(Re)municipalizar para recuperar lo nuestro

Parece claro que hoy es la democracia local la que está canalizando la lucha por lo común, la recuperación de lo público y la resistencia al expolio de la que dependen, sobre todo, los ciudadanos más pobres y vulnerables

Los investigadores apuestan por el consumo del agua del grifo.

Arenys de Munt, el Figaró-Montmany, la Granada, Alfés, Vilaba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Montornès del Vallès, Puigverd d’Agramunt, Foixá, Collbató, Vilagrassa y Olèrdola. Son doce los municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde el 2010, y a esa lista se han de sumar otros casos en España, como los de Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba), Teo (Compostela) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado también el camino hacia la gestión directa del agua que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Agbar ha venido administrando de manera irregular desde hace más de un siglo, y a Barcelona se empiezan a unir también grandes ciudades como Valladolid, A Coruña, Santiago de Compostela, Vitoria, Sevilla, Zaragoza o Madrid.

Algunas organizaciones como la Red Agua Pública Aigua es vida han estado detrás de estos procesos elaborando, incluso, una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua”, porque nada es posible sin la presión ciudadana. El encuentro de las ciudades por el agua pública, protagonizado por alcaldes y alcaldesas de diferentes lugares de España, defendió el agua como bien común y bien público, en línea con viejas iniciativas de ámbito internacional, como la que representó en su momento la Carta Europea de los bienes comunes o la Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos; con la propia Asamblea de la ONU, que en 2010 ya declaró que el acceso al agua había de consolidarse como un derecho fundamental; y con la Observación nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C. 12/2002/11) que hace tiempo nos dijo que la gestión del agua como bien común tenía que ser descentralizada y someterse a ciertos principios: disponibilidad, calidad, accesibilidad (física y económica), no discriminación, y acceso a la información.

Según algunos estudios, en los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia). Y los factores que han provocado este giro han sido básicamente los mismos: bajo rendimiento de las compañías privadas (ej. en Dar es Salam, Accra, Maputo), inversión insuficiente (ej. Berlín, Buenos Aires), conflictos sobre los costes operacionales y los incrementos de precio (ej. Almaty, Maputo, Indianápolis), aumento astronómico de las facturas del agua (ej. Berlín, Kuala Lumpur), dificultades en la supervisión de los operadores privados (ej. Atlanta), falta de transparencia financiera (ej. Grenoble, París, Berlín), recortes de plantilla y mala calidad de los servicios (ej. Atlanta, Indianápolis). De hecho, en la mayor parte de estos casos, los contratos privados resultaron ser tan insostenibles que los gobiernos locales optaron por remunicipalizar, aun sabiendo que quizá tendrían que pagar indemnizaciones.

En fin, la recuperación de los bienes públicos y comunes expropiados en forma de ventas, externalizaciones y partenariados público-privados, está empezando a ser una prioridad en todo el mundo, y no solo ha mejorado el acceso y la calidad de los servicios (menos costes y mejores infraestructuras), sino que ha garantizado la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En España, el mismo Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización del sector público local que presentó en 2011, calculó que la gestión privada del agua era un 22% más cara que la pública en los municipios pequeños y medianos estudiados, además de tener pérdidas en la red de un 30% mayores y realizar una inversión para el mantenimiento del servicio un 15.5% inferior. Por eso no se explica que el PP quiera desactivarlos por completo aplicando su infausta Ley de Régimen Local (LRSAL) y aplicando un marco restrictivo en el ámbito de la contratación que impide a los Ayuntamientos no solo avanzar en esta dirección sino incluso auditar y controlar a las empresas concesionarias. En Catalunya la gestión privada o mixta del agua en ciudades medianas y grandes es un 25% más cara y, según Aigua es vida, en el caso de Barcelona el diferencial llega a alcanzar un valor del 91.7%.

Lo cierto es que la privatización de los bienes comunes urbanos ha creado y alimentado una administración paralela que se ha dejado en manos de codiciosos y descontrolados oligopolios. Esta para-administración es la que ha liderado en nuestro país el llamado “impuesto al sol”, que no deja de ser una imposición del oligopolio eléctrico, y es también la responsable de la carísima limpieza viaria y recogida de residuos que hemos sufrido en muchas de nuestras ciudades. O sea que, por más que algunos quieran ocultarlo, la gestión privada de los servicios públicos ha sido finalmente opaca, excluyente, cara e ineficiente.

Lo peor es que muchos municipios han consentido y/o alentado este desastre favoreciendo sistemáticamente a las élites urbanas a costa del patrimonio común y orientando la política municipal a la obtención de plusvalías inmobiliarias y a la creación de redes clientelares. Y el resultado de esta nefasta política municipal han sido ciudades encarecidas y devastadas por la corrupción urbanística, la privatización del espacio público y la fragmentación social. De hecho, como nos recuerdan Franziska Schreiber y Alexander Carius en  La Situación del Mundo 2016, el informe anual de Worldwatch Institute, la polarización, la segregación y la desigualdad urbana se han agudizado profundamente en las últimas décadas.

Así que, frente a esta emergencia social, es lógico que el movimiento de recuperación de lo común haya acabado siendo un clamor planetario, y no solo por lo que hace al acceso al agua. Ahí está, por ejemplo, el referéndum que se realizó en Hamburgo en 2013 para recuperar el control de la electricidad, o el gobierno finlandés, que ha recomprado el 53% de la red eléctrica nacional; el transporte público en Londres y Kiel (Alemania); la renacionalización del petróleo y el gas en Argentina, Bolivia y Venezuela, o la del sistema energético en Lituania.

Ahí está también en España la operadora eléctrica que pretenden poner en marcha los Ayuntamientos de Barcelona y de Pamplona a fin de abaratar el precio de la energía y de impulsar también el tránsito a un modelo energético más justo y sostenible. Incluso el Tribunal Supremo ha dado un paso en esta dirección con una sentencia que permite a los Ayuntamientos cobrar por el uso privativo que del Dominio Público Local hacen, entre otras, las eléctricas y las empresas gasísticas, y ya son varios los procesos judiciales por los que algunos municipios han logrado recuperar el control sobre las condiciones sociales y ambientales de la contratación pública.

En definitiva, parece claro que hoy es la democracia local la que está canalizando la lucha por lo común, la recuperación de lo público y la resistencia al expolio de la que dependen, sobre todo, los ciudadanos más pobres y vulnerables, y son los Ayuntamientos los que, contra todo pronóstico, están apostando por el horizonte de transformación que tanta falta nos hace. Lástima que muchos gobiernos centrales les den la espalda o, simplemente, se dediquen con entusiasmo a no enterarse de nada.