El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para mejorar el acceso al alquiler y regular la subida de los precios.
Presentación de la PL en el Congreso para regular los alquileres abusivos // Dani Gago
La Propuesta de Ley (PL), presentada hoy y firmada por la portavoz de En Comú Podem Lucía Martín y el diputado de Podemos Rafa Mayoral, pretende modificar varios de los artículos de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), modifica en 2013. Rafa Mayoral ha declarado en rueda de prensa que esta propuesta pretende principalmente «regular los alquileres abusivos y mejorar el acceso al alquiler» y que “es una defensa de garantía y derecho a la vivienda necesaria para cumplir con nuestros compromisos internacionales en derechos humanos en materia de vivienda”.
Martín, por su parte, ha explicado los cambios más notables de esta propuesta de ley que, según esta diputada, es “una proposición urgente, que responde a necesidades concretas y reales y que propone medidas que son imprescindibles si queremos evitar que la especulación arrase con la vivienda en alquiler”.
Una de las principales medidas de esta propuesta es revertir la modificación de la LAU de 2013 para volver a los contratos mínimos de cinco años más una posible prórroga de otros cinco. En esa última modificación de la ley, este periodo se vio reducido a los tres años más uno de prórroga, coincidiendo con el cambio en el régimen de las Socimi realizado unos meses antes que obliga a la empresa a mantener la propiedad tres años.
“Mientras esté la LAU vigente y todas estas ventajas para las Socimis, no podremos regular el precio de la vivienda para proteger a las familias”, ha declarado el concejal de vivienda de Barcelona por Barcelona en Comú, Josep Maria Montaner Martorell, durante la rueda de prensa de presentación de la propuesta, a la que también asistieron sus homólogos de los ayuntamientos de Madrid, A Coruña, Córdoba, Valencia, Cádiz y Zaragoza.
Pablo Hijar, concejal de vivienda de Zaragoza por Zaragoza en Común, ha declarado que el problema de la gentrificación y la burbuja de los alquileres no es algo que atañe solo a ciudades muy turistificadas, ya que, según ha explicado, “Zaragoza también está sufriendo este proceso que expulsa a la gente y necesitamos que haya una regulación que facilite el acceso a vivienda a todas las personas”.
Pero el texto presentado pretende también hacer una diferenciación entre personas físicas y personas jurídicas en cuanto a la prórroga. Esta propuesta pretende que si el propietario es una persona jurídica, por ejemplo una inmobiliaria o Socimi, y la persona inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y quiere cumplir la prórroga de cinco años más, la persona jurídica estará obligada a concederla.
“La reforma de la LAU de 2013 fue un fracaso que ha dejado más desprotegidas a las personas inquilinas”, ha declarado en la rueda de prensa Pilar Garrido, senadora y responsable del Área de Vivienda de Podemos, que ha explicado que esta propuesta de ley pretende revertir las últimas reformas que ha realizado el Partido Popular.
Áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado
Otra de las novedades que promueve esta iniciativa es que los municipios, en coordinación con las Comunidades Autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado (AUMVT) en las que, temporalmente y de forma justificada con criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios, contención de rentas para evitar subidas abusivas en los alquileres.
José Manuel Calvo, concejal de vivienda de Madrid por Ahora Madrid, ha lamentado que el Gobierno no esté regulando en favor de controlar esta burbuja del alquiler, sino al contrario y ha declarado que “es necesario limitar el precio de los alquileres para controlar esta escalada de precios de la vivienda”, para lo que ve necesario un apoyo legislativo como el que pretende esta Proposición.
Los requisitos para poder declarar un área AUMVT pasaría porque exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler, según registro de demandantes autonómico o local, no satisfecha, que la oferta de viviendas vacantes asequibles sea inferior a la media del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva, que se esté produciendo un proceso de gentrificación que esté expulsando a los vecinos debido al crecimiento constante de las rentas o que los precios hayan crecido un 15% o más en los últimos cinco años.
Los precios de alquiler máximo para esas áreas se basará en índices de precios de referencia que serán elaborados por las Autonomías en base a las rentas de los contratos de vivienda habitual ponderados con otros criterios como: estado de vivienda, accesibilidad, localización, rentas familiares de la zona, etc. En caso de que los propietarios se salten dichos límites, el texto presentado hoy propone que esas cantidades que excedan el límite se puedan reclamar de manera judicial.
