La CIG lleva a juicio las muertes y accidentes del AVE gallego a la vez que Pedro Sánchez promete a Núñez Feijóo que las obras del tren gallego concluirán, después de 18 años, antes de que finalice 2019.
Feijóo durante la visita a las obras de la estación intermodal de Santiago de Compostela // EFE/Xoan Rey/Archivo
El presidente Pedro Sánchez prometió hace unos días a su homólogo gallego, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que las obras del AVE gallego concluirán, después de 18 años, antes de que finalice 2019. “Le expresé mi preocupación, me voy con la palabra del presidente”, dijo a los medios Feijóo nada más salir de la Moncloa. Y es que, hace solo un mes, José Luis Ábalos declaró en el Congreso que el anterior Gobierno había comprometido plazos imposibles “para quedar bien”. El ministro de Fomento añadió que sería necesario revisar la fecha de finalización de algunos tramos del AVE para “no crear falsas expectativas”.
A pie de obra, opera una espesa trama de adjudicatarias, contratas, uniones temporales de empresas, subcontratas, subcontratas de las subcontratas y otros tipos de ingenierías empresariales. Las denuncias sindicales por delitos contra la seguridad laboral se acumulan contra ellas desde hace años. Los accidentes laborales en el tajo del tren gallego ya se han cobrado diez vidas, al menos. “Es tal la maraña de empresas que no sabemos realmente el número total de accidentes y heridos que llevamos”, señala el abogado de la Confederación Intersindical Galega (CIG) Anxo García Torres. “El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, dependiente del Ministerio de Fomento) no nos facilita información sobre las empresas que se subcontratan, y nos resulta imposible actualizar esos datos. Pero tenemos constancia de cientos de situaciones irregulares en cuestión de prevención y condiciones laborales”.
Entre las irregularidades que dicen haber detectado se incluyen jornadas de 12 y más horas sin abono del jornal extra, obreros prácticamente a destajo que comen y duermen en las cabinas de sus camiones sin salir de la obra, incumplimientos sistemáticos de las mínimas medidas de precaución en el manejo de explosivos o vehículos pesados, contratos irregulares, trabajadores sin seguro, relajación en el mantenimiento de maquinaria de gran tonelaje como grúas, tractores, excavadoras…
“Las denuncias administrativas sobre estos hechos, presentadas por CIG y otros sindicatos ante la inspección de Trabajo, la Seguridad Social y las subdelegaciones del Gobierno no producen cambios en la situación”, asegura el abogado Anxo García. “La Inspección de Trabajo, en muchas ocasiones, se inhibe alegando que la competencia de los túneles del AVE es del Departamento de Minas de la Xunta de Galiza, dejando tranquilas a las empresas que, en un gran número de casos, someten a sus trabajadores a unas condiciones que califican de tercermundistas e infralegales”.
El pasado 20 de diciembre de 2017, el sindicato nacionalista decidió desistir de la vía administrativa y pasó a la judicial. La letrada Begoña Alonso llevó ante el Juzgado Decano de Instrucción de Verín (Ourense) una denuncia penal para que se investiguen cuatro muertes, una amputación y varios accidentes en las obras con heridos de distinta gravedad. El 29 de enero de este año, el Juzgado nº 1 de Instrucción de Verín abrió diligencias previas, al considerar en su auto que los hechos denunciados penalmente por CIG “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito contra los derechos de los trabajadores”.
Las denuncias del sindicato están focalizadas en las obras del sureste de Galicia, dado que en esa zona “la concentración de accidentes de trabajo, incluso mortales, es de tal magnitud que revela no solo un deficiente funcionamiento de los servicios públicos, sino una dejadez absoluta, tanto en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y derechos de los trabajadores/as, por parte de las empresas adjudicatarias de las obras y de las Administraciones concedentes”, destaca el texto de la denuncia.
En el relato de hechos, se apunta en concreto contra “los órganos gubernamentales de inspección y seguridad en el trabajo de la Consellería de Industria de la Xunta”, y contra el ministerio de Fomento, por su irresponsabilidad “in vigilando”.
De los siniestros investigados podrían derivarse penas de seis meses a tres años de prisión. Y, si se prueba que cualquier “autoridad o funcionario público” tiene responsabilidad directa en los hechos, aunque fuera por omisión, podría ser condenado a “inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.
Anxo García Torres, abogado de la Confederación Intersindical Galega (CIG), ofrece más detalles de la investigación y el proceso judicial en una entrevista con Público:
¿Hasta qué jerarquía política podría llegar una sentencia condenatoria?
Dependería del tipo delictivo que el juzgado entendiese. En todo caso, la responsabilidad, fuera cual fuera el tipo delictivo, alcanzaría, desde la ladera penal, a los autores, colaboradores, cooperadores en la comisión del delito, fueran estos quien fueran; y desde la ladera civil, tanto a ellos como al Estado-Xunta, en caso de apreciarse un conducta negligente de este último en su deber de vigilancia. La responsabilidad criminal podría alcanzar tanto a autores directos como a todos los que cooperasen en la actuación. En ese abanico de posibilidades, los únicos sujetos susceptibles de ser investigados y/o condenados son las empresas adjudicatarias, las subcontratas e incluso Adif, dependiendo de si se le imputa algún tipo de conducta penal o no.
¿Podríamos incluso estar hablando de penas de cárcel?
Sí, evidentemente.
Algunos de los hechos que investigará penalmente la jueza de Verín ya han tenido condena administrativa. La Inspección de Trabajo impuso a la empresa ovetense Coprosa SA el “abono de un recargo del 30% de todas las prestaciones económicas que se satisfagan como consecuencia del accidente” que costó la vida, en 2015, al oficial de obra Lluis Camps Alonso, que falleció aplastado tras caer desde una grúa Manitou en el túnel de O Corno. El inspector que investigó el accidente, en un informe datado un año después y al que ha tenido acceso Público, concluyó que la Manitou “no estaba en condiciones de trabajo”, y apreció “infracción del reglamento de Seguridad Minera, al no disponer la máquina utilizada de los elementos para garantizar la seguridad del trabajador”.
Otro accidente por negligencia en el mantenimiento y supervisión de maquinaria pesada provocó la amputación de una mano a un operario. La amasadora de hormigón que estaba limpiando el 23 de marzo de 2016 en las obras de Laza tenía desactivado su principal mecanismo de seguridad. “Estaba anulado y desatornillado en la base”, corroboró el inspector encargado de la investigación. Se demostró, además, que el trabajador accidentado no había recibido formación específica para el manejo de esta máquina. Ni siquiera le facilitaron el manual de instrucciones. La empresa, en teoría, había revisado la Sicoma dos meses antes. La sanción a Hormigones Carral fue de 2.046 euros.
«Están más preocupados por la realización de las obras que por los derechos de los trabajadores y trabajadoras»
Otros de los sucesos fueron archivados sin expediente administrativo sancionador. Pero CIG quiere que los vuelva a investigar el juez. Aseguran que, detrás de lo que puedan parecer accidentes fortuitos, a menudo se esconden distracciones causadas por el exceso de horas de trabajo que les exigen, presuntamente, las subcontratas para mantener el puesto, o por el incumplimiento flagrante de las más elementales medidas de seguridad. El ingeniero Carlos Zabala fue aplastado por un autovolquete Dumper en el túnel del Prado. El conductor iba marcha atrás, a velocidad excesiva según los testigos. Las normas exigen que la empresa desaloje las proximidades de la zona en que hay maquinaria pesada en movimiento.
Se puede decir que la Xunta, Adif y/o el ministerio están actuando como cómplices por omisión de las empresas infractoras?
No se puede decir eso. Se puede decir que el Estado (Xunta, Adif, Ministerio), tras las muertes acontecidas, no está desplegando una actuación diligente de protección de los trabajadores y de prevención de los siniestros, como es su obligación. Están más preocupados por la realización de las obras que por los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Usted ha pedido oficialmente una operativa inspectora sobre las subcontratas, con permanencia en el tiempo y ejecución sobre el terreno. ¿Cómo están trabajando en la actualidad estos inspectores?
Esa operativa se solicitó a la Subdelegación del Goberno. Nada se hizo, a pesar de los compromisos adquiridos por el subdelegado del Gobierno en su día. Los inspectores no participan en ninguna operativa especial, simplemente rinden visitas bien por denuncia de parte, bien por su propia programación ordinaria.
Los técnicos de Adif están en estos momentos estudiando la denuncia, aunque todavía declinan valorarla porque ni siquiera han reunido aun la documentación completa. De hecho, aunque son citados en la denuncia, no pesa ningún tipo de acusación sobre ellos. Es más, en el escrito de la acusación no hay acusado: solo se insta al juez a investigar si en los accidentes denunciados existen más responsabilidades que las administrativas.
Adif ya está preparando toda la documentación
“Ya nos han enviado los primeros correos y está el equipo responsable preparando los informes técnicos correspondientes y toda la documentación”, señalan fuentes de la dirección de Adif.
“No es una demanda propiamente contra Adif. Si hubiera sido la demandada nos tendrían que haber llegado la documentación oficial del juzgado”, continúan las mismas fuentes. “En un primer análisis, lo que se puede decir es que Adif ha cumplido su papel, porque tomó en todos estos casos las medidas que le corresponden, elaboró su Plan de Salud y Seguridad. La responsabilidad última sería de las empresas contratistas y la inspección de Trabajo”, concluye.
