Tras donar parte del sueldo de julio a los afectados por la «gran estafa» de iDental, el de ahora lo destinan a estas temporeras onubenses que al venir a trabajar «encontraron, en vez de un salario, abusos sexuales y laborales».
Una trabajadora de la campaña de la fresa en Huelva, en una imagen de archivo // EFE
Los diputados de Podemos Andalucía han donado un total de 6.000 euros del sobrante de sus salarios y las dietas que reciben al crowdfunding que han puesto en marcha las mujeres migrantes que trabajaban como temporeras y que han denunciado presuntos abusos sexuales y laborales en explotaciones agrícolas onubenses.
Así lo ha explicado este martes, en rueda de prensa, la secretaria de Movimientos Sociales de Podemos Andalucía, Zoe Arcanio, al hilo de una campaña de financiación puesta en marcha por estas mujeres con el objetivo de cubrir los costes del proceso judicial y de cubrir la manutención de las temporeras que permanecen en España a la espera de que se solvente su situación.
Arcanio ha explicado que los cargos públicos de Podemos reciben de sueldo como máximo lo correspondiente a tres salarios mínimo interprofesional, de modo que este sobrante se recaba del dinero de más que reciben respecto a esa cantidad y también de las dietas, que tienen que justificar al partido. El sobrante se destina a la Caja de Solidaridad, que Podemos Andalucía gestiona de manera autónoma.
Tras donar el sobrante de julio a los afectados por la «gran estafa» de iDental, el de ahora lo destinan a estas temporeras onubenses que al venir a trabajar «encontraron, en vez de un salario, abusos sexuales y laborales». Ha explicado que de la centena de mujeres afectadas, solo quedan 30 en España pues el resto «fueron expulsadas» y de ellas, solo diez se han atrevido a denunciar en una situación, para Podemos, «muy compleja» porque temen tener que volver a sus países antes de que se celebre el juicio.
En este marco, la portavoz de Movimientos Sociales de Podemos Andalucía ha criticado la «pasividad absoluta» que han demostrado las instituciones públicas ante este caso pues, a su juicio, «quienes deberían protegerlas y garantizar que el juicio se lleve a cabo no lo hace, y las dejan en una situación de desprotección».
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