- Ambos grupos buscan retrasar la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Estabilidad impidiendo la vía de urgencia que plantea el Ejecutivo
- Los partidos, que tienen mayoría en la Mesa, estudian solicitar a los letrados de la Cámara un informe para que aclaren si se puede emplear esa fórmula
Albert Rivera (izquierda) y Pablo Casado (derecha), en una imagen de archivo
Los equipos de Pablo Casado y Albert Rivera están negociando ya en busca de fórmulas que dilaten la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Estabilidad pactada entre el Ejecutivo y Unidos Podemos de la que depende la tramitación de los Presupuestos de 2019 y que, por tanto, permitiría al Gobierno poner en marcha sus reformas y finalizar la legislatura.
Ambas formaciones quieren agotar los recursos parlamentarios en sus manos para retrasar la aprobación de la citada normativa que contempla eliminar el veto del Senado para dar luz verde al techo de gasto y la senda de déficit. Se cumple así el temor de Podemos que la semana pasada ya desconfiaba de que populares y Ciudadanos hiciesen embarrancar la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria en el Congreso.
Fuentes del Grupo Popular en el Congreso explican que están conversando con el partido de Albert Rivera para poner en marcha esa estrategia, comenzando por tratar de impedir que Gobierno y Unidos Podemos puedan reformar la Ley de Estabilidad por la vía de urgencia y en lectura única, como pretenden. La fórmula que quieren emplear los partidos firmantes de la proposición de reforma (PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís) supone acortar la tramitación parlamentaria a un mes y evita el debate en comisión así como que la propuesta de ley tenga que pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Para que esto sea posible, es imprescindible que la avale la Mesa de la Cámara Baja, encargada de calificar la iniciativa y en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría.
Según apunta el PP, una primera medida para torpedear los planes del Gobierno será solicitar a los letrados del Congreso un informe jurídico para que aclaren si la Ley de Estabilidad se puede aprobar por esa vía de urgencia. Los conservadores explican que ese es el primer paso que están contemplando en sus negociaciones con Ciudadanos y no descartan iniciativas futuras para retrasar aún más la tramitación de la normativa, si bien reconocen que no se podrá posponer sine die.
Existen precedentes de propuestas similares que la mayoría de PP y Ciudadanos ha bloqueado en la Mesa: ha sucedido lo mismo con otra proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con la regla de gasto que encorseta a los ayuntamientos y que acumula 21 ampliaciones de plazos de enmiendas.
De repetirse esta situación con la reforma planteada el pasado viernes por PSOE y Unidos Podemos –a la que se sumaron ERC y Compromís–, su aprobación podría retrasarse durante meses, dificultando así que se pueda dar luz verde a los Presupuestos de 2019 dentro de plazo –el Gobierno maneja noviembre como fecha para la presentación de las cuentas del próximo año– con la senda de déficit pactada por el Gobierno de Sánchez con Bruselas, fijada en el 1,8%, cinco décimas por encima que la que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy (del 1,2%) y que ahora no puede aprobarse por el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Precisamente los conservadores en la Cámara Alta presentaban este martes una propuesta de declaración institucional «en defensa de la libertad y la calidad democrática y de la capacidad de control que tiene el Parlamento sobre la acción del Gobierno» que pretende hacer frente a la reforma de la Ley de Estabilidad acordada por PSOE y Unidos Podemos con la que pretenden revertir el cambio que realizó el PP en 2012 para otorgar al Senado una capacidad de veto de la que carecía anteriormente.
En rueda de prensa, la portavoz de los conservadores en el Congreso, Dolors Montserrat, calificaba de «prepotente» al Gobierno por esta medida, que a su juicio «rebaja la calidad democrática» y «limita la capacidad del Legislativo frente al Ejecutivo. «El PSOE sólo cree en las instituciones cuando manda en ellas», concluía.
Hace un año y un mes el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se quejaba en el Congreso del ‘no’ del PSOE a la senda de déficit del Gobierno del PP: «Tiene que haber sentido de la responsabilidad por parte de todos los grupos, ya que si no se aprueba el techo de gasto en julio estaremos como estábamos en septiembre, paralizados». El mes pasado, los conservadores votaban en contra del techo de gasto y de la senda del déficit del Ejecutivo de Sánchez, y ahora, PP y Ciudadanos buscan fórmulas para retrasar su aprobación. El equipo de Casado ya no ve mal esa paralización.
PP y Ciudadanos fueron también las formaciones que más presión ejercieron sobre Pedro Sánchez entre 2015 y 2016 para que respaldara la investidura de Mariano Rajoy apelando a la «responsabilidad de Estado» y culpándole de la incertidumbre económica y de los «peligros» del «bloqueo» que suponía la falta de Gobierno. «El PSOE está jugando con los intereses, la economía y la vida de millones de ciudadanos que no son los culpables de esta situación», llegó a decir el propio Rajoy en agosto de 2016, cuando el Ejecutivo llevaba ocho meses en funciones. Ahora, las dos formaciones buscan entorpecer la política económica del Ejecutivo, incluso con el riesgo de que España no pueda aprovechar las mejoras en el objetivo de déficit acordadas con Bruselas.
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