Sí, hay huelga general el 8 de marzo y es legal

Varios sindicatos denuncian que en algunas empresas se transmite información parcial o falsa sobre la huelga general.

+reciente, 01-03-2018: Rajoy cree que se puede aportar “mucho más” a la huelga feminista trabajando – publico.es

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// José Alfonso

Comentarios sobre la supuesta ilegalidad de la huelga. Delegados sindicales transmitiendo información parcial. Empresarios que piden a sus empleados que informen sobre su intención de secundar la huelga. CGT Zona Sur ha salido esta semana al paso de la confusión que, a juicio de algunos de los sindicatos convocantes de la huelga general, se ha creado en torno a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. CNT y CoBas, que también han presentado preaviso de huelga general, dicen estar recibiendo dudas sobre la legalidad de la huelga en los últimos días.

“Nos hemos encontrado con una serie de comentarios, por parte principalmente de otros delegados y delegadas de organizaciones sindicales, afirmando que la huelga convocada por CGT es ilegal”, asegura CGT Zona Sur de Madrid. En el comunicado, CGT (uno de los convocantes de la huelga) aclara que, efectivamente, existe una convocatoria de huelga general a nivel estatal y que, sí, la huelga es legal.

“Estamos teniendo que hacer mucha pedagogía porque hay confusión; la gente no lo tiene claro: pero sí, es una huelga general de 24 horas, completamente legal, convocada entre otros sindicatos por CNT”, asegura Raquel González, de CNT.

“Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a secundar la huelga, aunque en su empresa no haga representación sindical, aunque la representación sindical que haya solo convoque paros, aunque no esté afiliada a un sindicato”. CNT ha elaborado una Guía sindical laboral para la huelga general feminista en la que aclara algunos de estos aspectos.

Ángel Luis Parra, miembro de la coordinadora estatal de CoBas, cree que esta desinformación es “deliberada”. “No lo ponen por escrito, lo que hacen es achuchar en las empresas”, dice, señalando sobre todo a los sindicatos mayoritarios. “Es falso que sea ilegal, nosotros lo que hacemos es convocar huelga de 24 horas para dar cobertura a todas las empresas, y luego son las asambleas de trabajadores y trabajadoras los que deciden qué hacer”.

Parra especifica que, aunque desde su organización respaldan que sean las asambleas de trabajadores los espacios en los que se decida qué hacer el 8 de marzo de manera colectiva, “cualquier persona de manera individual tiene respaldo para parar 24 horas, sin necesidad de comunicárselo a nadie”.

Actos contrarios al derecho a la huelga

Aunque la huelga feminista no se limita solo a lo laboral sino que abarca los cuidados, el consumo y el ámbito educativo, es el laboral el ámbito en el que se está generando mayor confusión. “Los únicos que están capacitados para decidir si una huelga es ilegal son los Tribunales, por lo tanto, ningún representante sindical ni empresario, tiene ninguna potestad para decidir si una huelga es ilegal o no”, explican en CGT.

Además, señalan que argumentos como la ilegalidad de la huelga o la exigencia de preaviso a la empresa “son actos contrarios al derecho a huelga y podrían suponer una vulneración de derechos fundamentales”.

Este sindicato apunta que existen antecedentes de huelgas convocadas por CGT junto a otros sindicatos alternativos, en concreto la huelga general del 3 de octubre de 2017 en Cataluña y la huelga general contra la guerra del año 2003, “ambas plenamente legales”.

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Otro argumento que echa por tierra la supuesta “ilegalidad” es que la negociación de servicios mínimos ya está en marcha, como aseguran tanto CGT como CoBas. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento está negociando ya, con el Comité de Huelga, los Servicios Mínimos en Trenes de Cercanías para la jornada del 8 de marzo.

El derecho a la huelga está recogido en la Constitución como un derecho fundamental. En su artículo 28,2, el texto establece “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.


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