Unidos Podemos prepara una ley para que las escuelas concertadas que lo soliciten puedan hacerse públicas

  • El grupo ultima un proyecto de ley que registrará en septiembre dirigido especialmente a las cooperativas de maestros hostigadas por la crisis
  • El texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, detalla que la decisión será de cada centro y obliga a la conversión de la plantilla en funcionarios en cinco años

Alumnos de primero de Primaria del Colegio Montserrat de Madrid durante un taller de creatividad.

Alumnos de primero de Primaria del Colegio Montserrat de Madrid durante un taller de creatividad.

El grupo confederal de Unidos Podemos está ultimando la redacción de una proposición de ley que permita a los centros concertados y privados que quieran y cumplan una serie de requisitos integrarse en la red pública. En la iniciativa, a la que ha tenido acceso  eldiario.es, se detalla que la decisión deberá partir de cada centro con el consentimiento de familias y docentes, contar el visto bueno del Ayuntamiento correspondiente y asegurar una conversión de la plantilla en funcionarios en un plazo de cinco años.

El texto aún no se ha cerrado pero está previsto que se registre a principios del mes de septiembre, explican fuentes de Unidos Podemos. El objetivo, dicen, es devolver a la red concertada el carácter “subsidiario” respecto a la red pública con el que nació en los años 80 cuando “el sistema educativo requirió de más plazas de las que en ese momento disponía”, dice la exposición de motivos.

La proposición de ley –con la que Unidos Podemos espera recabar el apoyo de los socialistas, ERC y Compromís– se concibe desde el grupo confederal como una opción “para aquellas cooperativas y centros de innovación pedagógica que durante los años de crisis lo han pasado muy mal y su viabilidad no está siquiera asegurada”, señala el diputado y portavoz de Educación Javier Sánchez, uno de los impulsores de la iniciativa junto a Joan Mena, de En Comú-Podem. El porcentaje de centros concertados que escapan a la gestión de una orden religiosa suele ser minoritario en todas las comunidades autónomas.

Un 32,4% de los más de ocho millones de alumnos y alumnas se matricularon el año pasado en centros concertados o privados, según las  últimas cifras del Ministerio de Educación. Son más de dos millones y medio. La proporción se ha mantenido similar desde que comenzó la crisis, aunque excepciones como la Comunidad de Madrid, donde la concertada y privada –Educación no desglosa los datos de una y otra– tiene en sus aulas a casi la mitad (el 46%) de los chicos y chicas que estudian en la región. Estos porcentajes se alejan mucho de los que se dan en Europa, donde un 90% de los estudiantes asisten a centros públicos y solo un 10 a privados o concertados (en el caso de que exista este último modelo), según datos de Eurostat.

Un proceso largo con muchos filtros

Unidos Podemos quiere cambiar esta distribución con una ley que no obliga pero sí deja a elección de los centros pasar a formar parte de la red pública. Para hacerlo, tendrán que inscribirse en un proceso de convocatoria de la administración competente –las comunidades autónomas–, a través de un convenio con el Ministerio de Educación, el ayuntamiento donde se encuentre el centro y el titular del colegio. Antes de que eso ocurra, la decisión deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar (donde están representadas las familias) y el claustro de profesores.

Una vez pasado este primer filtro, el centro presentaría varios informes sobre su situación económica, la de sus instalaciones, el alumnado y el personal. Todo ello tiene que pasar por un segundo filtro: una comisión con participación de la administración que asumiría la titularidad del centro, el Ministerio de Educación, el ayuntamiento correspondiente y una representación de los trabajadores y del Consejo Escolar que aprueba o no la solicitud de integración.

¿Y qué ocurre con la plantilla del centro privado o concertado? Según el texto que está cerrado Unidos Podemos, tendrá que elaborarse un “protocolo laboral” acordado con los docentes y el personal administrativo y los sindicatos que garantice su continuidad. Aunque en un plazo de cinco años se les obliga a “participar en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios”. El cambio de manos del inmueble donde se ubican las aulas también se concreta en la proposición de ley. Será la administración pública correspondiente–ya sea un gobierno local o regional, en función de las competencias– “se procederá a su adquisición o arrendamiento”.

Marcar posiciones políticas de cara al pacto

Con la presentación de esta proposición de ley y otras registradas en el mes de julio los partidos empiezan a marcar las posturas que defenderán en los próximos meses, cuando los grupos entrarán en la fase más compleja del Pacto de Estado Social y Político por la Educación: la redacción del documento que presentarán al Gobierno. Hasta ahora la subcomisión solo ha recibido las comparecencias de expertos y expertas.

En su primer programa electoral, el de las elecciones europeas de 2014, Pablo Iglesias recogía la “eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos”. Y meses después, en su primera entrevista como secretario general del partido, Iglesias apostó por “reducirla a situaciones experimentales”. La proposición de ley que ahora redacta el grupo confederal queda bastante lejos de estas primeras ideas, cuyo traslado a la realidad sería muy complejo en el contexto actual, analizan los expertos.

“Debemos recordar que la red concertada nació con un propósito de subsidiaridad, algo que ha sido completamente distorsionado por el Gobierno del PP”, dice el diputado Javier Sánchez.  En el marco de ese futuro pacto educativo, el grupo quiere “devolver a la escuela pública el papel que se merece a la vez que vamos integrando las escuelas concertadas que así lo soliciten”, añade Sánchez.

La propuesta cuenta con un precedente que recogen en la exposición de motivos: una ley aprobada en el Parlamento de Cataluña en 1983 que permitió la integración de 71 escuelas privadas catalanas –la red escuelas del CEPEPC– gestionadas por cooperativas que se movilizaron para entrar en la red pública.

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