Incrementos del alquiler de hasta el 100% y situaciones de acoso llevan a los habitantes de cinco bloques de viviendas de Madrid a denunciar públicamente al casero más poderoso de España: el fondo buitre Fidere-Blackstone.
El 18 de septiembre comenzó la campaña MadridVsBlackstone. En la foto, integrantes del Sindicato de Inquilinos frente al Defensor del Pueblo // Álvaro Minguito
Cientos de familias organizadas en los llamados #BloquesEnLucha han lanzado este 18 de septiembre una campaña de denuncia pública y presión contra el mayor conglomerado inmobiliario en España, con cerca de 22.000 viviendas en su haber: el fondo buitre Fidere-Blackstone.
Vecinos y vecinas de bloques de viviendas situados en Carabanchel, Torrejón, Vallecas, Tres Cantos y Getafe, organizadas en el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reclaman a Fidere-Blackstone la renovación de sus alquileres en función de la actual ley de Arrendamientos Urbanos y una revalorización del precio del alquiler según el IPC. Con esta campaña pretenden denunciar subidas de la renta de hasta el 100% a medida de que finalizan sus contratos.
“Es bochornoso que una empresa de capital privado haya comprado viviendas públicas por debajo del precio de mercado y ahora se esté aprovechando de eso para especular”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas.
Unas subidas que los vecinos, la mayoría de renta baja o media, “no pueden asumir”, cuenta a El Salto Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Es bochornoso que una empresa de capital privado haya comprado viviendas públicas por debajo del precio de mercado y ahora se esté aprovechando de eso para especular”, denuncia Bardera.
Según cuenta, muchas de las viviendas fueron compradas por cerca de 60.000 euros y ahora, seis años después, están siendo vendidas por más de 240.000. “Están multiplicando por cuatro el precio de una vivienda construida con dinero de todos”, añade.
Los cinco #BloquesEnLucha fueron en su momento vivienda pública. En el caso de Vallecas y Carabanchel eran promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y fueron vendidas a Blackstone por la entonces alcaldesa Ana Botella. Por si fuera poco, Blackstone opera a través de Socimis, continúa Bardera, “con unos beneficios fiscales que no tiene nadie”.
“Ante la negativa de Fidere-Blackstone de sentarse a negociar contratos justos, ante el acoso que somete a las inquilinas y ante una situación insostenible” —denuncian desde el Sindicato de Inquilinos— los #BloquesEnLucha han lanzado la campaña #MadridVsBlackstone. Una iniciativa que interpelará a los grupos parlamentarios autonómicos y municipales.
“Nuestra propuesta es que la gente se quede, desobedezca y que se niegue a pagar los aumentos, que siga pagando lo mismo”
Se trata de una campaña de visibilización, de presión mediática, de interpelación a los partidos y a las instituciones, empezando por el Defensor de Pueblo, en cuya sede muchas de las afectadas entregaron este 18 de septiembre una carta solicitando su intervención.Pero esta campaña no solo se dirige a las instituciones, sino también a las miles de personas que sufren la violencia inmobiliaria de Fidere-Blackstone. “Nuestra propuesta es que la gente se quede y que se niegue a pagar los aumentos, que siga pagando lo mismo”, dice Bardera. Un camino de desobediencia que muchos residentes de los #BloquesEnLucha ya han iniciado.
PP vs Madrid
El inicio de la campaña #MadridVsBlackstone se produce semanas después de la polémica decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de despedir a la abogada Paloma Herranz, que preparaba un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que exoneró a la exalcaldesa Ana Botella y a siete ex altos cargos por la venta de viviendas públicas Blackstone. Un paso que aseguraba que Ana Botella no tendría que pagar por la venta de 1.860 viviendas públicas de protección oficial a Fidere-Blackstone en 2013.Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se trató de una venta “fraudulenta” que ha supuesto un “perjuicio tanto económico como patrimonial para toda la ciudadanía y en particular para todas las familias adjudicatarias de dichas viviendas sociales a las que se les ha incrementado la renta de forma desproporcionada o directamente se ha rescindido su contrato y por tanto están en grave riesgo de ser desahuciadas e incluso muchas de ellas, ya lo han sido”.
Con el objetivo de presionar a la Fiscalía General del Estado y al alcalde de Madrid para que recurran la sentencia absolutoria de Ana Botella y el resto de consejeros de la Administración de la EMVS, este jueves 19 de septiembre a las 10 horas, la PAH ha convocado una concentración frente al Registro del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Montalbán, 1.
+info relacionada:
Rebelión de los inquilinos madrileños contra el mayor casero de España – publico.es, 18-09-2019
