Somonte, el SAT y la socialización de las tierras en Andalucía

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha vuelto a Somonte por séptima vez para reivindicar el derecho a la tierra y al trabajo.

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Primera ocupación de la finca en marzo de 2012 // SAT

5h del lunes 26 de agosto. Varios militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entran en Somonte, finca situada en el término municipal de Palma del Río, Córdoba, para volver a ocuparla. Hacía algo más de dos meses que habían sido desalojados de allí por la Guardia Civil, pero el SAT parece no rendirse.

La finca, puesta a la venta por la Administración en 2012, fue ocupada por primera vez el 4 de marzo de ese mismo año. El sindicato anticapitalista trataba de evitar que cayera en manos de los grandes terratenientes que podían pujar por ella, a quiénes, según Óscar Reina, su portavoz, “no les preocupa el trabajo sino el beneficio”. Para el SAT, Somonte no es un símbolo, “es una alternativa de resistencia, una necesidad y una posibilidad de empleo para cientos de trabajadores condenados a emigrar de una comarca, la de Palma del Río, profundamente deprimida”.

Desde entonces, los sindicalistas han sido expulsados de la propiedad en seis ocasiones por orden de la Administración y las fuerzas de seguridad. Seis desalojos que “implican mucho sufrimiento, mucho desgaste emocional después del esfuerzo para sacar adelante unas tierras que eran baldías sin ayuda, y sin riego por la imposibilidad de legalizar la situación”.

No queremos la propiedad de las tierras, queremos asegurar que la tierra siga siendo pública y cumpla una función social

En las reuniones con las diferentes administraciones, en las solicitudes del sindicato, una constante: la cesión del uso de las tierras. Una vez legalizadas, aseguran, podrían invertir en dotar a la finca —de 400 hectáreas— de un sistema de regadío que hiciera posible más cultivos ecológicos, y más empleo. “No queremos la propiedad de las tierras, queremos asegurar que la tierra siga siendo pública y cumpla una función social”, explica Reina. “Nos hemos reunido con los dirigentes públicos de Posadas, Peñaflor, la propia Palma del Río y otras localidades cercanas, de distinto signo político, y están de acuerdo, apoyan lo que hacemos”.

El proyecto de Banco Público de Tierras de Andalucía, que ideó Izquierda Unida en 2013 y que Susana Díaz enterró apenas tres años después, prometía ser la herramienta para esta y otras cesiones de terrenos públicos con fin social, destinada a parados, cooperativas de trabajadores y ayuntamientos. Pero quizá el campo y sus apuros queden lejos de San Telmo. Ni cedió el anterior ejecutivo socialdemócrata, ni lo hace ahora la coalición conservadora.

Esta misma semana, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) de la Junta de Andalucía urgía al sindicato, a través de una carta firmada por el director gerente de la agencia, Raúl Jiménez, al abandono inmediato y voluntario de la finca. “La Guardia Civil ha pasado por Somonte en varias ocasiones para hacer controles rutinarios. Nos identifican, nos preguntan, pero poco más. Ha sido la Junta de Andalucía quién, a través del AGAPA y la Policía Nacional Autonómica, nos ha instado a desalojar voluntariamente las tierras. Por supuesto, no vamos a marcharnos de aquí”.

Y tratan de resistir, aunque los problemas se acumulan. Todavía reciben citaciones por la expropiación simbólica de comida en 2012, por la ocupación del Cerro Libertad o por los piquetes en la huelga de Procavi, el matadero de pavos de Marchena. “En un país en el que los políticos corruptos se lo han llevado todo, en el que los Bárcenas de turno están en la calle, en el que los Borbones son impunes, los sindicalistas y jornaleros que luchamos por una tierra que poder trabajar somos perseguidos y encarcelados”.

Entre las numerosas causas que ha enfrentado en los últimos años el SAT se cuentan las de ocho de sus militantes, entre ellos el propio Óscar Reina, que fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones de Somonte. En 2018, otras 48 personas encausadas por la misma razón fueron absueltas por los juzgados tras no poder acreditar la voluntad o el ánimo de permanencia que implica el delito de ocupación. La próxima cita con la justicia será el próximo 5 de septiembre, en Sevilla, donde 20 militantes enfrentarán una petición de 30 años de cárcel, un año y medio por persona, por parte de la Fiscalía y Mercadona, que actúa como acusación particular.

Ya en el ocaso del verano, y a expensas de una reunión incierta con la Junta, los jornaleros y militantes del SAT se afanan por limpiar y rehabilitar los espacios y preparar la nueva campaña. El campo no espera. Entre encinas y algarrobos, dicen haber plantado más de 500 árboles en los últimos años, y unos 200 olivos. En temporada, siembran y cosechan cereales y algunas leguminosas, todo en secano. Sin sistema de riego, el pozo que podría alimentar Somonte solo abastece al huerto.