Una joven estudiante tendrá que pagar 600 euros por resistirse a los agentes que la desalojaron del Ayuntamiento de Sevilla donde varios profesores interinos de música, entre ellos su madre, estaban encerrados para protestar por su situación
Desproporcionado dispositivo policial para desalojar a los profesores interinos encerrados en #StopOposConservatorio2017 #StopRepresión pic.twitter.com/SUTOMTOx38
— IU Sevilla ciudad (@iusevillaciudad) 31 de mayo de 2017
600,1 euros por resistencia a la autoridad. Es la multa que tiene que afrontar la hija de una profesora interina de música que protagonizó, junto a otros compañeros de su madre, una protesta laboral en el interior del Ayuntamiento de Sevilla. La Subdelegación del Gobierno le ha aplicado la llamada Ley Mordaza por «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones», según reza su artículo 36.6.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.25 horas del pasado 31 de mayo en las dependencias municipales de IU de Sevilla capital cuando varios profesores interinos de conservatorios sevillanos protestaban por que la convocatoria de oposiciones en Andalucía correspondiente al año 2017 del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas se pospusiera a 2018 para estar coordinadas con el resto de comunidades autónomas. Las pruebas se ceebraron finalmente los pasados 17 y 18 de junio, y la huelga indefinida que mantuvo el colectivo a nivel andaluz durante dos meses quedó desconvocada días después por el sindicato CCOO.
Izquierda Unida apoyaba la movilización de estos docentes y, junto al grupo municipal de Participa Sevilla, habían permitido que la movilización tuviera lugar en sus despachos, como se aprecia en el vídeo que precede a este información, y que se pretendía alargar durante la noche. Según la sanción, se trató de «una ocupación por personal no autorizado» pero fuentes de la federación de izquierdas aclaran que habían dado su consentimiento para que permanecieran en el lugar y mostraran de aquella forma su descontento con su situación laboral, como se recoge en las imágenes que difundieron aquella jornada:
Recoge la sanción de 600,1 euros por «infracción grave» que «el desalojo se realizó de forma pacífica pero la denunciada hizo caso omiso a los requerimientos policiales, se agarró al mobiliario y tuvo que ser desalojada cogiéndola entre cuatro agentes y llevada así hasta la puerta del Ayuntamiento».
«Es vergonzoso e indigante todo esto. Encima que no nos pudimos salir con la nuestra, ahora nos llega esto como puntilla», dice la joven, de 21 años y que pretende seguir los pasos de su madre con sus estudios de flauta. «Sólo queríamos llamar la atención y, por mi parte, apoyar a mi madre», que ahora está en paro. Según añade, no le constan sanciones a profesores interinos por aquel desalojo. «Me dejaron en el pasillo, no en la puerta como dice la sanción», aclara.
Aquel desalojo se produjo apenas unos días antes de que la Policía Local también desmantelara otra protesta, en este caso en las escaleras principales del Ayuntamiento. A raíz de aquello, y como adelantó eldiario.es Andalucía, el Gobierno central ha decidido imponer sanciones económicas a un par de concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla (Daniel González Rojas, portavoz del grupo) y Eva Oliva), a su coordinador en la ciudad, Ismael Sánchez ( ahora recurridas), y a otros dos ediles de Participa Sevilla, Susana Serrano (portavoz) y Julián Moreno, por apoyar la protesta de extrabajadores eventuales de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam. Al menos seis de los exempleados municipales que protagonizaron la protesta también han sido sancionados, en estos casos por infracción grave.
Izquierda Unida y Participa Sevilla reclamaron entonces la dimisión inmediata del delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera, por ordenar el desalojo policial de los profesores interinos que se encontraban encerrados en el Ayuntamiento.
Los portavoces municipales de IU y Participa, Daniel González Rojas y Susana Serrano, calificaron la actuación policial de «absolutamente desproporcionada» y que no estaba justificada lo más mínimo, ya que el encierro de los profesores se desarrollaba en dependencias municipales, concretamente en las de Izquierda Unida, y de manera totalmente pacífica.
Ambos grupos incidieron en el gran nerviosismo y en la impotencia que la mayoría de los docentes sufrieron a causa de esta actuación y añadieron que una de las personas fue gravemente golpeada en su muñeca y no se sabe cuánto tiempo podrá estar sin tocar el violín, que es su profesión.
