Un error informático deja sin fecha el pago de casi 300 millones a 47.000 agricultores

  • El fallo de una aplicación del Ministerio de Agricultura impide pagar los anticipos de la Política Agraria Comunitaria en Aragón
  • “En las asambleas nos están diciendo que pidamos un adelanto porque hace falta dinero”, explica el secretario general de Uaga, José Manuel Penella

Un error en una aplicación del Ministerio de Agricultura ha suspendido y dejado sin fecha el pago de ayudas por valor de casi 300 millones de euros a 47.000 agricultores aragoneses.

La Comunidad autónoma, que actúa como mero transmisor de esos fondos, de origen comunitario, quiere hacer efectivos los ingresos antes de que termine el año, aunque su crítica situación financiera –ha tenido que pedir al Estado dos préstamos que suman 225 millones de euros para tapar agujeros y asegurar obligaciones como el pago de las nóminas- no permite que pueda adelantarlos.

Se trata de los anticipos de los fondos de la PAC (Política Agraria Comunitaria) con los que Bruselas subvenciona cada año al sector agrícola, un paquete de ayudas que en Aragón supone alrededor de 420 millones. Las normas europeas establecen el pago de un anticipo de hasta el 70% -no hay un mínimo- de la cuantía que corresponde a cada agricultor que, desde hace unos años, debe hacerse efectivo entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.

Fecha clave para las explotaciones

Ese dinero, en torno a 295 millones en la Comunidad, resulta fundamental para las explotaciones familiares, que suelen aplazar los vencimientos de pago a esas fechas y que en esas semanas tienen que realizar compras clave como las de las semillas.

Sin embargo, este año no hay fecha. La aplicación informática que el Magrama ha estrenado para asignar los derechos de cada agricultor en función de la extensión de las tierras que trabaja y del cultivo que produce en ellas no funciona correctamente. Y esa avería impide determinar las cuantías que corresponden a cada uno de ellos.

“Dependemos de la operatividad de la aplicación del Ministerio y de la ejecución de los derechos, que también depende de él”, señala el director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, José María Salamero, quien insiste en que “estamos articulando un plan de trabajo” y destaca “el compromiso claro del consejero [de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona] de hacer los pagos antes de fin de año”.

“Hace falta dinero”

Los agricultores, por su parte, reclaman una solución. “En las asambleas nos están diciendo que pidamos un adelanto porque hace falta dinero”, explica el s ecretario general de Uaga, José Manuel Penella.

“Los prioritario es que se pague el 100 % de la PAC antes de que acabe el año”, explica, “pero es preferible que haya un anticipo este mes. Ahora empieza el año agrícola y, entre otros gastos, hay que comprar las semillas y los abonos. Un adelanto garantizaría una liquidez muy necesaria en el campo”.

Penella recuerda que la campaña no ha sido buena en algunas ramas de la ganadería y tampoco, en precios y/o en producción, en algunas variedades de fruta, afectadas por la reedición del veto ruso en el caso de la dulce. Por otra parte, cooperativas todavía no han liquidado, por lo general, las entregas de género de agosto ni, en algunos casos, las de julio.

“El dinero [de la PAC] es de Bruselas y desde allí se ha dado permiso para pagar un anticipo. Han de hacer lo imposible por pagar este mismo año todo lo que sea posible”, añade.

Las administraciones tienen varios frentes abiertos en Aragón a cuenta de la PAC. Algunos se van resolviendo, como el pago de los seis millones de las indemnizaciones compensatorias para zonas de montaña y áreas desfavorecidas de 2014, que comenzó a hacerse efectivo la semana pasada reduciendo a un año el retraso previsto de dos.

Para otros, en cambio, no aparecen soluciones a corto plazo. Ocurre con el recorte de las ayudas en la provincia de Teruel derivado del nuevo sistema de regionalización, que ha tenido efectos similares en otras comunidades. Tejerina y Olona acordaron hace unos días abrir una vía de colaboración técnica ante la imposibilidad de que el Gobierno central pueda modificar de manera unilateral las normas de distribución de los fondos comunitarios en su territorio.