Más Madrid y distintas organizaciones denuncian al obispado de Alcalá por los cursos para ‘curar’ la homosexualidad

  • Eduardo Rubiño, candidato de Más Madrid, ha presentado una denuncia ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid para pedir que se sancione las pseudoterapias homófobas ofertadas por el obispado de Alcalá
  • El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, Facua y Cogam también han denunciado estos cursos: «Amar no se cura, la LGTBIfobia sí», apunta Santiago Rivero, secretario de esta última organización
  • «Esta denuncia busca exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dé cumplimiento inmediato de la Ley como es su obligación», explica Rubiño
  • El obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para ‘curar’ la homosexualidad

Juan Antonio Reig Pla, obispo ultra de Alcalá de Henares. EFE

Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares // EFE

Eduardo Rubiño, candidato de MásMadrid a las autonómicas de mayo, ha presentado esta mañana una denuncia en el Registro General de la Comunidad de Madrid contra el obispado de Alcalá de Henares, a raíz de la investigación de eldiario.es que ha destapado la existencia cursos y terapias para revertir la homosexualidad llevados a cabo por la misma institución.

«Tuvimos conocimiento de lo que estaba pasando en el obispado hace unas semanas gracias una denuncia anónima, pero han sido estas investigaciones de eldiario.es, las que nos han ayudado a completar muy ampliamente la información que teníamos», explica Rubiño por teléfono. «Nuestra sorpresa fue saber que eldiario.es llevaba investigando este mismo caso desde hacía varios meses. Con todo el material que han obtenido y contando con la información facilitada por la persona que nos contactó anónimamente decidimos preparar la denuncia que presentamos hoy», ha contado el político en Twitter.

En la denuncia, MásMadrid pide que el obispado y la supuesta terapeuta, B.V, sean sancionados con las pena máximas previstas por la ley contra la LGTBfobia, que podrían llegar hasta 45.000 euros, al considerarse la promoción y organización de las terapias reparativas como falta grave. Además, el obispado podría dejar de recibir cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta tres años. Si la denuncia llega a término, el obispado también se podría enfrentar a la inhabilitación de cualquier autorización administrativa «para el ejercicio de servicios sociales, educativos, asistenciales, de juventud e infancia», durante tres años, así como a la prohibición de contratar con la Administración, las fundaciones del sector público madrileño y cualesquiera otro órgano u ente público por un período máximo también de de tres años.

«Es esencial la presión de todos los partidos y colectivos, para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cumpla la ley», explica Rubiño. «En esta legislatura, el gobierno del PP no ha tenido la mínima intención de utilizar el régimen sancionador para parar casos similares». Según denuncia el político de MásMadrid, muy pocas denuncias amparadas en la Ley contra la LGTBfobia han llegado a término durante esta legislatura. «Esta denuncia busca exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dé cumplimiento inmediato de la Ley como es su obligación». Además, Rubiño vuelve a poner el foco en la calle y en los colectivos: «Depende de la presión social, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tenga otra opción que hacer frente a estos hechos».

El Observatorio contra la LGTBIfobia y COGAM

El Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia y COGAM, el colectivo LGTBI+ de Madrid, también han denunciado estos cursos. Ambos piden a las instituciones que se aplique la ley LGTBI vigente en la Comunidad de Madrid y exigen que se pongan en marcha las medidas pertinentes.

«Es una vergüenza que se sigan realizando estas prácticas en pleno siglo XXI», subraya Yago Blando, portavoz de Arcópoli, a este periódico, asociación que coordina el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

«No podemos permitir en los tiempo que corren que ninguna entidad, pública o privada, ahonde en el fomento al odio hacia las personas LGTBI. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para poner fin a este tipo de actuaciones y que recaiga sobre los autores todo el peso de la ley. Amar no se cura, la LGTBIfobia, sí», apunta Santiago Rivero, secretario de Cogam.

Por su parte, en conversación telefónica con eldiario.es, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha condenado «sin ningún tipo de miramientos» la LGTBfobia, que «desde el obispado de Alcalá de Henares y desde la mano del obispo Reig Pla es continua». Por ello, insta a la Fiscalía del Estado a que tome medidas «por la persistencia» de este «delito de incitación al odio y por el uso de terapias con una profesional que no está cualificada». Asimismo, Sangil ha declarado que la Federación se pondrá en contacto con las entidades madrileñas para hacer «una denuncia formal porque está violando la ley LGTBI» de la Comunidad madrileña.

Desde Arcópoli, Blando asegura que cuando se redactó la ley contra la LGTBfobia en Madrid hicieron especial hincapié en que se prohibieran este tipo de pseudoterapias. «Es justo este tipo de casos que teníamos en mente», dice. El portavoz de la asociación madrileña explica que, si bien no habían recibido denuncias concretas, «siempre nos habían llegado rumores». El caso más específico que les llegó fue el caso de Elena Lorenzo, una coach que ofrecía «soluciones» para la homosexualidad y que en 2016 fue denunciada por el colectivo.

En estos cursos, impartidos por una supuesta terapeuta que no está colegiada y amparados por el obispado de José Atonio Reig Pla, conocido por sus declaraciones homófobas, se cataloga la homosexualidad como «una herida que puede curarse». Asimismo, se insta a los asistentes a que dejen de consumir pornografía y a que se masturben menos.

En la denuncia –en la primera o en la subsiguiente ampliación–, remarca Blando, se incluirán todos los rumores e información sobre este tipo de prácticas que han ido recopilando durante estos años.

También la organización en defensa de los derechos de los consumidores Facua ha anunciado la presentación de una denuncia remitida a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en la que solicita que abra expediente sancionador contra la Diócesis de Alcalá de Henares. En el mismo sentido que el resto de denuncias, tal y como confirma en un comunicado, la organización lamenta «las repugnantes y peligrosas conductas homófobas del obispado, que pueden derivar en gravísimos problemas psicológicos para las personas que caigan en la trampa de acudir a este tipo de seudoterapias».

Distintos usuarios de redes sociales y asociaciones y grupos LGTBI se han sumado a las protestas bajo el hashtag #NuestroAmorNoSeCura.