- El sindicalista de UGT Gonzalo Martín Pascual alega que sus gastos son datos reservados y que Caja Madrid infringió la ley al informar a Bankia
- El exdirector de Economía de Madrid Pablo Abejas pide anular la auditoría de Bankia que dio origen al caso porque Caja Madrid es una entidad distinta
- El socialista Arteta pide que declare el inspector jefe de la Agencia Tributaria porque cree que no está claro que Hacienda desconociera los plásticos
Algunos de los imputados por haber disfrutado de una tarjeta ‘black’ creen haber encontrado un argumento de peso para que el caso no llegue a juicio. Aunque con distintos desarrollos, el planteamiento común es que Caja Madrid y Bankia no son lo mismo, ni siquiera herederas la una de la otra. El sindicalista Gonzalo Martín Pascual, por ejemplo, pide que se anule la causa porque Bankia no estaba legitimada para informar al FROB de los gastos que realizó con la tarjeta mientras fue consejero de Caja Madrid y que, a su entender, están protegidos por la Ley de Protección de Datos.
El juez Fernando Andreu ha practicado las principales diligencias y la Fiscalía Anticorrupción hace tiempo que no le propone ninguna, pero los 78 imputados siguen inundando el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional con sus recursos. Martín Pascual, que ocupaba una silla en el Consejo de Administración de Caja Madrid en representación de UGT, pide ahora “investigar cómo y por qué los extractos de gastos (…) han podido llegar a una entidad bien distinta como es Bankia, e investigarse el uso que está hecho de dichos extractos”.
A continuación, la defensa de Martín Pascual –que gastó 179.000 euros con su tarjeta black– pide diversas pruebas documentales, entre ellas el documento de la Fundación Montemadrid (heredera de Caja Madrid) que acredite “si cuando efectuó esas transferencias de datos a Bankia se contó con el consentimiento al que hace referencia los artículos 6 y 27 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal”. El sindicalista considera que los gastos realizados con su tarjeta –en su caso principalmente caros restaurantes en los que comía varios días de la semana– tienen carácter reservado.
Bankia descubrió la existencia de las tarjetas ‘black’ gracias a la información publicada en diciembre de 2013 por eldiario.es sobre los correos de Blesa, según ha reconocido su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri. A partir de ahí, encargó una auditoría interna que dio con el presunto fraude y dio traslado al FROB. A su vez, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, organismo dependiente del Gobierno, informó a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos ante el juez del caso Bankia.
Martín Pascual quiere que Bankia informe de qué persona o departamento de Caja Madrid le ofreció los datos para hacer la auditoría, así como quién en el FROB recibió la información que la entidad le facilitó. De acceder el juez, se adivina que todo ello dará pie a nuevas solicitudes, entre ellas testificales, que dilatarán aún más el proceso.
El exdirector de Economía de la Comunidad de Madrid Pablo Abejas va más allá y pide directamente sacar de la causa el informe de los peritos que sostiene la misma. Alega Abejas –246.315 euros gastados con la tarjeta– que ese informe se basa “íntegramente” en el informe de auditoría de Bankia y que ésta no debería haber tenido acceso a los datos de los gastos.
Su argumentación es que Bankia recibió de Caja Madrid “lo necesario para el desarrollo del negocio bancario y parabancario”, pero los órganos de gobierno de una institución, cuyos miembros gastaron con las tarjetas, no entran en esos parámetros. “Luego el alojamiento de los datos de las tarjetas en los sitemas informáticos de Bankia es ilegítimo, porque no eran suyos ni los necesitaba para nada”, asegura.
¿Podría aportarlos los gastos de la tarjeta la Fundación de Caja Madrid? Según Abejas, tampoco. Es su propietario legítimo, pero “no los ha custodiado” y no puede asegurar que no haya habido cambios, «máxime habiendo estado sometidos los datos nada menos a que a la integración de siete sistemas informáticos diferentes». “La causa tiene un vicio grave en su origen sustentándose en pruebas ilegítimamente obtenidas”, concluye el político.
Para sostener esa argumentación, Abejas –destituido a raíz del escándalo y recolocado por Ignacio González en una empresa pública– plasma su versión del proceso de reestructuración de Caja Madrid. “Este proceso complejo no se ha conocido o interpretado de forma adecuada, mezclando sociedades y competencias en un totum revolutum, que ha llevado a una conclusión errónea por parte de los medios de comunicación» y que, según él, ha terminado por contaminar a los «órganos juidiciales».
«Caja Madrid y Bankia no tienen nada en común. Las tarjetas de Caja Madrid nunca estuvieron en Bankia. Fueron aprobadas y canceladas antes de que Bankia existiera. Las tarjetas de Bankia, cinco, no tienen nada que ver con las tarjetas de Caja Madrid, se emitieron después de desaparecer éstas y dentro de otra sociedad, con otras normas y legalidad”, concluye el escrito de Abejas.
El juez Fernando Andreu acusa a los beneficiarios de las tarjetas de un delito de apropiación indebida y/o administración desleal, dependiendo de si pertenecieron o no al Consejo de Administración de Bankia y Caja Madrid. El magistrado asegura que los plásticos estaban “fuera del circuito bancario”. “Las tarjetas no pertenecieron en ningún momento a Bankia y nada tenía que decir ésta al respecto de otra entidad totalmente diferente”, abunda la defensa de Abejas. De ahí, que Bankia informara de que éstas estaban fuera del circuito bancario.
«Las tarjetas de Caja Madrid nunca pasaron a Bankia, murieron en Caja Madrid (…) Luego Bankia no es la hererdera de las tarjetas, lo es la Fundación” y “resulta totalmente errónea la unión del caso de las tarjetas al caso de la salida a bolsa de Bankia”, añade Abejas, quien fuera presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. De cumplirse la dinámica de la causa, otros consejeros se adherirán a estos escritos en las próximas semanas.
Expulsar a Bankia y el FROB
Abejas pide sacar al FROB de la acusación de las tarjetas porque actúa “mucho después de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito”. Lo mismo solicita para Bankia, de la que dice no es perjudicado. También pide que se expulse a la acusación popular porque ni un solo euro de los 23.500 inyectado a Bankia está vinculado con los gastos de las tarjetas ‘black’, según su razonamiento. Omite que la acusación popular en el caso de las tarjetas era ejercida por UPyD, que se ha visto obligada a salir del proceso por no poder sufragar los gastos que le acarreaba.
A similares argumentos a los que utiliza en su escrito Gonzalo Martín Pascual recurre José María Arteta, consejero a propuesta del PSOE –137.617 euros gastados con la ‘black’–. Arteta pone en cuestión que la Agencia Tributaria desconociera la existencia de las tarjetas y pide que el inspector jefe de la Agencia Tributaria, Fernando Hornillos Uzquiza, comparezca ante el juez para aclarar este extremo.
Recientemente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rectificó a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Andreu por retirar la imputación a 12 beneficiarios de las tarjetas ‘black’ y dejarlos como presuntos beneficiarios a título lucrativo. La Sala de lo Penal considera prematuro retirar la imputación en base a los indicios obrantes en la causa, esto es, que el uso por parte de los directivos de las tarjetas a las que se contrae la presente investigacion formara parte de su retribución fija, que carecían de soporte o justificación contractual, que no se practicaba la retención oportuna y que las cantidades obtenidas por este medio no eran declaradas por los perceptores.
