- El experto independiente sobre solidaridad internacional sostiene en su último informe que enjuiciar la asistencia humanitaria a migrantes «menoscaba o vulnera, de manera considerable, sus derechos humanos y es, pues, ilegal»
- Obiora Chabíanedu cita la obligación internacional de salvar vidas en peligro en el mar, pero también otros tratados como el protocolo contra el tráfico ilícito
- «La detención temporal y los largos juicios que han soportado los acusados pueden disuadir a muchos posibles rescatadores de intentar ayudar a los migrantes que corren peligro en el mar, lo que hará que se produzcan más muertes»
Imagen de archivo del equipo del Open arms // EFE
De un lado, casos como el de Carola Rackete, la capitana de Sea Watch que desembarcó sin permiso a 40 rescatados y está siendo investigada por «favorecer la inmigración clandestina», al igual que parte de la tripulación de Proactiva Open Arms, cuya nave fue incautada en 2018 y ahora permanece inmovilizada en un puerto siciliano tras desembarcar a 83 náufragos después de 19 días de bloqueo. Del otro, numerosas voces que advierten del incremento de la «criminalización» que enfrentan quienes defienden los derechos de las personas migrantes en Europa.
Uno de los últimos en expresar su preocupación ha sido el experto independiente de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional Obiora Chabíanedu Okafor, cuyas críticas se suman a las ya vertidas por relatores como Michel Forst o Angels Callamard.
En su último informe presentado al Consejo de Derechos Humanos el pasado julio, Chabíanedu da un paso más y considera que «la criminalización o la represión de la prestación de asistencia humanitaria» a refugiados y migrantes en situación irregular «menoscaba o vulnera, de manera considerable e injustificable, sus derechos humanos y es, pues, ilegal con arreglo a la normativa internacional».
A lo largo del documento, critica las «graves consecuencias» de los esfuerzos que han hecho «algunos Estados, organizaciones regionales y segmentos de la sociedad civil –[como grupos de ultraderecha]– por reprimir la expresión de la solidaridad internacional hacia los migrantes» sin papeles.
No obstante, el experto sostiene que «la práctica de tomar como objetivos a grupos humanitarios que tratan de rescatar a los migrantes irregulares que corren peligro en el mar» no es nueva. «Viene, por desgracia, de lejos», afirma. En este sentido, recuerda los casos del buque Cap Anamur de una ONG alemana, que en 2004 rescató a 37 personas en aguas frente a la costa libia, detenidos y acusados por favorecer la inmigración irregular, o el de los tripulantes de dos barcos pesqueros tunecinos (Morthada/el-Hedi) que en 2007 socorrieron a 44 migrantes en peligro fueron detenidos cuando arribaron a puerto. Todos fueron finalmente absueltos, pero tuvieron que pasar entre dos y cinco años para ello.
El especialista se apoya en ambos casos para defender su postura, recordando que el deber de quien esté a manos de un buque de rescatar a toda persona que corra peligro de ahogarse en el mar está consagrado en el derecho internacional, a través de varios instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En esta doctrina se basó la absolución en ambos casos.
«Las leyes y las prácticas nacionales y regionales en las que se penaliza o reprime a quienes ayudan a las personas que corren peligro de perder la vida en el mar contravienen, de manera patente, el régimen jurídico internacional en el que se reconoce el deber general de prestar asistencia en el mar», enfatiza el abogado canadiense a lo largo del documento. En otras palabras: «Reprimir o criminalizar a quienes acaten esa obligación de rescate atenta contra el derecho internacional general».
El hecho de que el rescate en el mar sea «una actividad sancionada» puede tener, alerta el experto, consecuencias en la conducta de quienes se encuentran en el mar ante vidas en peligro. «La detención temporal y los largos juicios que han soportado los acusados pueden disuadir a muchos posibles rescatadores de intentar ayudar a los migrantes o los refugiados que corren peligro en el mar», lamenta. El riesgo, a su juicio, es claro: «Hará que se produzcan más muertes evitables de las que ya se producen».
En esta línea, Chabíanedu niega tajantemente que la disminución de la presencia de las ONG en la zona de búsqueda y rescate vaya a producir un descenso de las salidas desde Libia y de las muertes. Es decir, desmiente una de las principales acusaciones que pesan sobre las organizaciones humanitarias, la de incentivar con sus embarcaciones que los migrantes arriesguen su vida en el mar.
«La mayoría de los países que han tomado medidas más frecuentes para penalizar o reprimir los rescates humanitarios de migrantes que corrían peligro en el mar por parte de ONG u otros agentes privados han argumentado que estas medidas tendrán como resultado final reducir al máximo las muertes de migrantes y refugiados en el mar. Su argumento es que tales muertes cesarán si su Armada y su sistema de justicia penal logran disuadir a los trabajadores humanitarios de ayudar a los migrantes irregulares que corren peligro en el mar, lo que disuadirá, a su vez, a estas personas de intentar cruzar el Mediterráneo u otros mares», recuerda. No obstante, indica, «hay pocas pruebas de que este planteamiento haya sido o pueda ser eficaz para detener los intentos, a menudo desesperados, que hacen los migrantes y los refugiados de cruzar el mar Mediterráneo y entrar en Europa».
En lo que va de año, al menos 594 han muerto en la ruta migratoria más mortífera del mundo. La peor tragedia del año, que se cobró al menos cien vidas, se produjo cuando no había ONG de rescate en la zona. Desde el primer cierre de puertos, los obstáculos fuerzan a los barcos humanitarios a alejarse de la zona de rescate durante días, algunos bloqueados en puerto, otros obligados a abandonar sus actividades, desalentadas por el aumento las restricciones.
Como resultado, en estos momentos, solo cuatro misiones humanitarias de rescate se mantienen operativas. La última en retomar su actividad y poner rumbo al mar ha sito la alemana Lifeline, que este lunes ha socorrido a cien personas. En mayo de 2017, poco después del acuerdo con Libia, había nueve organizaciones operando en aguas fronterizas.
Otras normas que contraviene la «criminalización»
Además de la obligación legal de rescatar, el experto independiente insiste en que varias normas internacionales de derechos humanos también prohíben, o «al menos limitan rigurosamente», tanto la criminalización de la ayuda a migrantes «como otras medidas de índole igualmente represiva mediante las cuales los Estados han intentado acabar con la prestación de asistencia humanitaria privada a esas personas». Se refiere a tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Según indica, en este último caso, el protocolo fija el parámetro de que los Estados penalicen el tráfico «en tanto que participe un grupo delictivo organizado» y, además, «salvaguarda, de manera explícita y completa, los demás derechos humanos internacionales que se garantizan a todos los seres humanos, incluidos los migrantes y sus aliados humanitarios».
Asimismo, Chabíanedu sostiene que las medidas que criminalizan la ayuda a estas personas «han impedido invariablemente a los migrantes irregulares y los refugiados disfrutar de muchos de sus derechos humanos, sobre todo de la recepción de servicios indispensables y de emergencia». Entre estos derechos, recuerda, están también el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona, a la libertad de expresión, a ser oído con las debidas garantías, a una vivienda, a una alimentación y un nivel de vida adecuados.
En su análisis, el experto de Naciones Unidas no solo se centra en la persecución y el enjuiciamiento a las ONG de rescate en el Mediterráneo. «Hay represión y criminalización de las expresiones de la solidaridad internacional fundada en los derechos humanos en muchos países del mundo», sostiene.
Así, recopila casos de trabajadores humanitarios «que ayudan a entrar en un país a migrantes en particular transportándolos hasta una frontera» o que los ayudan a desplazarse por el interior de un país, así como los que atienen sus «necesidades vitales», como los voluntarios de No More Deaths, en Estados Unidos, que proveen de agua, alimentos y asistencia médica en la frontera sur. «A menudo, esos grupos han sido objeto de medidas destinadas a intimidarlos o penalizarlos», recuerda el experto.
Igualmente, menciona las amenazas o los procedimientos judiciales contra los grupos humanitarios que alquilan alojamientos a migrantes sin papeles o las represalias contra los ayuntamientos, las autoridades religiosas y las ONG que les proporcionan refugio, o sentar en el banquillo a quienes participan en protestas a bordo de aviones «en solidaridad con migrantes irregulares que están a punto de ser deportados, o apoyan estas protestas».
En lo que se refiere a Europa, entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países, con Grecia a la cabeza, según ha documentado la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo. Entre ellas están la activista española Helena Maleno, cuya causa terminó siendo archivada por la Justicia marroquí este marzo o los tres bomberos andaluces de Proemaid que fueron finalmente declarados inocentes de un delito de tráfico por participar en tareas de rescate de refugiados.
Pide a los Estados que actúen
La conclusión final del experto independiente es tajante. «Es imperativo que los Estados y otros interesados redoblen sus esfuerzos por abordar, de manera mucho más eficaz, las cuestiones y las dificultades» a las que se enfrentan quienes prestan asistencia humanitaria a las personas en situación administrativa irregular. Chabíanedu exige a los Estados tomar medidas para poner fin a este fenómeno, como incluir «cláusulas» en las leyes de lucha contra el tráfico de personas «en las que se aclarara lo mejor posible que las personas y los grupos que prestan asistencia humanitaria a los migrantes no deben ser penalizadas ni reprimidas por dichas leyes».
Para ello pone de ejemplo Francia y la resolución del Tribunal Constitucional, que concluyó que el agricultor Cedric Herrou no era culpable de haber introducido ilícitamente migrantes en el país, «ya que había obrado con arreglo a los principios de la fraternidad (es decir, de la solidaridad)». «Esta resolución es sumamente instructiva y progresista», asevera el letrado.
O, como han pedido numerosas ONG, el experto insta a los países de la Unión Europea a modificar la Directiva 2002/90/CE también conocida como «directiva de facilitación», que define la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, «para que su cláusula humanitaria fuera obligatoria para todas las partes sujetas a ella».
