque, a largo plazo, el factor que más ha contribuido al repunte estratosférico de acumulación de poder económico-financiero en manos de ejecutivos autocráticos ha sido el fulgurante dinamismo de China que, en un decenio, el del escenario posterior a la crisis de 2008, le ha encaramado al segundo peldaño de la carrera por la hegemonía global, con un PIB que se acerca sin remedio al tamaño del de EEUU. Entonces, en 2007, la porción de la economía que atesoraban los regímenes autoritarios o las democracias de baja calidad era del 4%.

Pero, ¿qué ha cambiado para que haya sucedido este fenómeno, que ha virado la capacidad de decisión de foros de tanto relieve en la gobernanza mundial como el G-20? Por encima de todo, el nuevo orden global. Un espacio diferente al periodo previo a la quiebra de Lehman Brothers. En el que el paro galopante, la dura austeridad y la rampante desigualdad han catapultado a las formaciones extremistas, “sobre todo de derecha, pero también de izquierda”, asegura Tom Orlik, economista jefe de Bloomberg Economics. Esta transformación del pensamiento político ha tenido sus efectos en el terreno económico, donde florecen vestigios de “malas políticas que dañan el crecimiento”, aclara Orlik, que precisa que el ritmo del PIB global, entre enero y marzo, ha sido del 2,1%, el más reducido desde 2008, más lento que el que acaba de presagiar el FMI.

Recetario de populismo económico

Estas señales no sólo se aprecian en el aumento del proteccionismo, que han dañado el comercio global, sino en coyunturas como la italiana, donde la coalición de extrema derecha e izquierda han agrandado el agujero presupuestario de la tercera economía del euro sin impedir que su PIB caiga de nuevo en recesión. El asunto ha saltado a la arena política. El ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, que ostenta la presidencia del G-7 este semestre, insiste en la urgencia de que las potencias industrializadas y los grandes mercados emergentes, asociados en el G-20, inicien una agenda de reformas estructurales que faciliten la prosperidad. “Si no inventamos un nuevo capitalismo, las soluciones económicas absurdas proliferarán y nos conducirán inexorablemente hacia una persistente recesión”, explica. Orlik lo expresa en términos parecidos, aunque con una predicción más peligrosa: “Es un riesgo inmediato. Si la economía global cae más drásticamente de lo que prevé el mercado y las instituciones multilaterales, el antagonismo y el escepticismo se apoderará de los líderes autocráticos, que buscarán acciones concertadas para responder a la pérdida de riqueza colectiva e individual de sus economías”.

Brasil, India, Italia, Turquía y EEUU están entre las naciones del G-20 que han virado al autoritarismo; China, Rusia y Arabia Saudí no se consideran democracias

Bloomberg Economics considera gobiernos populistas a aquellos que “prometen defender a la gente contra las élites corruptas y ofrecen soluciones de sentido común frente a la complejidad de las políticas, mientras abogan por la unidad nacional como relato para superar visiones cosmopolitas, acciones en favor de una globalización inclusiva o mecanismos de cooperación internacional”. Basada en esta definición, sitúan a Brasil, India, Italia, Turquía y a EEUU entre las naciones que han protagonizado este viraje autoritario. Además de señalar a China, Rusia y Arabia Saudí como regímenes no democráticos; en línea con la categoría que les otorgan think-tanks especializados en esta materia como Freedom House.

Orlik y Justin Jiménez, uno de sus colaboradores, hacen una salvedad: “Hasta ahora, el impacto de las acciones populistas en el área económica no se ha traducido en un impacto sobre el ritmo de crecimiento o la estabilidad financiera, pero eso puede ser sólo cuestión de tiempo”, precisan porque las turbulencias en los mercados bursátiles de finales de año y la volatilidad de los flujos de capital y del comercio o de los precios de la energía “pueden ser consideradas como alarmas”. En su opinión, además, subyace otra doble lectura. Por un lado, que el espíritu populista arraiga por el fracaso de las democracias occidentales en gestionar adecuadamente las fuerzas de la globalización y de los avances tecnológicos. Y, por otro, la recreación de falsas creencias, falacias económicas, como que las rebajas fiscales traen siempre prosperidad, en alusión a la política de Trump, o la puesta en marcha de medidas favorables a los negocios, como ocurre en China o en India, mercados que obstruyen la plena capitalización de capital extranjero.

En cambio, la mejor manera de combatir esta pérdida de las libertades es formalizar regulaciones de alta calidad con mecanismos de gobierno efectivos, que no sólo persigan espolear el crecimiento, sino garantizar los valores democráticos, inculcando en estas reglas estándares de transparencia y contabilidad imparciales e independientes, precisan Orlik y Jiménez.

Tasas de corrupción y opciones políticas

Mientras no se logre legislar con calidad, transparencia, efectividad y valores democráticos, los países estarán en situación de alto riesgo cívico. Porque el populismo y la erosión de los derechos y libertades van de la mano. Así lo expresa el último informe de Amnistía Internacional que sitúa en estos términos la batalla contra la corrupción. “Nuestras investigaciones destacan el vínculo entre la salud democrática de un país y el éxito en su lucha contra los sobornos u otros actos delictivos o fraudulentos de sus administraciones públicas”, lo cual exige, además, “políticas que resulten eficaces en favor de la prosperidad y el reparto equitativo de la riqueza”, explica Delia Ferreira, presidenta de esta institución, para quien EEUU ejemplifica esta conexión. La potencia hegemónica cayó seis puestos, hasta el lugar vigésimo segundo de este ranking, tras situar a la Administración Trump como el gobierno más corrupto de los últimos siete años. Un retroceso similar al que experimentan Turquía y Hungría en esta clasificación.

Casi 1.000 millones de personas están sometidas a leyes que ni han mejorado la riqueza ni han aumentado la renta per cápita ni los ingresos laborales

Los expertos también resaltan la división del electorado que practican gurús del populismo como Steve Bannon. Entre nacionalistas y cosmopolitas. Fue la base del triunfo de Trump. Junto a los temores a la inmigración y a la cultura, germen del sentimiento supremacista y de la explicación del voto extremista de las clases trabajadoras. Así labró el presidente republicano más del 50% de sus votos, como antes lo consiguió Marine Le Pen en Francia -sin llegar al poder presidencial- u otros movimientos neofascistas europeos y que, con posterioridad, también ha sido el caldo de cultivo del que se ha alimentado Alternativa para Alemania (AfD) o, más recientemente, Vox en España. A partir de ahí, se añaden mensaje racistas y homófobos y el cóctel contra los planes de justicia económica de las democracias liberales está servido. En EEUU, con 330 millones de personas gobernadas por Trump, en Brasil, 210 bajo el yugo de Bolsonaro, casi 170 en Europa viven bajo gabinetes con alguna representación nacional-populista, en Filipinas (100 millones) o en Turquía, con casi 80 más. Todos ellos han elevado a casi 1.000 millones los ciudadanos que están sometidos a leyes de líderes del populismo. La práctica totalidad de ellas, sin resultados de mejora de la distribución de la riqueza ni de repuntes de los ingresos laborales.