- Los alumnos que aprobaron tres asignaturas con actas falsificadas en el máster de Cifuentes son siempre los mismos y la gran mayoría de ellos tiene nexos directos con el PP o con la URJC
- Además de Cristina Cifuentes, en esas actas figuran el entonces teniente de alcalde de Madrid Pedro Calvo, el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, el entonces gerente de la Agencia EFE, una jefa de prensa contratada por el Ministerio del Interior y varias personas vinculadas al Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde
- Varios de estos alumnos guardan silencio. Otros aseguran que no terminaron el curso e incluso niegan tener el título: «Ni fui nunca al máster ni hice exámenes ni conozco a ningún profesor»
Una de las actas del máster de Cifuentes con el listado de alumnos aprobados con firmas falsificadas.
No todos los 21 inscritos en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos tuvieron los mismos deberes y obligaciones en la promoción 2011/2012 en la que estuvo inscrita la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Había dos tipos de alumnos en ese máster. Aquellos que acudían a clase regularmente, realizaban los trabajos y se presentaban a los exámenes y otros con un tratamiento distinto que recibieron aprobados generales en varias de las materias gracias a convalidaciones realizadas a través de actas falsas, con firmas falsificadas.
En ese segundo grupo de alumnos estaba Cifuentes, en aquel tiempo delegada del Gobierno en Madrid, junto a otros nombres insignes del pasado reciente del PP regional, cargos relacionados con el partido y varias personas vinculadas al Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde.
Además de la presidenta madrileña, el nombre más conocido entre los aprobados por convalidación en esas tres materias es el de Pedro Calvo, entonces teniente de alcalde de Madrid y número tres de Alberto Ruiz-Gallardón.
Pedro Calvo y Cristina Cifuentes se conocen desde hace más de tres décadas. La hoy presidenta de Madrid empezó su carrera política como asesora de Gallardón en la Asamblea de Madrid con AP –unos años en los que llegó a trabajar en la economía sumergida sin cotizar–. En 1991, Cifuentes logró el escaño, en la misma lista autonómica liderada por Gallardón donde también Pedro Calvo fue elegido diputado por primera vez. Antes de compartir máster, Cifuentes y Calvo convivieron en el grupo parlamentario durante tres legislaturas.
Pedro Calvo no ha querido hacer declaraciones a eldiario.es, que ha intentado ponerse en contacto con él desde hace varias semanas. Fuentes cercanas al exconcejal aseguran que ya no tiene responsabilidades políticas –dimitió tras las muertes del Madrid Arena– y que por eso prefiere no responder. Las mismas fuentes afirman que no llegó a terminar el curso y que tampoco fue a clase.
También figura en esa lista de diez nombres otra persona muy cercana a Cristina Cifuentes, Dionisio Ramos. Fue durante años la mano derecha de Gustavo Villapalos, el rector de la Universidad Complutense al que Gallardón después nombró consejero de Educación. Con Villapalos como consejero, se puso en marcha la URJC, donde Cristina Cifuentes formó parte del primer consejo de administración.
Dionisio Ramos también es amigo de Cifuentes desde hace décadas, desde que ambos participaron en el equipo que aupó a Villapalos primero como decano de Derecho de la Complutense, después como rector y más tarde como consejero de Educación. Cifuentes fue testigo de la boda de Ramos, en 1993. A pesar de esta cercanía entre ambos, Dionisio Ramos presidió en 2001 el tribunal de oposición donde Cifuentes aprobó su actual plaza como funcionaria.
Siempre en la sombra, jugó un papel relevante en el episodio del tamayazo, la traición de dos diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que dio la presidencia de la Comunidad a Esperanza Aguirre en 2003. Diez años más tarde, en 2013 Infolibre desveló un documento que revelaba la labor de intermediario entre el que fuera líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás, y el exsecretario general del PP Ricardo Romero de Tejada, muñidores de la operación para evitar la presidencia del candidato del PSOE, Rafael Simancas.
eldiario.es lleva semanas intentando ponerse en contacto con Dionisio Ramos para recabar su versión sobre este curso. No ha habido respuesta. En su perfil público de Linkedin sí figura este título universitario, aunque aprobado en 2013, un año después.
En las tres actas falsificadas, que permitieron a estos alumnos aprobar tres asignaturas del curso sin necesidad de asistir a clase o examinarse como los demás, también aparece el nombre de José Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente entre 2012 y 2014 de la Agencia EFE, una empresa pública donde fue nombrado tras la llegada al poder de Mariano Rajoy, y exdirectivo del periódico ABC. Él sostiene que no tiene constancia de esta convalidación.“Yo no pedí ninguna convalidación y solo se realizan cuando se solicitan [por el alumno]”, asegura.
Sanz defiende que pagó la matrícula, que fue a clase en el campus de Vicálvaro y que presentó un trabajo fin de máster sobre las televisiones autonómicas. Defiende que cursó todas las asignaturas y asistió a todos los exámenes. Desconoce por qué figuran sus datos en el listado de las convalidaciones. «El que lo haya puesto, lo sabrá», advierte.
La propia Cifuentes ha repetido desde que estalló el escándalo que su caso no era único y lamentado que no saliesen a la luz los nombres de otras personas que se inscribieron en el mismo grado y recibieron, según ella, idéntico trato. Pese a figurar en las actas de convalidaciones de tres materias, varios de los alumnos no lograron nunca el título de la Rey Juan Carlos.
El mecanismo para aprobar una asignatura por medio de una convalidación exime de cursar y abonar la mayoría de las tasas de esos créditos. Se usa en aquellos casos en los que el estudiante ya ha aprobado una materia equivalente en otra titulación y puede acreditarlo con un documento oficial. El procedimiento para dar por aprobadas esas tres asignaturas a esa decena de alumnos –siempre los mismos– en la Rey Juan Carlos está plagado de irregularidades, como evidencian los documentos en poder de eldiario.es.
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster que debía ratificar las convalidaciones no existió. O al menos, no en la composición que figura en las actas oficiales, firmadas el 24 de mayo de 2012, en vísperas de que expirase el plazo para cursar todas las materias y empezar con el trabajo de fin de máster.
Al final de esas tres actas, a las que ha tenido acceso esta redacción, figuran cinco firmas de profesores y la del director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que se atribuyó la orden a «sus discípulas» para «reconstruir» el acta del supuesto tribunal que evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes. Tres de los docentes que figuran en los nuevos documentos –con sello y membrete de la universidad– para convalidar esas tres asignaturas no reconocen como suyas esas rúbricas. Y dos de ellos, Ángela Figueruela y Alfredo Allué, han negado a eldiario.es que hubieran tenido ninguna participación en la convalidación de esas materias. La tercera, Laura Nuño, alegó el lunes que no lo recordaba y este martes ha presentado su dimisión, a raíz de las informaciones de eldiario.es
Un informe realizado por la perito calígrafo judicial Rosario Casas certifica que las rúbricas han sido falsificadas. A diferencia de lo que sucedió con la supuesta acta fabricada en la Rey Juan Carlos el pasado 21 de marzo para tratar de desmentir a eldiario.es sobre el trabajo de fin de máster, los nuevos papeles -también con firmas falsas- que sirvieron para acreditar las convalidaciones se cumplimentaron en mayo de 2012, cuando estaba a punto de acabar el curso.
Varios de los alumnos que figuran en estas actas falsas han reconocido a esta redacción que ni pidieron ni presentaron documentos para que la Universidad les aprobase estas materias de cuya convalidación en algunos casos ni siquiera tenían noticia. Es el caso del catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá José Antonio Gurpequi Palacios. Asegura por teléfono que él no cumplió más trámite en el máster de Derecho Público que matricularse y pagar su importe, «unos 1.500 euros». Que a partir de ese momento durante el otoño de 2011 se desentendió y no acudió a una sola clase. Que no lo acabó y tampoco se presentó a recoger el título. «Yo no he hecho ningún trámite para convalidar asignaturas, no fui nunca al máster, no conozco a los profesores y no realicé los exámenes. Así que me extraña mucho eso que me estás contando», aseguró el domingo por teléfono a un periodista de eldiario.es.
El lunes tras ponerse en contacto con la universidad Rey Juan Carlos comprobó que tenía aprobadas «varias asignaturas». «No lo entiendo porque de verdad que no he cursado ese máster, me matriculé y luego me arrepentí y ya no hice nada. Me he sentido aliviado al saber que por lo menos no lo tengo como aprobado y son solo esas asignaturas», explicó el lunes a mediodía también en conversación telefónica este catedrático que no oculta su relación de amistad con algún miembro de la universidad.
Entre la convalidación general consta también la abogada Susana Ángel que durante años fue la número dos de Pedro Núñez Morgades –un histórico dirigente del PP que ha sido delegado del Gobierno en Madrid bajo la presidencia de José María Aznar– en la Fundación Legalitas, de la que hoy está desvinculada. Susana Ángel no ha devuelto las llamadas a esta redacción.
Otra de las alumnas, Inmaculada González de Molina Martínez, es responsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y fue nombrada en 2012, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy. Esta periodista se ha mostrado asombrada de aparecer en el listado de las convalidaciones. «Me apunté a un máster en la URJC pero no pude hacerlo, por lo tanto, no tengo ningún título de esa universidad». Interrogada sobre el asunto de las convalidaciones asegura: «Yo no pedí nada».
Elena Gismero Mendieta, inscrita también en el máster, no ha querido justificar o explicar por qué aparece su nombre en este grupo de alumnos: «¿Cómo habéis conseguido mi número? Lo relevante es cómo habéis conseguido mi número y cómo habéis conseguido esos papeles», fue toda su contestación sobre el tema.
Gismero aparece ahora como trabajadora de la empresa Tragsatec, filial del grupo público Tragsa (perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), una empresa con fuertes vínculos con las administraciones. En su currículo público no figura el máster oficial en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos. «No te voy a decir nada», ha concluído Gismero cuando se le planteó si había completado el curso.
El alumno Ricardo Enrique Medina Mailho ha descolgado el teléfono y confirmado su identidad pero en cuanto han empezado las preguntas sobre el máster se ha mantenido en silencio y no ha respondido a nada. Medina Mailho está vinculado a la empresa Cualtis, una entidad «nacida a partir de la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social», según explica su propia página web.
El décimo alumno es todo un misterio. Álvaro Morente Hidalgo figura en las convalidaciones de esas tres asignaturas, como todo el resto, con firmas falsas. eldiario.es no ha podido obtener ningún dato sobre él y en algunos de los listados del curso no figura.
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