La norma dice proteger a los denunciantes de corrupción pero solo ampara a los funcionarios, da poderes al Gobierno para investigar sin orden judicial y amenaza el activismo. «Es liberticida», ha avisado Xnet en un acto que han apoyado diputados de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu
De izquierda a derecha: Joan Mena, diputado de En Comú Podem, Xavier Eritja, de ERC; Sònia Farré, de En Común Podem, Simona Levi, portavoz de Xnet; Juan Pedro Yllanes, de Podemos; y Enric Bataller, de Compromís. CDC
Si el abogado de Murcia que avisó durante años a Mariano Rajoy sobre la corrupción del PP en dicha Comunidad Autónoma hubiera hecho lo propio con la Autoridad Independiente de Integridad Pública, no habría quedado protegido por la Ley Integral contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que se tramita en el Congreso.
Ni él, ni el filtrador de los correos de Blesa y las tarjetas black, ni Edward Snowden, ni Hervé Falciani −extrabajador del banco HSBC que reveló los datos de 130.000 cuentas en Suiza de evasores fiscales−, ni muchos otros denunciantes de corrupción. No son funcionarios, por lo que la norma propuesta por Ciudadanos no los ampararía.
La distinción entre trabajadores del Estado y el resto de la sociedad es uno de los motivos que ha encendido las alarmas de organizaciones como Xnet, que este miércoles ha avisado de los peligros que esconde la redacción del texto que ha hecho el partido de Albert Rivera.
Xnet: «La corrupción se ha usado de fachada. Es una ley liberticida»
«Se ha utilizado la corrupción para hacer una ley fachada y llevarse réditos políticos», ha afirmado Simona Levi, portavoz de esta organización, vigilante de los derechos civiles en la era digital. «Es una ley liberticida, una aberración, contiene varias propuestas muy peligrosas», ha manifestado en las escalinatas del Congreso en un acto apoyado por diputados de Unidos Podemos, Compromís y EH Bildu.
Levi se ha reunido con estos grupos y con representantes del PSOE para exponer sus reclamaciones sobre la ley, que «hay que enmendar en profundidad». Un aspecto del que son «muy conscientes» los partidos que la han recibido, con la organización «trabajará conjuntamente», ha explicado.
«Vuelve la Stasi»
Otro de los peligros localizados por Xnet y los diputados son los poderes que la norma otorga a esa Autoridad Independiente de Integridad Pública. «En teoría tendría que proteger a los denunciantes de corrupción pero en realidad es un organismo todopoderoso con la potestad de investigar a cualquier persona sin mandato judicial», ha expuesto la activista.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Baleares y diputado de Podemos, Juan Pedro Yllanes, presente en el acto, se ha manifestado a favor de que exista una autoridad política encargada de proteger a los denunciantes. Aunque eso, ha defendido, «no puede significar que tenga el poder de investigar y recabar información sin orden judicial».
«La ONU dice que la única protección real para un denunciante es el anonimato, pero esta ley lo prohíbe expresamente»
El organismo de Integridad Pública propuesto por Ciudadanos, cuyo director sería nombrado y vigilado por el Gobierno vía Consejo de Ministros, tampoco aceptaría las denuncias anónimas. «Todas las asociaciones internacionales y la ONU dicen que la única protección real para un denunciante es el anonimato y esta ley lo prohíbe expresamente. Crea listados de alertadores y de personas que personas que piden información a las instituciones, listados de los que luego queda registro. Por eso hemos titulado la campaña contra ella como Vuelve la Stasi«.
Otra ley que amenaza el activismo
El acto ha coincidido en el tiempo con la condena de la Audiencia Nacional contra la tuitera Cassandra por sus chistes sobre Carrero Blanco. Al igual que en este caso los magistrados se han basado en un artículo contra el terrorismo del Código Penal para imponer un año de cárcel por bromear, Xnet avisa de que la ley anticorrupción de los de Rivera contiene resortes que permitirían al Gobierno ir mucho más allá de este ámbito.
«No tiene sentido que aspire a regular otro tipo de cosas que estén al margen de eso», afirma Enric Bataller, de Compromís
Señalan por ejemplo su disposición final primera, que modifica la ley electoral para hacer inelegibles como alto cargo público a los encausados por varios delitos. Entre ellos aquellos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones, la independencia del Estado o contra el orden público. Delitos de los que han sido habitualmente acusados activistas o figuras del soberanismo.
«Una ley contra la corrupción debe ser muy amplia, regular todo integramelmente y contar con un gran consenso. No tiene sentido que aspire a regular otro tipo de cosas que estén al margen de eso», ha denunciado Enric Bataller, de Compromís. «Parece que al independentismo se le va a atacar también por esta vía, volveremos a ver delitos de opinión… Se aprovecha la oportunidad para tocar muchas cosas», ha manifestado el diputado.
«Con la fachada de expresiones como lucha contra el terrorismo han hecho una redacción en la que cabe todo. La ley contiene píldoras de fanatismo desbocado muy peligrosas y muy bien escondidas», ha sentenciado Simona Levi.
