En el bienio 2015-16 el Gobierno contó con 56,2 millones de euros y sólo trajo a 260 personas //
- Con los fondos comprometidos por la UE se habría reasentado a más de 11.000 refugiados sirios y sólo se ha traído a 1.709.
- La ayuda europea para sufragar la acogida de los refugiados se eleva a 372,1 millones de euros hasta 2020.
- El Ejecutivo no quiere perder el dinero del fondo europeo y dice ahora que hará venir a 500 refugiados al mes.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha trampeado los recursos económicos y el calendario para acoger (“reasentar” en el argot oficial) a las personas refugiadas de la guerra de Siria. En el bienio 2015-16 contó con 56,2 millones de euros y sólo trajo a 260 personas. Desde julio de 2016 y en lo que llevamos de 2017 dispone de una cantidad igual, otros 56,2 millones, y sólo ha traído a 1.449 de los 16.000 comprometidos de Grecia, Italia y Turquía. Pero el Ejecutivo intenta ahora no perder esos fondos de la Unión Europea con la nueva promesa de proporcionar protección internacional a más de nueve mil refugiados.
Según ha anunciado genéricamente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el gobierno del Reino de España se propone reasentar en nuestro país a unas 500 personas cada mes.
La vicepresidenta no ha concretado fechas, lugares ni otros detalles, aunque su iniciativa ha merecido el elogio del comisario europeo de Migraciones, Dimitris Avramopouluos, un conservador de pelo blanco que además de competir con Antonis Samarás por la jefatura de la derecha griega, fue alcalde de Atenas y conoce el fenómeno migratorio, uno de los grandes retos de la UE. El titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó el martes en el Congreso la previsión de su superiora Santamaría sin aportar tampoco concreción alguna ante las preguntas de la oposición.
De antemano sabemos que no conviene entrar en detalles cuando se miente (lo escribió Graham Green). De ahí que Zoido esquivase astutamente las preguntas de la diputada de UP Eva García Sampere sobre la dimensión económica de la política de acogida (si así puede llamarse) de los refugiados sirios y se resintiese además del reproche de la socialista Esther Peña porque “el Gobierno del PP no está a la altura moral” de los ciudadanos”.
En efecto, con los 112,4 millones de euros de financiación oficial, y siguiendo el plan gubernamental de asistencia a los inmigrantes presentado en Bruselas, con una cantidad “a tanto alzado” (argot oficial) de 10.000 euros por persona “reasentada”, el número de acogidos tendría que ser hoy de 11.240 personas en vez de las 1.709 reubicadas en España en los dos últimos años.
En este sentido, si los fondos comunitarios disponibles para atender a los refugiados de la guerra de Siria se hubiesen aplicado a los acogidos de hecho en nuestro país, no sólo no sufrirían carencia alguna sino que nadarían en la abundancia, con una asignación de casi 66.000 euros per cápita. Ciertamente, esto no es así. Ni los 10.000 euros por persona ni la ratio equivalente a 66.000, según el dinero disponible que maneja el Gobierno central con competencia exclusiva y manifiesto desprecio de los ayuntamientos, las autonomías y las ONG dispuestas a aportar medios de acogida y asentamiento, se han utilizado en paliar la penuria, el sufrimiento (incluso la muerte) de los miles de refugiados que llegaban a las islas griegas o eran apaleados en las fronteras de Hungría.
¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿A quién ha rentado? El Gobierno se refugia en el silencio. Y en la burocracia. Según el ministro Zoido, al que por razón de oficio vale suponer un cierto sentido de la justicia, “la reubicación exige unos pasos de voluntad política, identificación, selección, controles de seguridad y tramitación que pueden tardar seis meses hasta el resasentamiento”. Los controles de seguridad son tales que el Ejecutivo español está utilizando los servicios secretos para realizarlos, es decir, a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ellos son los que interrogan y hacen las verificaciones oportunas para decidir si pueden venir. Esto significa que amén de utilizarlos para obtener información sobre el conflicto bélico en la zona de Siria, Irak y sur de Turquía, sospechan la presencia de yihadistas del Daesh entre ellos, algo que oficialmente niegan para evitar el rechazo y la xenofobia.
Los trámites burocráticos, por decirlo de alguna manera para encubrir la lupa del CNI, son, según Zoido, los causantes del retraso. Y la responsabilidad no es española, sino, según el ministro, de las administraciones italiana y turca, faltaría más. “Desde el 10 de marzo pasado tenemos a 725 personas pendientes de cumplimentar por las autoridades turcas para realizar el reasentamiento en España”, proclamó el ministro en el Congreso el 18 de julio en el Congreso. “También hay un gran retraso de la administración italiana”, añadió. “En cambio, Grecia está funcionando perfectamente y no tenemos problemas de retraso con su administración”, subrayó.
Justificó además la escasa aportación española (de 15.888 comprometidos sólo hemos traído 1.709) por un error de cálculo de las autoridades de la UE. “Los refugiados no eran tantos”, dijo.
Después del trampeo (verbo castellano muy anterior a Trump, aunque por eso aborrece nuestro idioma) del tiempo y el dinero para la protección de las personas que necesitaban ayuda y no la recibieron del Ejecutivo español, el compromiso de acogida se sitúa ahora en 9.323 refugiados. En ese dato se inscribe el anuncio de Santamaría de traer a quinientas personas cada mes. “¿Cómo será esto?”, preguntó al ministro Zoido la diputada Peña. “Si hasta ahora no han podido agilizar los trámites de identificación, selección y seguridad, ¿por qué debemos pensar que todo ha cambiado de la noche a la mañana? No les creemos”, concluyó.
El ministro se abstuvo de rebatirla, aunque para su partido, la principal preocupación es ahora el aumento de las peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos que, según la diputada y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, ya superan las 4.000.
Según las fuentes oficiales consultadas, lo importante para las autoridades españolas es contar con los recursos comprometidos para el pasado y el futuro. Habituados a reducir los valores (humanos y divinos) a cifras económicas, los gobernantes del PP aprecian especialmente esa partida de 372,1 millones de euros del fondo presupuestario de la UE para los refugiados sirios. Esa cantidad comprometida por Bruselas para satisfacer las necesidades de las 9.323 personas hasta el año 2020 permitiría ejercer la solidaridad a coste cero y reportaría beneficios de imagen y sonido al Gobierno de Rajoy, aunque a falta de elecciones a la vista, tampoco hay prisa en disputar a Ciudadanos el voto progresista.
+info relacionada: Las ONG a Zoido: «El Gobierno es responsable de los naufragios porque no garantiza el derecho al asilo» – Desalambre, 18-07-2017
