El último informe de Audita Sanidad sobre los grupos de presión que actúan en la el sector de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid advierte que la mayoría de empresas que consiguen contratos por licitación con la Consejería de Sanidad forman parte de la Fundación IDIS.
Dos mujeres se manifiestan por la sanidad pública frente al Hospital de La Paz, en Madrid, en enero de 2014 // Álvaro Minguito
Las empresas que forman parte de alguno de los lobbies del sector sanitario consiguieron en 2017 más de la mitad de los contratos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y seis de cada diez euros contratados. Así lo señala el informe Influencia de los lobbies en la Sanidad madrileña, del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad-Audita Sanidad, presentado hoy en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid.
Los contratos analizados en el informe recogen únicamente los realizados a través de licitación a empresas privadas, dejando fuera otro tipo de acuerdos con empresas y grupos de presión como la concertación de servicios, los hospitales PFI —privados— o PPP —público-privados—. “Es un reflejo muy manifiesto de lo que se está dando en todo el Estado”, afirma Juan Luis Ruiz Jiménez, médico y miembro de Audita Sanidad, quien subraya la influencia de los grupos de presión en las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Fuera del informe quedan también los contratos menores, que no son objeto de licitación, tema sobre el que este colectivo presentó recientemente una denuncian contra la Consejería de Sanidad madrileña ante la Fiscalía Anticorrupción al haber “fuertes evidencias” de fraccionamiento de contratos.
“Las empresas en estos lobbies tienen adjudicados el 54,3% de los contratos y el 60,3% del importe de la contratación pública que sale a licitación”, explica el informe, en el que se señala que el porcentaje ascendería hasta el 65,61% si también se sumaran los 51.435.014 euros correspondientes a 16 adjudicaciones de las que conocen el importe global y las empresas adjudicatarias —miembros de algunos de los lobbies existentes—, pero no la cuantía concreta destinada a cada empresa.Las cifras son levemente menores que las presentadas en el año anterior, 2016, cuando el número de contratos que recayó en estas empresas rozó el 60%.
En cuanto a los importes adjudicados, suman 387.489.188,92 euros, es decir, un 60,35% del total del gasto sanitario identificado en el informe, que asciende a 642.069.712,86 euros. Pero a la hora del reparto, hay empresas y lobbies que destacan.
El informe señala que las 30 empresas que han conseguido contratos de mayor cuantía acumulan cerca de la mitad de esos más de 387 millones de euros. Todas ellas forman parte de, al menos, uno de los lobbies estudiados en el informe.Los contratos adjudicados a empresas que no forman parte de grupos de presión suman un importe total de 254,5 millones de euros, de los que cerca de la mitad —el 43%— ha ido a parar a tan solo tres empresas: Garbialdi SA —empresa de limpieza—, la Fundación Instituto San José de los Hermanos de San Juan de Dios y la Clínica SEAR —actualmente Hestia Madrid—. Sumaron contratos por 109.220.000 euros, un 17% del total de adjudicaciones realizadas desde la Consejería de Sanidad.
Pero entre la veintena de grupos de presión sobre el sector sanitario en la Comunidad de Madrid hay uno que destaca en cuanto a la cantidad de contratos que se han llevado sus empresas asociadas. Es la Fundación IDIS, de la que forman parte el 95% de las empresas citadas en el informe —cada empresa puede estar en varios lobbies—, y del que, a su vez, forman parte otros dos de los principales lobbies —Framaindustria y Fedin—.
En España, en la actualidad, no existe una regulación que obligue a las empresas a dar información sobre los grupos de presión en los que participan ni las acciones que llevan a cabo, como reuniones con cargos públicos o políticos. Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, recuerda que desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia se creó un registro de grupos de presión, pero no es obligatorio para las empresas dar información y, aun dándola, esta es, según Losada, “irrisoria e irrelevante”. También destaca que la deuda de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado casi por ocho entre los años 2000 y 2018, y el presupuesto regional para 2019, que asciende a 22.777 millones de euros, está ya sobrepasado en más de un 150% por la deuda acumulada. De este presupuesto de 2019, la mayor partida es la destinada a sanidad, que alcanza el 35,6%, pero el pago de la deuda, que solo en intereses y amortización se prevé que se lleve este año más de 3.300 millones de euros, supone el 14,8% del presupuesto, más de lo asignado a políticas sociales, transporte o vivienda.
El Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) comenzó su labor en 2014 con la publicación de un informe sobre el grupo Sanitas en el que mostraba como este se había lucrado con la privatización sanitaria impulsada por la Comunidad de Madrid. Su objetivo es analizar las políticas neoliberales en cuanto a los servicios públicos y más concretamente, en los procesos de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid.
