Montoro utiliza el 155 para ordenar una auditoría de los servicios de telecomunicaciones de la Generalitat

  • El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) deberá encargar un análisis externo para saber si se extralimitó en sus competencias
  • El CTTI aparecía en un informe de la juez Carmen Lamela como pieza clave para “los intereses secesionistas” junto con los Mossos o el Diplocat
  • Montoro ordena la auditoría “ante las dudas suscitadas” sobre si su gestión y financiación son “acordes al ejercicio de sus competencias”

La G.Civil entra en el Centro Telecomunicaciones catalán a buscar correos de mossos

Registro de la Guardia Civil en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat // EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado instrucciones para que se realice una auditoría de los servicios de información de la Generalitat para ver si se han extralimitado en sus competencias durante la fase decisiva del proceso soberanista. La instrucción la ha firmado Montoro en tanto que responsable de la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat desde que se aprobó el artículo 155.

La existencia de esta orden, que ha podido confirmar este diario, la ha hecho pública el colectivo ServidorsCat, de trabajadores de la Generalitat que denuncian las consecuencias de la intervención de la administración catalana.

El documento, con fecha de 30 de noviembre, se remite al director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Joan Angulo, a quien encarga que prepare las condiciones para contratar a una empresa externa que realice un “análisis forense” de los sistemas de información catalanes. Montoro justifica esta decisión “ante las dudas suscitadas sobre si la gestión y financiación de las infraestructuras y sistemas informáticos” de la Generalitat “son acordes al ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas”.

La instrucción hace mención especial al CTTI, el organismo responsable de las telecomunicaciones de la Generalitat que ha estado en el punto de mira judicial en los últimos meses. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela consideró que el Govern puso de forma “ilegal al servicio de los intereses secesionistas” este centro, junto con otros entes como los Mossos d’Esquadra o el Diplocat.

La Guardia Civil entró también a registrar el CTTI el pasado 20 de octubre para obtener información sobre la supuesta pasividad de los Mossos el 1-O.

Etiquetado con: