Galicia: gestión sanitaria público-privada. A comienzos de septiembre tenía lugar la mayor manifestación que se recuerda en las calles de Vigo. La ciudad reclamaba una sanidad pública y esta reivindicación sacaba a la calle a 200.000 personas en una urbe de apenas 300.000. La apertura del polémico nuevo hospital de Vigo era el detonante.
¿Cómo un hospital recién inaugurado y con el mayor presupuesto del sistema gallego de salud tiene deficiencias estructurales y de funcionamiento que llevan a rebelarse a toda una ciudad? ¿Quién ha salido beneficiado con su construcción? ¿Y a quién beneficia su mal funcionamiento? Intentamos averiguar qué hay detrás del caos en este centro sanitario.
Vigo y su área metropolitana padecen, desde hace décadas, unas graves deficiencias estructurales en atención sanitaria. Dentro de una comunidad autónoma con unas listas de espera considerablemente altas –casi 65 días de media en cirugía–, Vigo se lleva la palma con más de 94 días, según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de 2015. Además, la Xunta mantiene en esta ciudad desde los años 90 un inusual concierto, instaurado por Manuel Fraga, con un hospital privado, Povisa, para atender a 140.000 de sus habitantes. Con el objetivo de poner fin a todas estas anomalías, se proyecta la creación de un mega-hospital llamado a convertirse en centro de referencia para Vigo y comarca, con más de 500.000 personas.
El proyecto inicial, elaborado en la etapa del gobierno bipartido de PSOE y BNG, comprendía la construcción de un centro hospitalario público con 1.465 camas y un presupuesto de 450 millones de euros a pagar en 15 años, intereses incluidos. Pero éste no se inicia antes del cambio de gobierno, por lo que la nueva Xunta de Núñez Feijóo decide hacer modificaciones. El nuevo hospital de Vigo (NHV) pasará a construirse bajo la fórmula del modelo PFI, por el que serán empresas las que se encarguen de su construcción, gestión de su infraestructura y de las actividades no sanitarias. Su presupuesto se eleva hasta los 1.432 millones. La concesión se la lleva una sociedad concesionaria, compuesta por Acciona, Puentes y Calzadas, Altair y Concessia.
Las numerosas irregularidades en el contrato de adjudicación a esta concesionaria, denunciadas ante instancias estatales y europeas por distintos colectivos, parecen haber pasado desapercibidos para la Intervención General de la Comunidad de Galicia, órgano que emite en mayo de 2010 un informe favorable al contrato y da luz verde a la construcción del centro. La presidenta de este organismo de control, Elena Muñoz, es posteriormente ascendida por Feijóo a conselleira de Hacienda y ahora encabeza el grupo municipal del PP en Vigo, apunta Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Debido a las múltiples irregularidades en el contrato, esta federación ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea que deberá resolverse en un plazo de 70 días. “Si la Comisión Europea nos da la razón iremos al Tribunal Europeo para que se anule el contrato. Eso supondría que podríamos rescatar el hospital sin tener que indemnizar a esa empresa”, explica Martín.
La empresa concesionaria es la dueña del edificio durante los próximos 20 años, por el que cobra anualmente un canon que, para escarnio de muchos, la Xunta llega a incluir dentro de sus cuentas como “inversión en sanidad pública”. Además de los beneficios por la construcción de la infraestructura, la concesionaria se lleva también la gestión de los servicios no-sanitarios, y no sólo de ese hospital, sino también del resto del área.
Los servicios externalizados no son una novedad en los hospitales gallegos. No hay ninguno en el que la limpieza esté a cargo del personal con plaza en el Sergas, y en el caso de la cocina, la lavandería o el mantenimiento, empiezan a ser una rareza. Lo novedoso del NHV es que todos estos servicios se quedan en manos de una única empresa. “Evidentemente, se resiente la calidad de la comida, de la limpieza, de los servicios en general”, denuncia Ángel Cameselle, secretario general de la Federación de Sanidad de Galicia de CC OO y actual presidente de la junta de personal del nuevo hospital de Vigo.
Además de la gestión de 26 servicios no sanitarios, el contrato permite a la concesionaria explotar otros servicios de pago en el recinto: guardería para el personal, máquinas de vending y hasta se ha pedido instalar una peluquería, además del polémico parking. Por lo tanto, cobrará al Sergas por los servicios no sanitarios y a los usuarios por el resto de facilidades. “Lo de la burbuja inmobiliaria se les acabó y ahora saben que la sanidad es una fuente de negocio muy grande”, se lamenta Marga López, concelleira de la Marea de Vigo.
Menos quirófanos
A medida que se iba acercando la fecha de su apertura, con un año de demora sobre el plazo fijado, se comprueba que el hospital dista bastante de lo proyectado. “Hasta después de las elecciones de mayo no nos dicen la verdad: que esas 1.465 camas del nuevo hospital, que junto a los otros dos hospitales ya existentes en Vigo (Meixoeiro y Nicolás Peña) darían un total de 2.007 camas, se han quedado en 845. Además, como se han cerrado otros centros, Vigo pasa a tener 1.260 camas, ocho camas más de las que teníamos antes de la construcción del nuevo hospital”, explica Cameselle. El proyecto inicial se ha visto muy reducido pero el coste total que estaba proyectado en su día, de 1.400 millones a pagar en 20 años, no ha variado. Es decir, tras esta inversión millonaria la ciudad cuenta con el mismo número de camas que antes de iniciada la obra.
Pero los recortes no sólo han afectado al número de camas, sino que también se han visto reducidos los quirófanos en un 31%, el servicio de urgencias en un 55%, las salas de radiología en un 45%, como denuncia la Asociación Gallega en Defensa de la Sanidad Pública. Incluso ha desaparecido el laboratorio central del hospital, en favor del Laboratorio Central de Galicia, asignado a una UTE formada por un pequeño laboratorio de Vigo y laboratorios Cerba Internacional, empresa presidida por Marcelo Weisz, de la familia propietaria de los laboratorios Unilabs, pertenecientes a CVC-Capio, imputada por el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. El NHV tampoco controlará la gestión de la alta tecnología, las telecomunicaciones, la cita previa, la esterilización ni la logística, servicios ya privatizados por la Xunta de Feijóo.
“Se han producido unos recortes brutales en el proyecto, en 70.000 metros cuadrados, cientos de camas, los módulos de docencia, de investigación, la calidad de los materiales, los alicatados, las paredes…”, se lamenta Martín. Hay escasez de lavabos, los boxes de urgencias para embarazadas no tienen baño y están separados del paritorio por una sala de espera, faltan enchufes para las neveras en el banco de sangre… De las doce salas para hacer ecografías sólo dos tiene espacio suficiente para meter una cama. Y todo esto unido a un traslado apresurado de pacientes al nuevo hospital, en pleno verano, y en un plazo de dos meses, cuando las obras no habían finalizado. Traslado que tuvo que ser paralizado por no poder garantizarse la seguridad de éstos, cuando una paciente falleció por aspergilus, sin que se pudiese determinar si lo había contraído en el centro o fuera de él. No hay que olvidar que la empresa concesionaria sólo empezaría a cobrar de la Xunta una vez que el hospital se pusiese en marcha.
Los distintos servicios del centro han llegado a denunciar en rueda de prensa estas deficiencias, y es público que desde su apertura se han llegado a cancelar operaciones. “Sé de una persona, en concreto, que iba a ser operada del corazón por laparoscopia y cuando llegaron al quirófano tuvieron que abrirla porque no había material necesario para hacer la laparoscopia. Y cosas de esas todos los días. Cantidad de operaciones que se retrasan, cuando tienes a la persona casi en quirófano, y la devuelven a planta o a casa porque no hay material suficiente”, relata Marga López.
Además, el hospital dispone únicamente de un parking privado, gestionado por la concesionaria, con unas de las tarifas más altas de Galicia. “La imposibilidad de poder aparcar en todo el entorno del centro refuerza esa idea de negocio”, se lamenta Miguel Estevez, portavoz del colectivo de celadores. En una estimación realizada por el personal, un enfermo de diálisis que tuviese que acudir al hospital tres veces a la semana, tendría que abonar 90 euros al mes. “Se ha convertido en un negocio, en un centro comercial más que en un hospital”, dice Cameselle.
Todas estas deficiencias llevan a preguntarse quién estaba encargado de la supervisión de la obra y de auditar que se cumpliese el proyecto. La supervisión era tarea del Sergas, que se la trasladó a Galaria (empresa pública de gestión privada de servicios sanitarios), y ésta lo externalizó a Efficiente Clinical Management, una empresa creada ex profeso por una dirigente del PP, Ana Sánchez, que ha desempeñado cargos de responsabilidad en las administraciones sanitarias del Partido Popular, y que se constituía en 2011 con un capital testimonial de 3.000 euros, explica Manuel Martín a Diagonal. Por realizar dicha tarea, la empresa cobraría de la concesionaria cuatro millones de euros y utilizaría el personal de ésta. Eso explicaría, para Martín, los enormes recortes que se han producido en el hospital para beneficio de la concesionaria, y por qué revientan las cañerías, no soportan el equipamiento las paredes, por qué el grosor de los tabiques es tan pequeño…”. Al presidente de FADSP le resulta sumamente chocante la privatización de una actividad que podría perfectamente haber realizado el Sergas con sus propios recursos técnicos.
La otra triunfadora
El otro gran beneficiado por la construcción de este nuevo hospital, al contrario de lo que cabía esperar, es Povisa, el hospital privado que atiende a 140.000 vigueses. El concierto con este hospital ha sido renovado por una década más, con un coste de 75 millones al año, y esto a pesar de las comprobadas deficiencias de su servicio. Povisa compatibiliza la atención de pacientes del Sergas con la atención a sus pacientes privados, utilizando para ello el mismo personal sanitario. Sus listas de espera para pacientes públicos son las mayores de la comunidad, superando los 157 días (casi 100 más que la media gallega), y tiene una tasa de cirugía 58% más alta que la media del Sergas. Dada la falta de transparencia en los datos, no se puede asegurar que el dinero público únicamente se emplee para financiar las operaciones a pacientes del Sergas, como han denunciado en numerosas ocasiones desde FADSP.
La encargada de la firma de esta prórroga con Povisa fue la entonces conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, paradójicamente directiva del grupo Nosa Terra, propietario de dicho hospital. “El proyecto del nuevo hospital tenía como objetivo unificar todos los recursos hospitalarios de Vigo, que estaban dispersos en tres centros públicos y un hospital privado. Las 400 plazas de POVISA debían incorporarse al nuevo hospital, y este centro privado quedaría como el resto de los centros privados, como apoyo y colaboración con el sistema público”, reitera Martín. En cambio, lo que se ha conseguido es que un paciente del Área Sur debe acudir a nueve centros sanitarios distintos para ser atendido por patologías comunes, explican desde la Federación.
Además, Povisa está ampliando sus dotaciones, para albergar a esos vigueses angustiados por las alarmantes deficiencias del nuevo hospital, a los que se les está ofreciendo los servicios del seguro privado de este centro. “Como el hospital nuevo está funcionando de una manera tremendamente mal y la opinión pública de Vigo considera que es peligroso ir allí, Povisa está ofertando el cambio al privado”, explica Martín. Y Marga López coincide en este diagnóstico: “Quieren que la gente se canse de estar en el nuevo hospital y se vaya a Povisa. Es un negocio redondo”.
Una ciudad en pie de guerra
La paciencia de muchos de los habitantes de Vigo parece haber llegado a su fin. La manifestación del pasado 3 de septiembre habla por sí sola. “Los ciudadanos, cuando llegaron al nuevo hospital, se dieron cuenta de lo que había. Que para pedir cita tenían que hacer colas de dos horas, que después el parking les cobraba precios abusivos, que la gente no comía bien. Y se rebelaron contra todo eso”, explica Cameselle, presidente de la junta de personal del hospital responsable de esta convocatoria.
El objetivo de las movilizaciones no es sólo arreglar los pequeños problemas. “Queremos que el hospital vuelva a ser de carácter público. Porque entendemos que mientras esté gestionado por una concesionaria los problemas del hospital no se van a solucionar”, puntualiza Cameselle. “El hospital tiene que ser rescatado por el sistema público. El incumplimiento de la normativa española y europea da pie a que se pueda hacer sin pagar lucro cesante ni ninguna indemnización. Pedimos que se cree una comisión integrada por técnicos del Sergas, por personal del centro sanitario, por la junta de personal y representantes de la ciudadanía que haga una evaluación de los problemas estructurales que tiene el hospital y plantee una rápida reparación de los mismos, con el dinero que debíamos de pagar a la concesionaria. Pero no nos fiamos del Sergas, y consideramos que tiene que ser una comisión plural la que haga este trabajo de evaluación y de propuesta de cambios”, exige Martín.
[box title=»Celadores, un colectivo en lucha» box_color=»#ccc» title_color=»#ffffff» radius=»0″]
Cuando los celadores llegaron al nuevo hospital se encontraron con que otra empresa «asumía parte de las funciones que desarrollábamos», explica Miguel Estévez, portavoz de este colectivo. En concreto, todas aquellas relacionadas con el transporte interno auxiliar (transporte de analíticas, hemoderivados, documentación sanitaria, la historia clínica del paciente, aparatos, material quirúrgico, etc), que hasta entonces desarrollaban los celadores, especialmente aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables: adaptaciones de puestos por motivos de salud y gente que había obtenido su plaza en propiedad por discapacidad. «Además, esta medida suponía un recorte en las contrataciones dentro de las más de mil personas que integran las listas de contrataciones en el área sanitaria de Vigo”, señala Estévez. “Este personal, que denominaban TIGA, estaba contratado a través de una ETT con contratos muy precarios y con un desconocimiento total del medio sanitario”, añade.
Protestas Así, llevaron a cabo un encierro y una huelga, recogieron 22.000 firmas de apoyo de usuarios del Álvaro Cunqueiro, y recibimos el apoyo de los celadores de toda Galicia . “Gracias a la unidad de todo un colectivo, que formamos más de 400 personas en todo el área sanitaria de Vigo, conseguimos llegar a un acuerdo con el nuevo conselleiro de Sanidade para que desapareciesen los TIGA”, recuerda Estévez, quien apunta ahora a la necesidad de más personal para un centro de las dimensiones del Álvaro Cunqueiro: “Con el personal que tenemos no somos capaces de llevar a cabo toda esta carga asistencial”.
El hospital es un edificio de grandes dimensiones. “Los recorridos son eternos. Un traslado convencional entre el servicio de urgencias y radiodiagnóstico, que un porcentaje muy grande de pacientes tiene que hacer, supone una distancia media de 300 metros ida y 300 de vuelta”, explica Estévez. Marga López coincide: “El hospital es una mole. El servicio de celadores se necesita mucho más, y en limpieza igual, porque tienen espacios enormes que no se utilizan. Donde realmente tenían que ser grandes para que la gente estuviese cómoda (cuartos, consultas, etc) ahí los redujeron. Eso no está hecho para ser un hospital, está hecho para un centro comercial, o una terminal de aeropuerto”. [/box]
