El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha retirado la orden de detención europea y la orden de detención internacional contra el president catalán cesado, Carles Puigdemont, y los consellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
Carles Puigdemont en su intervención en el Pleno del 10 de octubre, en una imagen difundida por el Govern
Justo el día en que comienza la campaña electoral para los comicios que se celebrarán en Catalunya el 21 de diciembre en aplicación del artículo 155, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha retirado la orden de detención europea y la orden de detención internacional contra el president catalán cesado, Carles Puigdemont, y contra los cuatro consellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. Todos se hallan en Bruselas desde el 30 de octubre, poco antes de que la Audiencia Nacional emitiera una orden de detención contra ellos por los delitos de malversación, sedición y rebelión por haber convocado un referéndum por el derecho a decidir en Catalunya.
Sin embargo, Llarena mantiene la orden de detención que pesa contra ellos en España, por lo que los cinco serán arrestados en cuanto decidan regresar al país.
Llarena ha tomado la decisión por temor a que la justicia belga decida no entregar a Carles Puigdemont por el cargo de rebelión, ya que este delito ni siquiera está contemplado en la jurisprudencia de Bélgica. En ese caso, el juez belga podría haber decidido la entrega del expresident teniendo en cuenta solo las acusaciones de malversación y desobediencia, pero en este caso los tribunales españoles ya no habrían podido juzgar a Puigdemont por rebelión. “El actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados”, dice el magistrado en su auto.
Además, también existía la posibilidad de que el tribunal belga hubiera decidido no aceptar la petición de extradición de Puigdemont y sus consellers si hubieran considerado que no se daban las suficientes garantías para un juicio justo en España, una línea seguida por sus abogados. El pasado 10 de noviembre, la Fiscalía belga solicitó a la Audiencia Nacional información sobre cuánto tiempo mantendría a Puigdemont en prisión condicional, si esta decisión se tomaría antes o después de la declaración de los acusados, además de preguntas sobre el espacio, la salubridad, la alimentación y la asistencia médica en la cárcel. En este mismo escrito afirmó que “solo referirse a la confianza mutua no será suficiente», y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo, después de enviar la información requerida, que “nadie nos va a dar ninguna lección a ese respecto». Días después, la Fiscalía belga se pronunció a favor de la extradición, aunque rechazó el delito de prevaricación. El día 14 de diciembre, un juez belga debía pronunciarse.
+info relacionada: Siete preguntas que el Supremo pone sobre la mesa tras su cambio de estrategia con Puigdemont – eldiario.es, 05-12-2017
