La presidenta madrileña dice que no hubo voluntad de ocultar nada pese que hasta en tres ocasiones se negó a proporcionar las actas del Canal de Isabel II argumentando que no había recibido la autorización judicial cuando sí lo había hecho. Asegura que se trata de «un error personal» de un cargo que ya sido cesado y no asume ninguna responsabilidad.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante una intervención en la Asamblea de Madrid. | EFE, Emilio Naranjo
La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que nunca ha tenido voluntad de ocultar información a la oposición sobre el caso Lezo pese a que no ha podido desmentir que hasta en tres ocasiones su Gobierno negó a la oposición la entrega de varios documentos sobre este caso de corrupción que salpica de lleno el PP madrileño. Cifuentes ha rechazado que haya que adoptar responsabilidades políticas porque cree que en el fondo se trata de una «grave negligencia administrativa y un error personal» de un cargo que ya ha sido cesado.
En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Cifuentes ha insistido en que fue su Gobierno el que puso en conocimiento de la Fiscalía que podría haber habido irregularidades en algunas operaciones del Canal de Isabel II durante mandatos anteriores, por lo que cree que no se puede dudar de la voluntad de colaboración con la Justicia y de la voluntad de transparencia de su equipo.
Ha detallado que el Gobierno ya ha mandado a la Asamblea más de 700 documentos sobre el caso Lezo, aunque antes del verano hubo unos 60 documentos que el Ejecutivo no sabía si mandar por si vulneraran el secreto de sumario, y por ello la Abogacía hizo el 1 de agosto una consulta al juez, desde la viceconsejería de Presidencia.
Según Cifuentes, la contestación desde el juzgado se recibió el 21 de agosto, pero no se recibió en el mismo departamento desde el que partió la consulta, sino que llegó por fax a la Subdirección General de la Abogacía, que a su vez lo trasladó a otra Subdirección Jurídica cuyo responsable —el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez— estaba de vacaciones.
A la vuelta de verano este subdirector «desgraciadamente comete un error personal y una negligencia administrativa grave, por la que ya ha sido cesado», al «traspapelar» esa respuesta del juzgado y no darla a conocer.
«Hasta el pasado viernes el Gobierno no tuvo conocimiento de que el juez había dado la autorización», ha insistido Cifuentes, que ha asegurado que «hoy mismo» se van a mandar los documentos a la Asamblea.
«Si llega un fax el día 21 de agosto y el responsable no lo traslada, ya me dirá cómo tengo manera humana de saber que esa contestación ha llegado», ha repetido.
De ahí que considere que en este caso no hay que adoptar responsabilidades políticas, sino meramente administrativas, y ya se ha cesado al responsable de la negligencia, «un cargo de confianza», al conocerse el error que cometió.
Cifuentes ha apuntado que la oposición «sabe perfectamente» que su Gobierno está colaborando con la Justicia, «mandando la documentación de manera permanente». «Pero entiendo que quieran agarrarse a cualquier cosa para desgastar a mi Gobierno o a mí».
La versión de la oposición es diametralmente opuesta: PSOE, Podemos y Cs, han coincidido en que las explicaciones de Cifuentes son «insuficientes» y «poco verosímiles».
Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, ha subrayado que las explicaciones son «insuficientes» y «poco verosímiles», porque le parece «un poco raro» que un juzgado mande esa notificación a una subdirección, y por eso va a pedir la comparecencia de la presidenta en el pleno. Una vez que dé las explicaciones oportunas, ha seguido diciendo, el PSOE valorará si son adecuadas o si se deben pedir responsabilidades políticas.
La diputada de Podemos Mónica López ha considerado las explicaciones de la presidente «bastante peregrinas», y ha tachado de «deslealtad» que se eche toda la culpa a un funcionario «cuando todo un Gobierno debería haber estado pendiente» de la respuesta del juez. López ha recordado que «no es la primera vez que se pierde» documentación sobre asuntos en los que podría haber corrupción, y ha citado como ejemplos los casos de Arpegio o de la Ciudad de la Justicia.
El portavoz de Cs, Ignacio Aguado, ha mostrado su preocupación por una explicación que cree «insuficiente» sobre una «negligencia muy grave» que ha hecho a la Asamblea «perder cinco meses de trabajo» en la comisión de investigación sobre la corrupción. «Tenía la autorización del juez en un cajón, guardada», se ha quejado, y ha señalado que ahora toca empezar a trabajar para ver qué pone en esos documentos y descubrir «por qué el PP tenía tanto empeño por que no vieran la luz».
