Querella criminal contra Florentino Pérez y cinco exministros por el Proyecto Castor

Presentan una querella criminal por estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos contra el presidente de ACS y los ministros, tanto socialistas como del Partido Popular, que permitieron que se pagara la indemnización anulada por el Constitucional.

+info relacionada, 28-02-2018: “El PP pagó la indemnización a Florentino Pérez por el Castor de la manera más lesiva para la población”. Entrevista a Alfons Pérez, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización – elsaltodiario.com

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Florentino Pérez en el Instituto Cervantes de Tokio.

Varios colectivos, entre los que se encuentran el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y  Xnet, la organización ciudadana que ha llevado a Rodrigo Rato al banquillo con el 15MPaRato, han presentado hoy una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, y varios exministros de la época de Zapatero y del primer mandato de Rajoy por sus responsabilidades en el Proyecto Castor.

Los delitos que contempla la querella son estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Además del conocido empresario —y Recaredo del Potro Gómez, presidente de ESCAL UGS, la empresa creada para gestionar el proyecto—, hasta seis exministros han sido incluidos en la querella.

Los titulares de Industria, Comercio y Turismo en la época de Zapatero, Joan Clos Matheu y Miguel Sebastián. El ministro del Partido Popular que les sustituyó con Mariano Rajoy, José Manuel Soria. La exministra de Medio Ambiente y Agricultura durante la paralización del Castor, Elena Espinosa Mangan. La exministra de Fomento de 2004 a 2009 y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez Arza.

También han sido incluidos en la denuncia el exsecretario general Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 2006 a 2008, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer.

A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional declaró nula la indemnización de 1.351 millones de euros que se le pagó a la empresa Escal UGS, de Florentino Pérez, tras renunciar a la explotación de gas en las costas del norte de Castellón, conocida como el Proyecto Castor. El Tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014.

Pero tan solo unos días más tarde el BOE anunciaba una serie de cuotas destinadas a fines especiales en las que se reconoce una retribución en conformidad al Real Decreto Ley 13/2014 del 3 de octubre. Esta misma ley, que autorizaba el pago de 1.351 millones de euros a Escal UGS, la empresa de Florentino Pérez que gestionaba el Proyecto Castor, y que ahora contemplaba un pago durante el 2018 de 80.664.725€ a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista.

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Alfons Pérez y Simona Levi anunciando la querella criminal en rueda de prensa // Sara Sda

Motivos para la querella: se movió la linde del mar

Según ha explicado en rueda de prensa Simona Levi, activista de Xnet e integrante del 15MPaRato, la querella no pretende solo sentar a los acusados en el banquillo, sino “que la ciudadanía no tenga que pagar por las negligencias y los dolos de políticos”, por lo que una de las principales demandas de esta campaña es no pagar los costes de la indemnización del Castor que, según los cálculos realizados por el ODG y sumados los intereses que se pagarán en un futuro a Bankia, Banco Santander y CaixaBAnk, se elevan 2.419 millones de euros, y la devolución de los pagos realizados hasta el momento.

Además, Levi, ha denunciado que “los recursos ante el Constitucional del PP y PSOE son simples lavados de cara, ya que ha habido connivencia entre los dos partidos durante todo el proceso del Castor”.

“La ciudadanía no tiene que pagar por las negligencias y los dolos de políticos por el Proyecto Castor, que con intereses costará casi 2.500 millones de euros”, ha dicho Simona Levi

Alfons Pérez, investigador del ODG, ha explicado en la rueda de prensa los contenidos de la querella y los motivos que llevan a sospechar que los actores, tanto empresariales como políticos, implicados en este proyecto han incumplido la ley, como se expone en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional.

En 2008, bajo el mandato de Magdalena Álvarez, se realiza una modificación de los límites marítimos mediante un Real Decreto de corrección de errores un año después que, según la querella, fue modificado para favorecer al proyecto del presidente de ACS. Según ha declarado Levi, la Generalitat Catalana pedía muchos informes medioambientales pero la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps a los mandos, aprobó el proyecto con muchas facilidades. Según los demandantes, esta querella se ha presentado en estos tiempos ya que este delito de los lindes del mar proscribe este próximo 5 de marzo.

Pérez también ha denunciado que este proyecto tenía una cláusula inusual en cualquier tipo de proyecto de este tipo. El artículo 14 del contrato garantiza la inversión a costa del patrimonio público incluso “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”, lo que, según el investigador, “es un peligro incluso para la salud pública el pagar a una empresa que no tiene responsabilidad sobre el proyecto y pueda hacer negligencias sin tener consecuencias”.

La querella, además, incluye pruebas de que las empresas y políticos implicados se han enriquecido ilícitamente con los sobrecostes y la construcción del proyecto. “No solo lo decimos nosotros, el Tribunal Constitucional ya ha puesto encima de la mesa que el pago urgente de esa indemnización no se ha hecho de una manera legal, por lo que se tendrá que ver y abrir una investigación que aclare quién se ha enriquecido con esto”, ha explicado Levi.

Junto a estos dos colectivos, la querella está presentada por la Red para la soberanía energética (Xse), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatorio DESC, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres del Senia y la organización de afectados por el Castor, Aplaca.


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