Primer embargo judicial por no devolver un préstamo renta de estudios

El programa del ministerio de Educación eliminó de la noche a la mañana el criterio de renta de 22.000 euros anuales como “ingreso suficiente” para devolver el préstamo. Un juzgado madrileño ha ordenado el primer embargo a una afectada.

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Aula de una Universidad a la caída de la tarde // Juan Gallo

M.S.G., una joven madre malagueña, se enteró a comienzos de mayo por una carta de su banco de que Unicaja había mandado embargar su cuenta. Un juzgado madrileño había ordenado la medida —sin que ella tuviera conocimiento alguno— por el impago de un préstamo-renta con el que la joven había cursado un máster oficial en comunicación.

Tal y como ha denunciado la mañana del lunes la asociación de Afectados por el Préstamos Renta Universidad, el suyo es el primer caso conocido de un embargo judicial por no haber podido devolver el préstamo de este programa introducido en 2007 por el Gobierno del PSOE. El programa fue retirado más tarde por el PP, pero todavía supone una soga en el cuello para cerca de 10.000 afectados.

Como ha sido el caso de M.S.G., el procedimiento de embargo ha sido posible pese a que en ningún momento desde que finalizara sus estudios ha tenido una renta anual superior a los 22.000 euros. Tal y como denuncia la Plataforma, el ministerio no informó en su día de que ese umbral de ingresos dejaba de ser el criterio establecido para la devolución de las ayudas. La entonces estudiante pidió el préstamo en 2011 sin saber que, fueran cuales fueran sus ingresos futuros, tendría que devolverlo con intereses de mora.

Así, el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha dictado el embargo de hasta 18.000 euros de la cuenta de la joven. Según informa la Plataforma a El Salto, el embargo de momento se ha hecho efectivo por una cantidad mucho menor: los cerca de 1.000 euros que tenía M.S.G. en su cuenta en el momento de la decisión judicial.

La Plataforma ha pedido la nulidad de esta actuación, dado que Unicaja —como el resto de entidades colaboradoras del programa— solo fue intermediaria en un préstamo financiado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). “El banco se ha cobrado todo lo que tenía la afectada en la cuenta sin tener ningún título ejecutivo del préstamo”, señala a El Salto el letrado Miguel Angel Llamas, portavoz de la plataforma.

Además, la afectada nunca tuvo posibilidad de defenderse dado que la entidad no llegó a avisarla de la demanda. Al no conocer su domicilio real, Unicaja presentó la demanda por edicto en el juzgado madrileño, sin contactar previamente con el ICO ni interesarse por el domicilio real de la demandada. Según resume Llamas, esta tendría que haberse enterado de la demanda “en un tablón de anuncios de un juzgado en Madrid”.

La Plataforma ha acusado al ministerio de Educación de “negligencia” por no actuar ante estas circunstancias. Los afectados han interpuesto una reclamación patrimonial por lo civil contra el ministerio a finales de 2016, y siguen esperando una reunión con el actual ministro, Íñigo Méndez de Vigo, “para solucionar la problemática, evitar la judicialización y cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado año aprobó sin ningún voto en contra una proposición que asumía las demandas de los afectados.