Sara López Martín, letrada perteneciente al Grupo de Análisis Jurídico de ‘No Somos Delito’, volverá a transmitir en Sede Parlamentaria las demandas por parte de la Sociedad Civil para una nueva regulación que garantice la expresión de los derechos fundamentales «en vez de denigrarlos»
// ‘No Somos Delito’
La plataforma ‘No Somos Delito’, que ha sido invitada para comparecer ante la Comisión de Interior por parte del Grupo Mixto, pedirá en su comparecencia de este lunes que se sustituyan las Leyes Mordaza “por normativas que protejan y no perjudiquen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y las personas migrantes”.
A las 14.00 horas, Sara López Martín, letrada perteneciente al Grupo de Análisis Jurídico de ‘No Somos Delito’, ha sido convocada a comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso español en relación con las iniciativas parlamentarias para la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
López Martín volverá a transmitir en Sede Parlamentaria las demandas por parte de la Sociedad Civil para una nueva regulación que garantice la expresión de los derechos fundamentales “en vez de denigrarlos”.
Ya sea a través de la derogación definitiva de esta Ley o su conversión en una Ley que realmente proteja la Seguridad Ciudadana entendida como la consecución de un espacio público que permita el libre ejercicio de nuestros derechos, desde ‘No Somos Delito’ reclaman que la reforma de la ley mordaza “no se quede en un maquillaje: que no se limite a los aspectos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional ni a los que marca el Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, pues supondría mantener en vigor artículos muy lesivos para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Esta reforma es una oportunidad histórica para avanzar en derechos y libertades democráticas”.
“Entendemos la Ley de Seguridad Ciudadana como parte de un paquete de leyes, y por ello hablamos de ‘Leyes Mordaza’. La reforma debe ser integral y no limitarse a la Ley de Seguridad Ciudadana, urge abordar la reforma del Código Penal. Urge derogar los delitos que permiten que raperos y twitteros estén siendo condenados a prisión por enaltecimiento del terrorismo, delitos de injurias a la Corona y/o de ofensa a los sentimientos religiosos”, explican desde la Plataforma.
Exigen, asimismo, que se habiliten mecanismos que faciliten la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de reforma de la ley. “Hay organizaciones sociales, de juristas y jueces que llevan tiempo estudiando esta ley y proponiendo cambios fundamentales en pro de nuestros derechos y libertades. Esta participación no debe quedarse en comparecencias formales, sino a la participación en un debate abierto con grupos parlamentarios y ponentes”, aseguran. En definitiva, demandan que en el proceso de reforma se tomen en consideración diez puntos que son fundamentales para la protección de los derechos y libertades.
Por un lado Seguridad Jurídica, es decir, “criterios claros y predeterminados que permitan a la ciudadanía ser capaz de conocer de antemano y de forma certera cuales son las posibles injerencias del estado que le puedan afectar”.
Por otro, efectiva presunción de inocencia y carga de la prueba: eliminación del principio de veracidad de los agentes que pone la palabra de las fuerzas de seguridad del estado por encima de la ciudadanía, “dejando a ésta en una situación de indefensión y sin derecho de defensa”.
Principio de igualdad y no discriminación: prohibición de las devoluciones en caliente garantizando el acceso de estas personas al proceso de asilo y la “eliminación de las redadas racistas”.
Reclaman también la protección de datos de carácter personal y la desaparición del registro de infractores, “mediante la derogación del mismo”. En su opinión, “el registro central de infractores puede ser usado como medida para establecer un listado de personas disidentes”.
Piden de igual forma especial protección de la diversidad y de las personas más vulnerables. Prohibición de la criminalización de la pobreza mediante erradicación de infracción por venta ambulante, erradicación de infracción por servicios sexuales, deslucimiento espacio público, etcétera.
Defensa de Derechos Fundamentales
En cuanto al derecho de manifestación exigen la derogación de infracciones por convocar manifestación no comunicadas mediante la regulación del derecho de manifestación espontánea.
Reclaman también la derogación de las faltas de respeto a los y las agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). O lo que es lo mismo: libertad de expresión y de pensamiento. Así como el derecho a la información veraz y el derecho de documentación e información de abusos policiales mediante la derogación de la infracción por uso de imágenes de FCSE.
El derecho de tránsito, a través de la erradicación de las redadas por perfil étnico; y el derecho a la intimidad y seguridad en los cacheos y registros, mediante la prohibición expresa de los cacheos con desnudo parcial o integral en la vía pública y medidas garantistas para población LGTBI, son otros dos derechos que desde la Plataforma demandan.
Finalmente, desde ‘No Somos Delito’, y otras organizaciones de la sociedad civil, advierten que permanecerán “vigilantes” para denunciar “todas aquellas medidas que no respeten los Derechos Humanos ni fomenten el ejercicio de los derechos fundamentales, que puedan darse durante este proceso que se inicia ahora para la modificación de las Leyes Mordaza y analizaremos los textos propuestos para evitar que se sigan atacando las libertades y derechos de la ciudadanía”.
