Sarga, la privatización de la gestión forestal en Aragón

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) nació de la fusión de las antiguas Sirasa y Sodemasa en 2012 bajo el gobierno del Partido Popular, con Luisa Fernanda Rudi como presidenta, en coalición con el PAR de José Ángel Biel. Actualmente, el consejo de administración de Sarga está presidido –por segunda legislatura consecutiva- por el actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

Sarga, la privatización de la gestión forestal en Aragón

Fotografía de ARCHIVO de un incendio forestal // CGT Sarga

Desde el año 2000, Aragón ha visto como los incendios forestales han sufrido un importante incremento, tanto en el número como en la superficie total recorrida por los mismos. Así, la gestión en esta materia abarca una superficie forestal total de 2,5 millones de hectáreas, lo que supone el 53% de la superficie del territorio. Cabe recordar, que solo uno de cada cuatro incendios forestales se desencadena por causas naturales. En el periodo comprendido entre enero y mayo de 2019, el 49,4% se produjo por negligencias, en su mayoría por la quema agrícola; y el 23,3% fueron incendios intencionados.

Como cada año por estas fechas, el riesgo de incendios forestales en Aragón aumenta significativamente. Concretamente desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, la campaña de prevención y extinción entra en la fase de máxima activación de los medios disponibles. Esto incluye puestos fijos de vigilancia, cuadrillas forestales, conductores de autobombas y la totalidad de medios aéreos que no se hayan incorporado con anterioridad más los medios terrestres de los que se dispongan.

Para esta campaña anual de prevención y extinción de incendios forestales, el presupuesto que el Gobierno de Aragón ha destinado a este ámbito alcanza aproximadamente los 28,5 millones de euros (aquí no se contabilizan los costes internos del Ejecutivo territorial, tales como salarios, gastos corrientes del parque móvil, instalaciones, etcétera) y 1.282 efectivos entre medios propios y cuadrillas de la empresa pública Sarga.

En dicha partida –prorrogada de los presupuestos de 2018- llaman poderosamente la atención varias cuestiones: los aproximadamente 21,3 millones de euros (el 74,7% del total) dirigidos a los medios del operativo prestados por Sarga. 4,4 millones (15,4%) para medios aéreos (helicópteros); únicamente 275.000 euros (0,96%) para los trabajos de planificación; y tan solo 150.000 (0,52%) euros para otros medios de extinción (maquinarias, autobombas forestales, etcétera). Cantidades las dos últimas que parecen francamente insuficientes si se quiere prevenir y combatir con éxito los incendios forestales.

Sirva como recordatorio que la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) nació de la fusión de las antiguas Sirasa y Sodemasa en 2012 bajo el gobierno del Partido Popular, con Luisa Fernanda Rudi como presidenta, en coalición con el PAR de José Ángel Biel. Actualmente, el consejo de administración de Sarga está presidido –por segunda legislatura consecutiva- por el actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

Denuncias, sentencias y adjudicaciones irregulares

A tenor de las constantes denuncias presentadas por distintos y diversos sindicatos se puede deducir que la gestión realizada hasta el momento por quien corresponda deja mucho que desear. Tan solo hay que acudir a la hemeroteca para conocer de primera mano la veracidad de esta afirmación. Huelga tras huelga y movilización tras movilización, los trabajadores y trabajadoras de Sarga han denunciado en innumerables ocasiones la precariedad laboral instaurada, los despidos, los incumplimientos y la falta de gestión. Cabe señalar, que a día de hoy Sarga cuenta, además de un “convenio caducado”, con los “más altos índices de conflictividad laboral de su historia”. Así lo aseguran desde CGT.

Aunque todavía hay más. El pasado mes de febrero, la Cámara de Cuentas certificó mediante un informe adjudicaciones irregulares por más de 10 millones entre 2012 y 2016 por parte de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, Sarga. Este informe reflejaba que las principales anomalías se encontraban en la actividad contractual, el área de personal y también existían “significativos” desajustes de los contratos en materia de infraestructuras y suministros.

De ellos -según pudo conocer IU Aragón-, la mayor parte se produjeron en la etapa de Gobierno PP-PAR. Así, se detectaron adjudicaciones irregulares por valor de 3,53 millones de euros en 2012; 2,28 millones en 2013; 1,67 millones de euros en 2014; y 1,82 millones en 2015, año en el que se produjo el relevo en el Ejecutivo territorial. En 2016, con el anterior Gobierno PSOE-CHA, las irregularidades detectadas abarcaron contratos por valor de 1,39 millones de euros. En total -como mínimo- 10,69 millones de euros. Casi una tercera parte del presupuesto de este año.

Por otro lado, y ahondando un poco más en el interminable historial de Sarga al frente de la “gestión” de los incendios forestales, el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio la razón a los sindicatos OSTA y SCS, a través de una sentencia, y estableció que a los pluses del Convenio Colectivo de Sarga se les debía aplicar la subida salarial que marca la Ley de Presupuestos. La no aplicación por parte de Sarga, suponía la congelación del salario de una parte importante de la plantilla, tal y como denunciaban dichos sindicatos.

Desmantelamiento del 90% del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

Para más inri, y en plena alerta roja, el pasado 9 de agosto Sarga comunicaba a sus trabajadores y trabajadoras el desmantelamiento progresivo del 90% del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el territorio. Este hecho significa que a partir del 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el operativo desarrollará sus funciones en Aragón únicamente con el 10% de la plantilla.

Una noticia que caía como un jarro de agua fría sobre la plantilla y “con el mapa de Aragón mayoritariamente en máximo riesgo de incendios forestales, sabiendo que en cualquier momento puede saltar esa chispa que haga que de nuevo las bomberas y bomberos forestales se jueguen la vida delante de las llamas, y que la economía local de los pueblos se vaya a la mierda en un abrir y cerrar de ojos, como le ocurrió hace 15 días al pueblo de Perdiguera en la Sierra de Alcubierre”, recordaban entonces desde CGT.

De esta forma, las personas que trabajan en la prevención y extinción de los incendios en verano se enteraban que durante los meses de septiembre y octubre, “una vez más”, se quedaban sin trabajo, con un recorte con respecto al 2018 de dos meses de contratación de media y dejando a cuadrillas de tierra con solo cuatro meses en la extinción de los incendios de sus comarcas, como en el Valle de Ribota, en Luesia o en los Pinares de Rodeno.

Bajas médicas sin cubrir

En este 2019 numerosas cuadrillas de tierra (cinco componentes en su jornada habitual) están acudiendo a incendios forestales de manera incompleta, en lo que respecta al número de componentes -desde que se activó el periodo de máxima activación- mermando así la actuación que dichas cuadrillas efectúan en los incendios forestales y sometiendo a sobreesfuerzo al resto de componentes, teniendo que realizar el trabajo de cinco personas entre cuatro o en algunos de los casos con tan solo tres integrantes.

Esto se debe a las bajas médicas que todos los años se producen, sin que -a juicio de CGT Sarga- el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa pública, sea capaz de bajar estos “índices preocupantes por la falta de formación” y por la dureza del trabajo al que se le somete al colectivo. Solo entre el mes de junio y julio se han producido 61 accidentes laborales, 32 de los cuales han sido con baja. Sin duda unas cifras realmente alarmantes.

Para solucionar este grave problema, desde la empresa pública proponen que sean los propios integrantes de las cuadrillas de tierra los que en su día de fiesta acudan a cubrir estas bajas, reduciendo y mermando así su descanso y su conciliación familiar, tan imprescindible en el mundo rural aragonés. De esta forma, se dan casos de bomberos y bomberas forestales que debido a las horas extras que obligatoriamente realizan en los incendios, desarrollan unas jornadas laborales de 27 días mensuales.

Los propios trabajadores y trabajadoras advierten que estas cuadrillas de tierra están realizando labores de prevención durante siete horas a 35ºC, y luego puede darse el caso de tener que acudir otras 12 horas a la extinción de incendios forestales más el desplazamiento hasta los incendios, además de estar 24 horas de guardia localizada a 15 minutos del centro de trabajo durante todas sus jornadas laborales.

Finalmente, y siendo conocedores y conocedoras de esta información, cabría preguntarse -entre otras muchas cuestiones- quién será la persona responsable el día que se produzca en Aragón un gran incendio forestal y tanto los efectivos que acudan a la extinción como los medios utilizados para ello sean entonces insuficientes. Ya no la adecuación, que también, sino la planificación en este ámbito debe ser prioritaria para prevenir posibles incendios forestales.