Sindicatos de la Guardia Civil y Policía piden que no se vulneren los derechos de los trabajadores en El Prat

  • La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que se sienten “utilizados” por el Gobierno, que “utiliza” al cuerpo para que le saque las castañas del fuego
  • El Sindicato Unificado de Policía critica que la decisión del Gobierno se debe a una “falta de previsión” y a un trabajo “mal hecho” porque el servicio “en origen es público”

Agentes de la Guardia Civil custodian los accesos a las puertas de embarque en el aeropuerto de Barcelona // EFE

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, expresó este lunes que los guardias civiles se sienten “utilizados” por el Gobierno que, a su juicio, “utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego” en situaciones de conflicto, como la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto El Prat (Barcelona).

En declaraciones a Europa Press, Juan Antonio Fernández admitió que se limitan a “cumplir órdenes que vienen del Gobierno” y en estos momentos están “velando por que se cumplan los servicios mínimos“, con lo que se mostró “de acuerdo”.

Pese a ello, reivindicó: “Nos sentimos utilizados en beneficio de los intereses del Gobierno que, cuando quiere, utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego, pero cuando se trata de mirar por los ciudadanos no es así”.

“La situación es delicada”, apuntó, “el malestar viene cuando el Gobierno ha tendido el problema, que no es otro que una falta de dialogo en un conflicto laboral“. Asimismo, se quejó de que se haya vuelto “a recurrir a los guardias civiles”, que se han visto “obligados” a trasladarse a El Prat: “Sin ninguna contraprestación económica, ninguna petición o diálogo“, y añadió que únicamente reciben al día 40 euros en concepto de manutención.

Solidaridad con los huelguistas

En este sentido, el portavoz de la AUGC subrayó que “si hubiera habido mayor dialogo no habría sido necesario que la Guardia Civil hubiera ido de manera forzosa”. No obstante, afirmó en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, que desde el cuerpo se “solidarizan” con los trabajadores en huelga, entre otros motivos, porque reclaman lo mismo que llevan “años” pidiendo ellos.

“Venimos muchos años reivindicando una subida salarial del tipo que se ha ofrecido a los vigilantes ahora mismo”, apuntó, mientras se mostraba disconforme con sus condiciones laborales: “Muchísimos menos derechos que los que tienen los vigilantes de seguridad, (…) no tenemos ni siquiera herramientas para visualizar la precariedad que tiene la Guardia Civil de manera interna”.

En este sentido reivindicó que, si bien los agentes de la Guardia Civil tienen unas condiciones “muy, muy precarias“, cumplen “siempre” con su función: “El Gobierno nos reclama y volvemos a acudir, ahora y siempre que haga falta”, destacó. Así, afirmó que algunos de los agentes se han visto “forzados” a trasladarse a Barcelona para tomar el relevo de las funciones que han dejado de realizar los vigilantes de la seguridad de El Prat, mientras antes de la huelga su papel era “controlar y supervisar“.

El SUP pide que no “se vulneren los derechos de los trabajadores”

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, explicó que asumen que la Guardia Civil “tenga que ir” a cubrir tareas de seguridad en el aeropuerto del Prat, pero pidió que “no se vulneren los derechos de los trabajadores“. En este sentido, señaló “que tienen que ir” porque es un servicio mínimo que hay que cumplir “in extremis“.

En declaraciones a Europa Press, el sindicato policial criticó que la decisión del Gobierno se debe a una “falta de previsión” y a un trabajo “mal hecho” por parte de la Adminstración cuando contrata “este tipo de servicio” que, según apuntó, “en origen es público”. “Nosotros creemos en la seguridad pública y no quedan otras narices“, añadió.

A su juicio, este servicio no es “una cafetería” y, en este sentido, el Gobierno tiene que introducir clausulas de control en los contratos “que garanticen los derechos de los trabajadores” en un servicio “que es de origen público”.

“El origen del problema es la privatizacion de los servicios sin el control necesario sobre los contratos y sobre el servicio”, añadió Cosío.

Con todo, explicó que cubrir este tipo de servicio por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado perjudica al cuerpo ya que “están sin personal en todos los sitios”. De este modo, pidió al Gobierno “asumir responsabilidades” y reiteró que se respeten los derechos de los trabajadores cuando se contratan estos servicios.

UGT: El Gobierno viola el derecho a huelga de los trabajadores

El secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, afirmó este lunes que el Gobierno está violando “completamente” el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, porque “no se puede considerar como una situación de normalidad que la Guardia Civil esté sustituyendo a trabajadores que están ejerciendo el derecho a huelga”.

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Picallo manifestó su desacuerdo con la posición del Gobierno de convocar un arbitraje obligatorio –figura recogida en una norma de 1977 para “acordar la reanudación de la actividad laboral de modo temporal o definitivo” de huelgas con “perjuicio grave de la economía nacional”–. Para el dirigente de UGT, “imponer un laudo arbitral es eludir la responsabilidad de la negociación” imponiendo condiciones “que a ninguna de las partes le resulta satisfactoria”.

En este sentido, respondió a quienes acusan a los trabajadores de “tomar de rehenes a los pasajeros de El Prat“, aduciendo que los servicios mínimos fijados son del 90%. Asimismo, recordó que la huelga es la herramienta “más importante”de la que disponen los trabajadores y recordó que se están reivindicando “situaciones personales sobre salarios que, en algunos casos, no llegan a los 1.000 euros”.

Sobre la posibilidad de que los paros se extiendan por otros aeropuertos españoles, Picallo declaró que “se pueden crear conflictos de manera generalizada” si el Gobierno “no toma cartas en el asunto y trabaja sobre un modelo de contratación pública que realmente resuelva el problema”.


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