Organizaciones como ATTAC o partidos como Podemos o Izquierda Unida llevan años reclamando los dos impuestos que propone ahora el PSOE.
Pedro Sánchez en los desayunos de Forum Europa // PSOE
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sorprendido a los asistentes y medios presentes en un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía al proponer dos nuevos impuestos que servirían para cubrir las necesidades del sistema público de pensiones.
Un impuesto a las transacciones financieras y otro especial para el sistema bancario serían las dos iniciativas propuestas por Sánchez. Estos impuestos han sonado como revolucionarias e innovadoras, pero lo cierto es que este tipo de gravámenes ya se han aplicado en otros países y han sido promovidas y planteadas por organizaciones sociales y partidos políticos en el Estado español.
La tasa o impuesto a las transacciones financieras (ITF), también conocida como la Tasa Tobin en honor al economista y premio Nobel estadounidense que la propuso por primera vez en el 1971, James Tobin, lleva años entre las peticiones de organizaciones sociales que proponen este impuesto como una herramienta no solo para recaudar, como lo ha propuesto el PSOE, sino para disuadir los movimientos especulativos de los mercados financieros.
Europa lo ha aprobado pero no lo aplica
En marzo de 2011 el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que urgía a la Comisión Europea a implantar un ITF basado en la tasa Tobin. La resolución argumentaba, de una manera muy similar a la de Sánchez, que “la conveniencia de que el sector financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que genera la lucha contra la crisis y la escasa tributación de ese sector”.
Un amplio grupo de países europeos aprobaron adoptar un ITF. Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal firmaron el acuerdo, pero todavía no se ha aplicado. Dos de los Estados europeos acusados de albergar o ser paraísos fiscales, Reino Unido y Luxemburgo, se opusieron a este tipo de impuestos.
Según los cálculos hechos por las instituciones europeas en 2012, un impuesto del 0,1% para las acciones y un 0,01% para los derivados, podría recaudar 35.000 millones de euros anuales para las arcas de estos diez Estados miembros.
Francia –en agosto de 2012– e Italia –en marzo de 2013– instauraron una tasa a las transacciones. Francia arrancó cobrando un 0,2% de la cantidad en 2013 pero, desde enero de 2017, aumentó la tasa al 0,3% y grava también las transacciones intradía –compras y ventas de acciones especulativas en el mismo día–. En su primer año de aplicación, el 2013, esta tasa francesa recaudó 900 millones de euros. El Gobierno francés destina el 75% de lo que recauda con este impuesto para ayudas a cooperación.
Según Bruselas, España podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año con esta tasa
En octubre de 2016, tras cuatro años en la que el Partido Popular ha ignorado e incluso torpedeado en las reuniones del Ecofin la posibilidad de aplicar la tasa acordada, todos los países que firmaron el primer acuerdo, menos Estonia, volvieron a dar un impulso a la aplicación de la ITF, pero el Gobierno español sigue sin mover ficha y no han sido incluidos en los Presupuestos Generales del Estado planteados para el 2018. En esta fecha, Bruselas aumentó las previsiones de recaudación de este impuesto a entre 50.000 y 60.000 millones de euros para el conjunto de los Estados que la apliquen, de los cuales más de 5.000 se recaudarían por la Hacienda española.
ATTAC y Podemos ya lo habían propuesto
Las propuestas de Pedro Sánchez tampoco son nuevas en el Estado. La organización social ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) lleva 18 años en el Estado español, y más de 20 en Francia, exigiendo la imposición de este tipo de impuesto para mitigar los efectos de la especulación de los mercados y recaudar impuestos del sector financiero. La organización, en la que participan economistas como Alberto Garzón, Carlos Sánchez Mato o la politóloga Susan George, ha instado al Gobierno actual y al del PSOE, sin éxito, a que apliquen este gravamen.
La otra proposición de Sánchez, el impuesto específico a las entidades financieras, es exactamente lo que rezaba la medida 52 del programa de Podemos a las elecciones generales del 26 de junio. El Impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, como lo han llamado en la agrupación morada, se planteaba con “el fin de recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas”, y se aplicaría sobre los beneficios y durante una legislatura. Además, en noviembre de 2017, el grupo confederal de Unidos Podemos, En Marea y En Comú Podem presentó una Proposición no de Ley que planteaba estos dos impuestos ahora propuestos por Sánchez.
El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha declarado que el impuesto que ellos plantean sería de un 10% sobre los beneficios de la banca para establecer el Estado de bienestar, en concreto el de las pensiones, coincidiendo con el PSOE, y ha anunciado en redes que “mañana mismo se puede presentar conjuntamente en el Congreso si el PSOE está dispuesto”.
