El ministerio ha denegado la Propuesta de Ley argumentando que si los municipios se gastan el superávit, el Gobierno central tendría que modificar los Presupuestos Generales del Estado.
Representantes de ayuntamientos y diputados presentan la propuesta de ley // Dani Gago
Las Corporaciones Locales alcanzaron en 2016 un superávit del 0,61% del PIB. Según la nota emitida por el Ministerio de Hacienda, este resultado “fue consecuencia de la vigencia de una regla de gasto que esta iniciativa quiere derogar”. Según indica el ministerio, de eliminar este techo de gasto desaparecería ese superávit de 6.847 millones de euros y afectaría a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La PL, presentada el pasado día 13 de noviembre por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, tenía la intención de modificar la regla del techo de gasto que asfixia a cientos de municipios y que ha sido la causa de la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del ministerio de Hacienda.
Para el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, el Gobierno ha vetado el debate de esta PL “por miedo a perder”. Según el edil: “Hemos demostrado sobrada capacidad para gestionar municipios con una Ley de Estabilidad Presupuestaria claramente injusta y ahora se le está dando la espalda a la mayoría parlamentaria y social”, y matizó que “hay alternativa económica a la derecha y no conseguirán ocultarlo abortando el debate parlamentario”.
El comunicado también explica que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria es una exigencia por parte de Unión Europea y que, en última instancia, es responsabilidad del Estado que se cumpla. Según el Gobierno, si los municipios gastaran dichas cantidades sobrantes del ejercicio anterior, se deberían modificar los presupuestos. Pero para el diputado de Podemos y uno de los firmantes de la Propuesta de Ley (PL), Segundo González, ese argumento esconde la necesidad de cumplir el déficit del Gobierno central con el ahorro de los municipios:
“El Gobierno ha vetado nuestra PL porque necesita los superávit de los ayuntamientos para cuadrar las desequilibradas cuentas que su nefasta gestión ha provocado”.
De acuerdo con el criterio incluido en el citado informe, la aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución.
Por estos motivos el ministerio cree que la PL supondría un aumento en los créditos presupuestarios, tumba la proposición y no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución. Pero para González, ese motivo está “totalmente injustificado económica y jurídicamente, porque la PL no supondría ningún incremento de las partidas de los PGE”.
