El partido de Pablo Iglesias urge al PSOE a aprobar una prórroga para salvar las jubilaciones de empleados de Telefónica, Santander o Iberia que se vieron afectados por los recortes
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso // EFE
Una semana tiene el Gobierno provisional de Pedro Sánchez para defender los derechos adquiridos por miles de trabajadores que fueron víctimas de los numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por grandes empresas cotizadas. Porque el próximo 1 de enero de 2020 vence la prórroga que el líder del PSOE otorgó en el último Consejo de Ministros del pasado año para que estos empleados no perdiesen cerca del 30% de las pensiones tras el cambio normativo decidido primero por José Luis Rodríguez Zapatero y endurecido posteriormente por Mariano Rajoy.
La situación es tan desesperada que los diputados Yolanda Díaz Pérez y Antón Gómez-Reino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, le enviaron el pasado 17 de diciembre un escrito a Pedro Sánchez pidiéndole que apruebe por vía de urgencia una nueva modificación normativa de la Disposición Transitoria 4º de la Ley General de la Seguridad Social antes de que finalice 2019 con el fin de que los trabajadores afectados no pierdan casi un tercio de lo que se les prometió cuando se acogieron a los ERE.
Entre estos se encuentran cerca de 5.000 de los 6.500 empleados que salieron de Telefónica entre 2011 y 2013, los cuales tenían una cláusula de salvaguardia según la cual sus condiciones de bajas voluntarias no se cambiarían incluso si la administración modificase la normativa para percibir la pensión. El ERE de la operadora se aprobó el 14 de julio de 2011 y Rodríguez Zapatero cambió la regulación de las jubilaciones el 1 agosto de ese año (ley 27/2011), en pleno desplome de la economía. Posteriormente, en marzo de 2013, Rajoy aprobó un real decreto en el que se retrasó la edad de jubilación, con un endurecimiento de los requisitos de edad, los años de cotizaciones y las penalizaciones por prejubilación.
Aunque la ley del PSOE, en su disposición final duodécima, aseguraba que la nueva legislación no tendría efectos retroactivos gracias a una cláusula de salvaguarda, lo cierto es que la norma práctica sí los ha tenido. No solo para los trabajadores de Telefónica, sino también para los de Bankia, Iberia, Santander y Renault, entre otras grandes compañías.
Una situación que genera “indefensión”, según la propuesta de Unidas Podemos, ya que para los afectados, “con una edad cercana a la jubilación, es muy difícil que puedan incorporarse de nuevo al mercado laboral. Y, si lo consiguen, han de estar dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de forzosa a voluntaria con condiciones de acceso y factores reductores de la prestación bastante peores”.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras firmar el pre acuerdo de Gobierno. (EFE)
En el caso de Telefónica, las condiciones económicas del ‘Programa de desvinculación incentivada’ contemplaban, entre otros, el pago por parte de Telefónica de la renta de desvinculación (68% del sueldo base) y el Convenio Especial de la Seguridad Social hasta cumplir los 63 años. Esa era la edad a la que, según la legislación del momento, podían acceder a la jubilación anticipada, con la que los afectados contaban para la planificación de sus economías personales.
Pero tras la publicación del RDL 5/2013, las reglas del juego han cambiado, ya que solo los nacidos entre 1952 y 1955 y que tengan los años requeridos de cotización podrán jubilarse a los 63 años, puesto que se les aplica la legislación anterior. El resto, los que vinieron al mundo entre 1956 y 1960, tendrán que hacerlo con la norma más restrictiva aprobada en su día por Luis de Guindos. Solos los nacidos entre 1956 y 1957 pueden también acogerse, pero aceptando una pérdida de su pensión próxima al 30%.
El 13 de diciembre de 2018, los mismos diputados de Unidas Podemos presentaron una proposición no de ley para modificar el punto 5 de la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015 para retirar la eliminación temporal del 1 de enero de 2019 para el acceso a la jubilación anticipada y hacer extensivo dicho régimen transitorio a todas las pensiones de jubilación, cualquiera que fuera la fecha en la que causen baja. Aquella petición tuvo su eco y el Gobierno de Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros una prórroga cuya validez expira el próximo el 1 de enero de 2020.
