- Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, explica los detalles de la campaña del Ministerio y empresas para convencer a los eurodiputados
- Denuncia que se basaba en un «engaño»: «Las editoriales y productoras han estado defendiendo que los artistas tienen que cobrar mejor cuando son parte de la industria que se enriquece a costa de su trabajo»
- El ministro de Cultura se sumó a la misión con un viaje a Bruselas
La eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, en el Parlamento Europeo // UE
«En julio, los lobbies del copyright pensaban que la directiva iba a aprobarse sin más. Cuando se organizaron las campañas por Internet y la gente empezó a conocer el texto y protestar, las editoriales y productoras no estaban preparadas para hacerle frente. Entonces no lo vieron venir, pero ahora ha sido diferente». Así explica Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, la campaña de presión en el Parlamento Europeo en favor de la propuesta directiva sobre derechos de autor que salió adelante este miércoles, incluyendo sus filtros de contenido y un canon AEDE a nivel comunitario.
Las campañas de lobby para influir en la legislación comunitaria son una práctica más que habitual en Bruselas. No obstante, Sánchez denuncia que en esta ocasión «las editoriales y productoras han querido desinformar» a los eurodiputados, una estrategia que repitió el ministro de Cultura en una reunión mantenida con ellos a principios de septiembre. «Todo lo que ha pasado alrededor de la directiva del copyright me ha recordado a lo que vi recién llegada aquí con el TTIP. El mismo secretismo, la misma posverdad», explica.
Contactado por eldiario.es, el Ministerio de Cultura ha rechazado comentar las declaraciones de la eurodiputada de Podemos.
«Los lobbies han divulgado que la movilización contra la directiva se promovía desde Google y han querido vender la moto de que hablaban en nombre de los autores», asegura Sánchez. «Las editoriales y productoras han estado defendiendo que los artistas tienen que cobrar mejor cuando son una parte de la industria que se enriquece a costa de su trabajo. Ese ha sido el engaño de septiembre, el lobby del copyright hablando en nombre de los creadores», critica Sánchez.
La eurodiputada morada señala que el propio texto de la directiva tenía trampa: «Hay una confusión en el lenguaje porque se mezcla constantemente el concepto de ‘autor’ con el de ‘propietario de derechos’. El propietario de los derechos algunas veces es el propio autor, pero en la mayoría de los casos no, son las editoriales, las productoras musicales, los editores de medios. Es a este tipo de compañías a las que se está dando poder de negociación frente a las plataformas digitales».
«Sin embargo, no se ha mejorado el nivel de negociación de los autores frente a las editoriales, de los músicos frente a las productoras, de los periodistas frente a los periódicos. Los creadores están en la misma situación que antes de ayer: de debilidad absoluta frente a la industria y los gigantes de Internet», lamenta.
Cultura (y la SGAE) entran en juego
El ministro de Cultura, José Guirao, viajó a Bruselas a principios de septiembre para reunirse con los eurodiputados y convencerlos de que votaran a favor de la directiva. No iba solo: le acompañaba su directora general de Industrias Culturales, Adriana Moscoso, empleada de la SGAE en excedencia.
Su objetivo era que no se repitiera el resultado de la votación de julio, cuando la Eurocámara bloqueó la directiva. El voto socialista era clave para evitar que las propuestas más controvertidas que impulsaba el PP Europeo, como los filtros de contenido y un canon AEDE comunitario, volviera a embarrancar.
«Cortar las alas» a Google
La eurodiputada de Podemos considera que «parte de la desinformación ha sido vender la directiva como una medida para cortar las alas a las grandes tecnológicas, cuando no lo hace en absoluto. Convertirlas en la policía de Internet, en los árbitros de los contenidos que podemos ver o no, no es cortarles las alas. Es darles más poder», acusa.
Sánchez cita al relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, que avisó en junio de que la norma que negociaba la UE puede «potenciar el monopolio» de los gigantes de Internet. El experto de la ONU apreció que la norma dificulta la capacidad de competencia de «las plataformas de menor tamaño y las organizaciones sin ánimo de lucro» puedan competir con ellos.
«Se han hecho cálculos sobre el coste de implantar los filtros de contenido y se habla de hasta 200 millones de euros. Si no querían que estas empresas fueran tan grandes y poderosas, con esta tesis las fortalecen aún más, porque las empresas nuevas, pequeñas o medianas no tienen la capacidad para poner uno filtro de esas características», ahonda la eurodiputada.
Sánchez también ironiza con las quejas que algunos eurodiputados europeos le expresaron al ministro Guirao en su reunión en Bruselas, a cuenta del gran número ciudadanos que se pusieron en contacto con ellos antes de la votación de julio para pedir su voto en contra de la directiva a través de una campaña masiva de peticiones online. «Para ellos eso era como una osadía que ciudadanos anónimos les contactaran. A nosotros cada vez que tenemos que aprobar cualquier cosa el correo se nos llena, porque los lobbies te machacan», desvela Sánchez.
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