El Gobierno amplía las zonas de escolarización de la concertada, que es mayoritariamente religiosa, en la Comunidad e incluye el criterio de demanda social a la hora de organizar la oferta educativa
Un aula en un colegio de Andalucía // Europa Press
El Ejecutivo andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, aprobó en el Consejo de Gobierno de este lunes el nuevo decreto de escolarización, cuya principal novedad es que amplía la posibilidad de acceso a las familias a un centro concertado, aquellos que son financiados por fondos públicos y que mayoritariamente pertenecen a la Iglesia Católica.
En todas las localidades –el 18% de los municipios de Andalucía– donde haya un colegio concertado, a partir de ahora, las familias tendrán mayores posibilidades de acceder a él, aunque no vivan cerca del mismo, porque las zonas de escolarización se amplían.
Para explicar en detalle en qué consiste esta modificación, el director general de planificación de la Junta de Andalucía, José María Ayerbe, puso un ejemplo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno: una localidad en la que hubiera cinco centros públicos y uno concertado.
En ese caso, manifestó, el criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se mantendría la zona de escolarización más o menos como está hoy– pero no para el concertado, cuya zona de escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio.
Además, el decreto introduce el concepto de la demanda social «como un elemento más a la hora de organizar y racionalizar la oferta educativa». Es decir, que si las familias eligen centros concertados, estos pasarán, con el tiempo, a recibir más fondos.
«El decreto pretende avanzar en el derecho de las familias de elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos», dijo el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien negó que exista «un plan oculto para la concertada».
«Hasta ahora las familias tenían la opción de la proximidad, ahora ofrecemos otra. Si hay muchas familias que quieren esa opción, se baremará. [Se trata de] abrir una opción que antes no existía. Piense que antes las familias no podrían elegir un concertado», dijo Imbroda en la rueda de prensa. «Dejemos que las familias libremente decidan qué opción quieren», remachó.
A la vista de los datos disponibles y que dio el consejero, lo que el Gobierno llama libertad educativa no se puede considerar un problema general en Andalucía. El consejero manifestó que al 93% de las familias se le otorga el primer centro que eligen y al 97% se le adjudica uno del listado que presentan en las delegaciones de Educación.
Es decir, es el 3% de las familias quienes tienen, décima arriba, décima abajo, cada año problemas a la hora de escolarizar a sus hijos. Estos problemas, además, no necesariamente tienen que ver con la elección de colegios católicos. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, el problema es el contrario. No hay apenas colegios públicos.
Imbroda pertenece a Ciudadanos. La otra pata del Gobierno, el PP, tiene firmado -lo hizo para garantizarse la investidura– lo siguiente con Vox: «Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo».
Preguntado al respecto, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, quien compareció junto a Imbroda, fue muy claro al respecto del futuro y de las intenciones del Ejecutivo al respecto de la escuela concertada: «Vamos a trabajar en la libertad de centros y vamos a cumplir nuestros acuerdos».
«Hoy damos un gran paso –agregó Bendodo– para trabajar en esa estrategia de una Andalucía más libre. Estas cuestiones van inherentes a este gobierno. Que nadie se extrañe de que vayamos a dar pasos en el futuro. [Esta decisión] va en el camino de lo que queremos en el futuro: la libertad total».
Y, por si quedaban dudas, Bendodo agregó: «El paso de hoy es un paso que marca el camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde los padres puedan elegir llevar a sus padres al colegio que les dé la gana. Este paso se irá potenciando en el futuro».
En Andalucía, la educación es hoy eminentemente pública, y –hasta la llegada del nuevo Gobierno– el gasto educativo en la concertada llevaba años estancado en el entorno del 10% del total.
Prioridad y puntos
El decreto también recoge otras novedades que pretenden «afinar», según Imbroda determinados aspectos. Así, el consejero citó, entre ellos, «potenciar la administración electrónica para que las familias apenas tengan que aportar documentos: la administración va a cruzar más bases de datos» y pulir los criterios de admisión y de prioridad. También se baremará por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil 0-3, «para favorecer con ello la escolarización temprana», dijo el consejero.
Las que siguen, además del empujón a la educación católica, son las principales novedades, según Educación. A la hora de acceder a un colegio, tendrán prioridad:
- Los hijos de los trabajadores de los centros docentes, tanto el profesorado como el resto de profesionales, tendrán prioridad en las plazas de los centros donde desarrollan su labor. Pasa de un criterio de admisión a un criterio de prioridad, respondiendo a una reivindicación del profesorado.
- Además de las víctimas de violencia de género, tendrán prioridad las víctimas del terrorismo.
- También, en cuanto a los deportistas, amplía el criterio de prioridad a los deportistas de rendimiento de base, para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenan y desarrollan su carrera deportiva.
- También, los niños en acogimiento familiar, para favorecer precisamente que más familias andaluzas tengan más facilidades a la hora de apostar por el acogimiento.
- Los niños con enfermedades graves tendrán prioridad en centros cercanos a su domicilio o del centro hospitalario donde reciba tratamiento médico.
- Los niños de nacimiento prematuro extremo, serán escolarizados en el año que le correspondería por nacimiento natural, para evitar así que inicien la escolarización con compañeros que en muchos casos son un año mayores.
También se modifican los criterios de admisión de este modo:
- Aumenta la puntuación a las familias con menos renta (de 2 a 4 puntos), y como novedad se pondera también el patrimonio. No sólo se barema la renta sino también el patrimonio, como ocurre por ejemplo para la concesión de las becas.
- Amplía el número de tramos de renta para que sean más progresivos. En definitiva, adecuar mejor la puntuación a las circunstancias de las familias y sus características, afinar más para evitar las asignaciones por sorteo, en definitiva, evitar la arbitrariedad.
- Cambio en las listas de espera, que permanecen hasta el inicio del curso. Conseguimos una mayor transparencia a la hora de adjudicar las vacantes que se puedan producir una vez finalizado el procedimiento ordinario.
- Aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro.
En este enlace, en la tabla, se pueden consultar los cambios en la puntuación de un vistazo.
Adscripción a Institutos públicos
El decreto también recoge también una novedad que entrará en vigor en el curso 21/22: Se trata de la adscripción de los Institutos de centros concertados a Institutos públicos. Con ello, el Gobierno andaluz pretende «estabilizar la oferta y la demanda y reforzar la coherencia entre etapas»y que «dota de mayor certidumbre al alumno sobre su recorrido educativo, al saber el centro público en el que puede llevar a cabo el bachillerato».
«Los alumnos pueden concluir con tranquilidad su etapa en el centro concertado que las familias hayan elegido y después seguir su camino en el centro público de bachillerato», sostiene Educación.
