Resumen sindical de 2019: estas son nuestras victorias

Parece que vivamos más cabreados, o tristes, o las dos cosas a la vez, que nunca. Por eso es tan importante contar nuestras victorias. Las de quien madruga, las de quien duerme poco y mal. Las de quien hace todo lo bello y útil que hay en este mundo. Estas son algunas de 2019.

Mensaje de rechazo al modelo laboral de Glovo. Mario Antonio Pena Zapatería / Licencia CC BY-SA 2.0

El año comenzó con una pegatina que llamaba la atención en algunos bares de Catalunya: «En este local hemos dejado de vender Cacaolat en solidaridad con los trabajadores en huelga». La llamada de atención a consumidores no era poca cosa, tratándose este -el primero de fabricación industrial del mundo- batido de chocolate de parte de la educación sentimental de muchos catalanes y catalanas en desayuno o merienda.

Fue una huelga de seis días en la planta de Santa Coloma de Gramenet que consiguió parar toda la producción y tirar para atrás el calendario laboral (que fijaba trabajo en fines de semana de verano) para este año propuesto por la empresa. Cacaolat, propiedad de Damm y Cobega, tuvo un crecimiento del 7% en 2017.

CGT, con dos representantes de nueve en el comité, afirmaba la importancia del boicot –no promovido desde el propio comité plural- externo de hostelería y clientes. «Una inyección de moral» y «un arma realmente fuerte que hace daño a la empresa que vive de una falsa imagen», como decían sus delegados en el órgano del sindicato en Catalunya.

Poco después los trabajadores de Huerta de Peralta, en Navarra, pudieron poner fin a una durísima huelga. Fueron 28 días de una movilización especialmente tensa por la vigilancia cercana por la policía, y en la que hubo una perfecta unión entre la iniciativa de la mayoría de trabajadores migrantes y el sindicato LAB.

Se retiraron las sanciones a despedidos y se consiguió la tramitación de su readmisión, también el pago del 70% la deuda de 440.000 euros que la empresa generó por incumplimiento de convenio y la apertura para la negociación de uno nuevo.

Solo dos años antes, en Huerta de Peralta no había comité. La caja de resistencia fue, como en el caso de las residencias vizcaínas, clave.

Pasó febrero, mes del centenario de la huelga de La Canadiense, con los cierres de los H&M de Bizkaia echados cada sábado.

Sus trabajadoras lograron la recolocación de 19 empleadas ante el cierre de uno de sus locales e indemnización máxima de 45 días por año a quienes decidieron marcharse.

Después, en marzo, un nuevo convenio ganado tras 41 días de huelga en Navarpluma.

Los empleados de esta fábrica de nórdicos, edredones, almohadas y cojines arrancaron de la patronal subidas por encima del 10%, más el cobro de la antigüedad, una paga de beneficios y el incremento del cobro de la hora nocturna.

Pero fue seguramente a partir de verano, en este último semestre -sin que haya correlación de causalidad, claro-, cuando la lucha sindical ofreció resultados colectivos que no siempre, a pesar de ser vistosos, han aparecido más allá de en medios locales.

El sector de las ambulancias -uno de los más movilizados este año- desconvocó una huelga en Andalucía al conseguir la actualización del IPC y un incremento retributivo del 6,6%. Los conductores de las líneas extremeñas de autobuses (LEDA) también ganaron, en su caso tras dos semanas de parón, la retirada de expedientes sancionadores y el pago de tres nóminas pendientes.

Mediados de julio trajo un serio varapalo para el modelo de no-contratación y de Deliveroo.

El Juzgado de lo Social de Madrid dictaminó que la relación que unía a 537 riders con la empresa de repartos es laboral. Deliveroo debería, entre octubre de 2015 y junio de 2017, haberles dado de alta y pagado sus cuotas a la Seguridad Social, que también era parte demandante en el juicio.

Fue un golpe contra el denominado modelo de economía de plataformas que encubre en realidad la condición de miles de situaciones de falsos autónomos.

Tras más de dos meses de conflicto –huelga de 70 días-, a finales de ese mes de julio la plantilla de DHL en Agurain (Araba) consiguió aumentos y contrato fijo para once compañeros eventuales.

Otra victoria tuvo lugar en Mensajeros de la Paz de País Valencià, donde los trabajadores lograron alcanzar un acuerdo con la Generalitat para el pago de las nóminas atrasadas. La plantilla de agua Viladrau -propiedad de Nestlé- de Arbúcies, Girona, desconvocó una huelga prevista en agosto tras una subida del salario del 2,7% con caracter retroactivo desde abril.

En el almacén de Stradivarius (Inditex) de Sallent de Llobregat, en Barcelona, otra batalla ganada.

Fue a finales de octubre cuando tras amenaza de huelga -ya convocada para los días 4, 5 y 6 de noviembre- sus 349 empleados hicieron que la empresa aceptase subir los sueldos un 19,77% y se creasen una cincuentena de contratos indefinidos.

Casi a la vez se dio la victoria en Iberboard en la localidad tarraconense de Alcover.

Sus 146 trabajadores tras cuatro días de huelga revirtieron el ERTE planteado por la empresa de embalajes -propiedad del grupo Grifols- y el pago del 80% de las reducciones salariales mientras había durado el proceso, además de una subida conforme al convenio.

La Justicia le impuso a Uralita la mayor indemnización de la historia de nuestro país por víctimas del amianto.

La empresa, que empleaba este material cancerígeno para fabricar fibrocemento, está condenada a pagar 3,5 millones de euros a 14 personas afectadas por la exposición doméstica o ambiental.

Es decir, familiares y vecinos que lavaban la ropa de los trabajadores o vivían cerca de las fábricas de Ripollet y Cerdanyola, consideradas la zona cero del amianto en el Estado español, que prohibió el uso de este material en 2002. Se trata de un caso ganado en los tribunales por la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda.

2019 acaba con dos buenas noticias para miles de trabajadores.

El sector del metal en Bizkaia, que comprende a más de 5.000 empleados en 2.000 empresas de la provincia, alcanzaba hace una semana un preacuerdo para un nuevo convenio tras encadenar huelgas y manifestaciones desde el mes de mayo.

El documento, ya firmado por CCOO, LAB y UGT con la patronal, incluye aumentos salariales y limita la temporalidad y subcontratación mediante Empresas de Trabajo Temporal. Es, en definitiva, un paso adelante en el arrinconamiento legal de la precariedad.

En 2019 Glovo ha vuelto a ser noticia. No solo por Pujan Koirala, el trabajador atropellado mortalmente mientras transportaba un pedido en Barcelona el pasado mayo, ni por la fría reacción de la marca. El negocio puesto en marcha por una cuarta generación de empresarios en la persona de Óscar Pierre ha recibido hace solo unos días otra sentencia que puede acabar con el goteo de decisiones judiciales aparentemente contradictorias sobre su modelo de contratación.

El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha establecido que los trabajadores de Glovo son asalariados y no autónomos por cuenta propia.

Además de decretar como improcedente el despido de un rider, los magistrados consideran probado que no es cierto que los trabajadores de esa empresa desempeñen su labor con libertad y que además operan con medios ajenos como la propia aplicación. Para el TSJ de Madrid, la afirmación de la empresa de que los trabajadores realizan su trabajo con libertad «no es un hecho, sino un simple juicio de valor incorporado a un contrato». El teléfono móvil o el vehículo que aportan los trabajadores son para el tribunal de una importancia escasa en comparación con «la enorme importancia económica de la plataforma digital», considerada «herramienta esencial del funcionamiento» del trabajo y que, obviamente, el TSJ recuerda que es propiedad de Glovo y no de ningún rider. El logotipo en las mochilas y la firma en las facturas también han sido consideradas pruebas de la relación fraudulenta.

Con esta son 11 las sentencias contra Glovo por ocho a su favor. Será el Tribunal Supremo quien finalmente, cuando uno de estos casos le llegue, quien dicte unifique doctrina.

Mientras eso ocurre, el próximo febrero tendrá lugar un juicio decisivo: un juzgado de lo social de Barcelona tendrá que decidir si Glovo debe a la Seguridad Social, como reclama la Inspección de Trabajo, más de 3,8 millones de euros por emplear a más de 3.000 repartidores como falsos autónomos.

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