Con la Navidad se evidencia la falta de personal técnico en Radio Televisión Española. Mientras algunas de sus instalaciones son desaprovechadas, la política de la empresa sigue inclinándose a la externalización al grupo Tres60, fundado por Josep Piqué y vendido en el último año a Mediapro.
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Una trabajadora de RTVE graba una protesta sindical // Eliezer Sánchez
El 27 de julio de 2015, el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, mintió en sede parlamentaria. Y no pasó nada. En la comisión de control de la empresa pública, Sixto Iglesias (IU), preguntó a Sánchez por los criterios de contratación de personal eventual que se estaban aplicando en RTVE. Sánchez –aún presidente de la empresa– contestó que se funcionaba bajo un plan plurianual de recursos humanos elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el periodo 2013-2016.
CGT pidió ese plan. RTVE no lo aportó. Los sindicatos recurrieron al consejo de transparencia, que a su vez requirió el plan a la SEPI. La SEPI respondió que en 2014 no se elaboró plan alguno sobre ese asunto y concluyó que las declaraciones de Sánchez en la Comisión de Control “pueden no responder a la realidad”.
Falta personal
El 28 de octubre de 2017 los informativos de la primera cadena dependieron durante un turno de trabajo de una sola persona. Aquel día, la empresa sólo tenía un mezclador para llevar a cabo el trabajo de mezcla –dar paso a las piezas, crear las ráfagas, los fundidos del informativo, etc–.
La falta de personal en la empresa es acuciante y motivo de preocupación especialmente en esta época del año, cuando se realizan los especiales de navidad de distintos contenidos de radio, televisión y de la web de RTVE, que tiene que cubrir con poco personal, acontecimientos como el sorteo de la Lotería y las elecciones catalanas.
Desde 2007 no ha vuelto a haber oposiciones en la radiotelevisión pública. La contratación ha quedado limitada por dos vías, por número de contratos (hay un cupo de 426 contratos temporales/año) y por masa salarial. Y esa contratación está sesgada, denuncia Miguel Ángel Charte, secretario del Comité de Empresa y delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Tras el ERE de 2006, el de las “jubilaciones doradas”, muy contestado por cuanto supuso de descapitalización de la empresa en términos de experiencia, el plan para una plantilla tipo elaborado por The Boston Consulting Group, está mal dimensionado según CGT. “Estamos unos 300 puestos de trabajo por debajo de lo necesario”, comenta Charte.
El problema no es solo que falte gente sino dónde se destinan los recursos. Y aquí es donde entra en juego la “redacción paralela” formada a lo largo de estos años.
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En agosto de 2016, RTVE anunciaba el fichaje de Víctor Arribas para la redacción de La noche en 24 horas. Arribas se había ganado sus galones en la Telemadrid de Esperanza Aguirre. De la otra acera, concretamente de la oficina de prensa de Ana Botella, había llegado un año antes Elena Sánchez. Son parte de la “redacción paralela” que la dirección de la televisión pública ha ido formando en estos años. No son fijos –dado que no hay oposiciones– son nombrados a dedo y sus contratos por obra se convertirán en indefinidos
Sus salarios son confidenciales –el comité de empresa está obligado a guardar silencio– pero El Diario publicó que Arribas cobra un sueldo de 5.400 euros brutos mensuales. En cualquier caso, son salarios muy por encima de convenio, explica Miguel Ángel Charte, que tienen consecuencias que van más allá de la línea ideológica que Arribas promueve en la tertulia que presenta
Además, CGT ha llevado este verano al Tribunal de Cuentas, que lo ha trasladado a su sección de Enjuciamiento, una denuncia de las contrataciones por obra llevadas a cabo por RTVE. Este sindicato cree que la empresa es negiglente al permitir que se prorroguen contratos de obra para convertir en fijos a trabajadores con sueldos muy por encima de convenio. Es la situación en la que se encuentran Víctor Arribas y Elena Sánchez, que en menos de un año, si no hay reacción, podrán demandar a la empresa y obtener plaza fija.
El problema, señala Charte, es que por cada Arribas o por cada Sánchez hay tres puestos de peluquero, técnicos o montadores que no se cubren.
Externalizaciones
El 13 de diciembre, todos los sindicatos representados en el comité de empresa de RTVE secundaban una protesta en los centros de la empresa pública en Madrid. Hoy, 20 de diciembre, se repetirán las manifestaciones de protesta. Los motivos de los convocantes son la falta de plantilla, especialmente en los departamentos técnicos. Hay poco personal en la sala de mezcla y de montaje, falta personal de peluquería, gente que trabaje la imagen, el sonido y los sistemas informáticos que permiten las transmisiones. Actualmente solo hay una sastra y la falta de personal se extiende también a la orquesta y coro de RTVE.
A cambio, los contratos temporales, aquellos que José Antonio Sánchez situaba en un plan que la SEPI nunca recibió, se vuelcan en la contratación de redactores, mientras hay personal fijo de redacción que “está parado” porque no cuenta con la confianza de quienes marcan la línea editorial.
Mientras, las necesidades en los departamentos técnicos generan situaciones impensables solo hace diez años. Como que los montadores de RTVE tengan que ir a salas de montajes de las empresas “cárnicas” que realizan programas para la empresa. Salas vacías en Prado del Rey o el Pirulí –Torrespaña– y contratos para proveedoras de servicios.
El triunfo de Mediapro
Dos de ellas son Videoreport y Acicala que pertenece al grupo Tres60, un holding que pertenece desde septiembre a Mediapro, empresa líder en el sector de las externalizaciones, presidida por Jaume Roures.
Tres60 ha dado varias vueltas hasta la actual propiedad. Fundada a través de los restos de algunas empresas vinculadas a Vértice360, Tres60 fue el vehículo para la entrada en el sector audiovisual español de HIG Capital, un fondo de inversión al que se recuerda por la compra a Sareb de mil viviendas al precio de 51.000 euros la unidad. La empresa fue fundada por el exministro Josep Piqué (PP) y presidida durante unos años por la también exministra Anna Birulés (PP).
Por medio de la compra de Tres60 a HIG, Mediapro vuelve a situarse como proveedora de servicios para RTVE, años después de la denuncia por parte del Partido Popular de que esta empresa obtenía contratos de la dirección de RTVE durante la etapa socialista.
Entonces, el PP esgrimía una sentencia judicial para denunciar que la tele pública llevó a cabo una “externalización favorable a los amigos de Zapatero”.
