El colectivo emigrante Marea Granate acude por primera vez al Congreso para defender los derechos electorales de 2,4 millones de emigrantes españoles.
Protesta de Marea Granate contra el voto rogado frente al consulado de España en París.
Son las novenas elecciones en las que aportamos información detallada para cada caso y atendemos las irregularidades y trabas que están surgiendo”, explica María Almena, de Marea Granate. Faltan pocos días para las elecciones catalanas del 21-D y una vez más este colectivo de emigrantes españoles pone en marcha una campaña de información y ayuda que, en teoría, correspondería a los consulados y al propio Ministerio de Asuntos Exteriores.
Marea Granate asegura que las elecciones autonómicas catalanas serán “muy poco garantistas” y registrarán “una participación muy baja” entre la población catalana que vive en el extranjero, una constante que se repite desde que en 2011 PP, PSOE y la extinta CiU aprobaron el voto rogado, un engorroso protocolo burocrático que obliga a rogar el voto como requisito previo a la participación electoral, obstaculizando este derecho fundamental a 2,4 millones de electores españoles en el extranjero y desalentando la participación electoral desde el exterior. Además, en los comicios catalanes hay varios problemas añadidos: las demoras en el envío de papeletas y sobres debido al puente, las impugnaciones registradas en la provincia de Barcelona y, de nuevo, la escasez de recursos y la falta de previsión en los consulados, agravan aún más la carrera de obstáculos para ejercer el derecho a voto.
Marea Granate es un colectivo apartidista y horizontal presente en más de 20 países que defiende los derechos de los españoles que viven en el extranjero. Este miércoles representantes del colectivo emigrante acuden por primera vez al Congreso para denunciar la larga lista de trabas que enfrenta la emigración española a la hora de votar y exponer distintas soluciones. María Almena, científica residente en Francia y portavoz del Grupo de Voto de Marea Granate, da más detalles sobre el asunto.
¿A qué habéis venido al Congreso?
Hemos venido a comparecer en la Comisión Constitucional, que se encarga de la reforma de la Ley Electoral, para exponer nuestra propuesta sobre la parte que afecta al voto exterior, que ha sido un problema desde que se reformó la ley en 2011. La participación cayó un 85%, pasando del 35% en elecciones generales a no llegar al 6% ahora. Se está impidiendo que mucha gente en el exterior vote, con el agravante de que cada vez hay más emigrantes fuera del país. Estamos hablando de cerca de dos millones de personas en el censo electoral exterior que no pueden votar con garantías.
¿Es habitual que los partidos os escuchen?
No es habitual que nos escuchen, nos ha costado bastante interaccionar con ellos. No hay canales fáciles y hemos tenido que protestar mucho estos años atrás para provocar un escándalo mediático y que el problema fuera escuchado. Aunque muchos partidos se hayan comprometido y lleven la derogación del ruego del voto en sus programas, nos preocupa que se antepongan cálculos partidistas y electorales frente a la necesidad democrática de hacer una reforma electoral adecuada para quienes estamos fuera. Les pedimos que dejen de lado los cálculos electoralistas, que sean valientes y justos a la hora de legislar. Nos preocupa mucho que promuevan una reforma parcial que no arregle nuestros problemas. Cuesta mucho hacer llegar la problemática de los emigrantes al Estado español, por la lejanía, la falta de contacto con los medios de comunicación… Esto sucede también con los partidos y con la sociedad en general.
¿Cómo ha cambiado la participación electoral de la emigración española desde que se aprobó el voto rogado?
Cuando se reformó la Ley Electoral en 2011, se introdujo el voto rogado, que ya estaba establecido para el voto municipal. Había muchas irregularidades antes, sobre todo por las redes clienterales de los partidos en le exterior, y se daba sobre todo en el voto municipal, porque ahí era más fácil cambiar el sentido del voto, ya que solo hacían falta unos pocos votos. Propusieron introducir el protocolo del ruego del voto, que hacía caer la participación en los comicios municipales, y además se eliminó el derecho a voto de los emigrantes españoles en las municipales. Ahora solo podemos votar en las autonómicas y las generales, y tenemos unos índices de participación antidemocráticos.
¿Qué partidos muestran más reticencias para derogar el voto rogado y por qué?
Prácticamente todos salvo el PP proponen la derogación del voto rogado. Nosotros suponemos que el PP no quiere porque el voto emigrante se puede transformar en un voto protesta por tanta gente que ha tenido que salir tras las políticas que se llevaron a cabo en el país. Queremos subrayar que simplemente derogar el ruego del voto no sirve, ya que hay muchísimos problemas adicionales y esto necesita una reforma profunda y seria. Tememos mucho que hagan un parche de reforma simplemente derogando el ruego y que no se solucionen el resto de problemas, como la barrera de la inscripción consular, que mucha gente evita para no perder la sanidad si vuelven a España, además de dotar de más medios a los consulados y ampliar los plazos en los sistemas de envíos para que de verdad se haga una reforma efectiva y garantista.
Ya hay más de 2,4 millones de españoles en el extranjero, dos millones en el censo, ¿por qué creéis que sería positivo tener una circunscripción exterior?
Esa es una de nuestras demandas porque cuesta mucho llevar la problemática emigrante a las instituciones. Ha habido un recorte general de derechos y una problemática que viene de antaño y que no se trata. No solo hablamos de los derechos civiles, como es el derecho a voto, sino que también se han recortado las pensiones, ya que los pensionistas emigrantes están doblemente gravados con la ‘Ley Montoro’, y además perdemos la sanidad a los tres meses de estar fuera; perdemos derechos educativos, por ejemplo las ALCE [Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, imparten clases en el exterior] o los programas Erasmus. Son problemas que no se tratan en sede parlamentaria por la lejanía y porque no hay nadie que lleve las demandas específicas de la emigración. Hay países como Italia y Francia que tienen una circunscripción exterior, con diputados que representan a la emigración y que intervienen en las decisiones del Parlamento. Pensamos que tener una circunscripción exterior ayudaría a tener canales de rendición de cuentas para la emigración, por eso es una de nuestras demandas. La emigración es hoy en día la tercera provincia del Estado, por detrás de Madrid y Barcelona.
¿Crees que la administración tiene medios para ampliar plazos de envío, hacer más transparentes los procesos, agilizar las inscripciones al censo, facilitar el voto en persona, por correo…?
No, no los tiene. La administración exterior está completamente abandonada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por el Gobierno. Desde que comenzó la crisis se han eliminado consulados como el de Manchester, a pesar de la cantidad de emigración española que ha recibido Inglaterra en los últimos años. El aumento del censo exterior, que ha pasado de 1,4 a 2,4 millones de personas, no ha ido acompañado de una dotación similar para la administración en el exterior, ni en medios humamos ni en medios tencológicos. Por eso hemos visto las colas de cinco horas para poder rogar el voto en algunos consulados, la saturación contínua en cualquier tipo de trámite que haya que hacer, las citas electrónicas a tres o cuatro meses vista… Y lo que es muy grave también: las condiciones laborales del personal en el exterior, tanto en consulados como en el Instituto Cervantes y otras instituciones. Hay personal exterior cobrando por debajo del salario mínimo de los países donde están, viviendo en condiciones de pobreza, e incluso han organizado una huelga internacional de servicios exteriores. Creemos que deberían tener medios acordes a los niveles de emigración y condiciones laborales dignas.
¿Por qué estáis en contra del voto electrónico?
Una de las soluciones fáciles que proponen algunos partidos es el voto electrónico. Nosotros estamos en contra porque no cumple garantías democráticas y es un parche más que lo que hace es recortar derechos. Para empezar, el voto electrónico es inseguro: llevamos más de 30 años desarrollándolo sin que haya garantías al respecto. De hecho la tendencia en muchos países es a eliminarlo, como hicieron Francia, Holanda… Hoy en día solo se usa en tres países, que son Estados Unidos, Venezuela y Brasil. El voto por internet solo lo aplica Estonia, donde también se demostró que el sistema no es seguro y puede ser manipulado. Nos preocupa la seguridad pero también el derecho a la auditoría por parte de los ciudadanos. El voto electrónico es una caja negra que no arroja más transparencia al proceso, sino que lo vuelve mucho más opaco, y además ataca al secreto del sufragio del voto, algo que reconoce la propia Junta Electoral. Que el sistema no pueda ser auditado por la ciudadanía ha hecho que países como Alemania o Noruega lo declaren anticonstitucional. Eso sin mencionar también el problema de universalidad, teniendo en cuenta que hay una brecha digital muy evidente. Nos parece que el voto electrónico es un parche que no solucionaría problemas, recortaría derechos y generaría nuevos riesgos. Se puede hacer una reforma garantista modificando plazos, facilitando inscripciones, derogando el ruego y dando medios, sin tener que utilizar este tipo de soluciones que representan un atraso para nuestras garantías democráticas.
