¿En qué momento asumimos que todo valía para separar, aislar y expulsar a las personas que llegan a nuestras fronteras?
La versión “turística” de los CIE no es nueva. En 2009, el director de uno de ellos dijo que solicitar internamiento era “como hacer una reserva hotelera”.
Una semana después de que comenzaran las deportaciones en la que fuera cárcel de Archidona, ahora utilizada como centro de internamiento de extranjeros y con más de 400 personas deportadas. Una semana después de que al menos dos jóvenes (menores) que se encontraban en el CIE hayan sido deportados. Una semana después cuándo hay otro joven desaparecido sin que sepamos dónde se encuentra. Una semana en la que todo se ha precipitado y ha cogido un ritmo vertiginoso. Sin embargo esta precipitación de hechos comenzó hace apenas un mes cuando asistíamos ojipláticas a una práctica sin precedentes: el internamiento de personas migrantes, recién llegadas a las costas de Cartagena, en un Centro Penitenciario.
Tras la llegada en varias pateras a Cartagena de más de 519 personas, presenciamos lo que suponía una involución en el tratamiento de las personas que llegan a nuestro país y una degradación del maltrecho sistema de acogida y salvamento en el Estado. Un internamiento que como ya se cansaron y nos cansamos de recordar, contravenía (y contraviene) lo dispuesto en la Ley de Extranjería, el reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (en adelante CIE) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece claramente que los CIE no pueden tener carácter penitenciario.
Se han utilizado todo tipo de instalaciones para el internamiento temporal de personas migrantes; naves, comisarías, e incluso como algunas bien saben, cocederos de marisco
Ni siquiera durante la llamada “crisis de los cayucos” en la primera mitad de los años 2000, se utilizó esta fórmula. Se han utilizado todo tipo de instalaciones para el internamiento temporal de personas migrantes; naves, comisarías, e incluso como algunas bien saben, cocederos de marisco. Increíble, pero cierto.
Ciertamente, nunca han importado demasiado las personas que llegan. Preocupan más las que se van. «Nuestros expatriados» (no migrantes, expatriados). Porque los que vienen son pobres y da igual dónde les metamos porque «estarán mejor que en su casa». Porque además muchos de ellos no tienen derecho a estar aquí, porque no son refugiados ni están huyendo de una guerra, porque no nos dan pena. Porque parece que los derechos dependen de que nos den pena o no, de que los sintamos similares a nosotras, susceptibles de “disfrutar” los mismos derechos, convirtiendo lo que serían derechos en caridad y en algo discrecional.
La vía que estos días se ha abierto es la de la criminalización salvaje de las personas migrantes (más si cabe) con la máxima expresión que tiene esta sociedad de hacerlo: la cárcel. Y no es relevante que esté o no esté inaugurada porque el simple hecho de anunciarlo ya supone una piedra más en el imaginario colectivo que criminaliza a las personas migrantes.
Aunque los principios básicos del derecho penal promulguen la reinserción de los victimarios como eje moral, lo cierto es que la lucha contra las prisiones no ha conseguido calar en una sociedad cada vez más abocada a la beligerancia, donde está cada vez más legitimado el castigo puro y duro. Por ello, en la medida en la que consideramos a las personas migrantes irregulares, ilegales, etc, configuramos un sujeto delictivo y criminalizado para el que sólo hay una solución; el encierro y la expulsión.
Asistimos a una reactivación de las rutas marítimas sin precedentes fruto, entre otras, de la externalización de fronteras con países como Marruecos, Mauritania, Níger, Senegal o Libia
En cárcel o en CIE, qué más da. Porque si el encierro de más de 500 personas en un centro penitenciario no nos sorprende ni nos indigna como sociedad, es porque de alguna manera habíamos asumido ya que los CIE eran cárceles. Y como sociedad se había asumido algo más. Que si están allí, es porque se lo merecen. Por ello no nos parecía una aberración jurídica ni moral.
Acuerdos de cooperación
Esta no es la única vía que se abre. La negociación de un acuerdo con Argelia, no abre precisamente una línea, sino amplia la vía abierta de los acuerdos de cooperación con otros países como el ya histórico Marruecos. Abre la posibilidad de aumentar el espacio de connivencia e impunidad en las deportaciones hacia este país de manera tal que las autoridades argelinas acepten a cualquier persona que haya salido de su territorio. Huelga decir cuál será la contrapartida de este acuerdo; más dinero, más acuerdos comerciales y/o de cooperación (que a veces son lo mismo) y más negocio de fronteras.
No se trata de una cuestión baladí. Asistimos a una reactivación de las rutas marítimas sin precedentes fruto, entre otras, de la externalización de fronteras con países como Marruecos o Mauritania, Níger, Senegal o Libia y la violencia que se vive en algunos de estos países con respecto a las personas negras.
El Ministro quiere un «CIE 5 estrellas», que nos lleve mentalmente a otro tipo de establecimientos, que socialmente pueda aceptarse ahora que hay amplio rechazo a los centros de internamiento
Con nuestras políticas abocamos a las personas a rutas cada vez más inseguras. Ya ocurrió cuándo se cerró la ruta terrestre por Ceuta y Melilla y dejamos de ver imágenes y noticias de saltos a la valla. Esa ruta quedó reducida a la mínima expresión después de normalizar las devoluciones ilegales –denominadas comúnmente ‘en caliente’– y de utilizar métodos cada vez más violentos con las personas que tratan de llegar por esta vía.
La ruta, o dicho de otra manera menos deshumanizadora, el viaje de miles de personas, se desplazó hacia Libia dónde se encontraron con una violencia desmedida. Con la más pura crueldad que asesina sin escrúpulos y con ningún tipo de valoración a la vida de las personas negras hasta el punto de llegar a venderlas y comprarlas en lo que se está convirtiendo en el mercado esclavista más importante del mundo o asesinarlos sin miramientos cuándo podían suponer un problema. La respuesta que le damos al llegar aquí es el absoluto desamparo y declaraciones racistas y criminalizadoras como la del Delegado de Gobierno de Murcia o las del propio Ministro de Interior.
El Ministro quiere un «CIE 5 estrellas», un CIE que nos lleve mentalmente a otro tipo de establecimientos, que socialmente pueda aceptarse ahora que ya hay un amplio rechazo a los centros de internamiento. Un CIE probablemente más privatizado, ya no sólo en la gestión social y sanitaria, sino también en la gestión securitaria del mismo. Ya lo apuntaban Ciudadanos hace meses a través de una Proposición No De Ley en el Congreso. Quizás se adelantaron a las palabras de Zoido. O quizás simplemente estaban anticipándose a lo que la política europea marcaba y que tarde o temprano el Ministerio de Interior comenzaría a recoger.
Pero lo que no cuenta el Ministro es que la maldad de los CIE no se encuentra en sus infraestructuras o en el tipo de personal que los gestione o en si hay o no pistas de baloncesto, sino en la banalización del mal –si me permiten la expresión de Hannah Arendt– que supone la existencia de centros dónde se encierra a personas migrantes y migradas por el hecho mismo de migrar, o de encontrarse en situación administrativa irregular.
La propia existencia de los centros de internamiento supone una vulneración de derechos, tal y como estableció el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las sentencias Tabesh c. Grecia y AA c. Grecia en las que se reconoce que determinadas condiciones de internamiento vulneran el art.3 del CEDH (prohibición de la tortura o los malos tratos o tratos inhumanos o degradantes), y como cada año cercioran informes de organizaciones, organismos internacionales, el Defensor del Pueblo o las sentencias recurrentes de los Juzgados de Control.
Lo que el Ministro pretende es que el CIE que estas semanas anunciaba sea un modelo a exportar como ya lo fueron para el resto de Europa las cuchillas, las devoluciones en caliente o el uso de material antidisturbios, justo después de ensayar el internamiento en un centro penitenciario, haciendo así de la excepción la norma.
Ningún CIE puede garantizar los derechos humanos, sea del tipo que sea. Todo ello cuándo el establecimiento de vías legales y seguras para aquellas personas que deseen migrar independientemente de su estatus migratorio, es inexistente y negado por el Gobierno y una gran parte de las fuerzas políticas.
En definitiva, lo que está vulnerando derechos es la propia política migratoria, la forma de entender la movilidad en un mundo globalizado, creando categorías de personas en tanto sujetos o no de derechos, creando una división entre quiénes pueden tener y reclamar sus derechos y quiénes no, dejando (más) vacía de contenido la expresión ‘derecho a tener derechos’.
