Hoy España es un poco peor que ayer. La Fiscalía persiste en su error y contribuye a que el desgarro emocional de una parte importante de la sociedad catalana respecto al resto del Estado vaya a más
Manifestantes independentistas piden la libertad de los presos // Roberto Bonet Negrete
Hoy España es un poco peor que ayer. Fiscales sin escaño pero con más poder que la inmensa mayoría de cargos electos participan en la construcción de un relato para así acusar de golpistas a unos gobernantes que han desobedecido pero que no han encabezado ningún alzamiento violento. La Fiscalía, lejos de enmendar el error persiste en él, pese a que desde un expresidente del propio Tribunal Supremo a reconocidos catedráticos no independentistas le hayan contradicho desde un principio con argumentos y Código Penal en mano.
El desgarro emocional respecto al resto de España que produjo en muchos catalanes la sentencia que laminó un Estatut que habían votado propició que cientos de miles de votos fuesen a parar al independentismo. Ahora no sabemos qué pasará, si las peticiones que se han presentado se acabarán confirmando tras el juicio. Lo que sí es fácil de preveer es que una condena del anterior Govern y de activistas como Jordi Cuixart, del ahora diputado Jordi Sanchez, y del exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, rasgará aún más las débiles costuras de la sociedad catalana. Y una parte de ella seguirá alejándose de la España que ni busca ni quiere una solución para Catalunya. No es toda, cierto, pero es aquella que encarnan algunas togas y discursos irresponsables y peligrosos como el de Pablo Casado.
Oriol Junqueras y Quim Forn cumplen este viernes un año en la cárcel. Un año de prisión preventiva injusta, como lo es también la del resto de dirigentes independentistas. Claro que cometieron errores, que no contaron toda la verdad y se dejaron llevar por el tacticismo y el miedo a ser acusados de cobardes por aquellos que creyeron que el Estado se quedaría de brazos cruzados ante el riesgo de una amputación.
Pero el precio a pagar no puede responder a un abuso de las reglas por parte de una judicatura que ha decidido convertirse en garante de la unidad de España por encima de esas normas que está obligada a respetar y a hacer respetar.
Nada será normal en Catalunya mientras haya políticos en la cárcel y otros que puedan pasearse por toda Europa menos por España porque se les acusa de un delito que no cometieron. No son golpistas y así lo entiende la mayoría de los catalanes. Siete de cada diez no ven justificadas las acusaciones de rebelión y sedición. Un porcentaje que ya antes del verano había crecido 10 puntos respecto al diciembre pasado.
La «desafección» de la que alertó acertadamente el president José Montilla hace ya once años no ha hecho más que aumentar y decisiones como las de la Fiscalía contribuyen a que ese desapego sea un divorcio sin marcha atrás para muchos catalanes. La independencia ni está ni se la espera (como mínimo a corto plazo). La república es un espejismo que mantiene viva la esperanza de muchos catalanes que exigen lo que ni este Govern ni ningún otro puede darles, al menos hasta que algún día se negocie de verdad un encaje para Catalunya con alternativas que no tienen que empezar y acabar solo en la autodeterminación. Pero eso no significa que vayan a dejar de ser independentistas. Ni que vayan a ser menos de casi esa mitad de la sociedad catalana que son ahora.
Muchos de los presos aseguran que tienen asumido que pueden pasarse unos cuantos años en la cárcel. Puede ser una manera de blindarse emocionalmente. Repiten también a quien quiera escucharles que nunca pedirán un indulto por un delito que no cometieron. Para ellos y sus votantes, rendirse no es una opción.
