- Desde el 5 de julio, los padres tienen cinco semanas de permiso, pero algunas administraciones han sido pioneras en equiparar e incluso ampliar los permisos por maternidad y paternidad
- En 2017 el Ayuntamiento de Valencia aprobó una equiparación progresiva que termina en 2019: «Las administraciones deben poner las condiciones para que quien desee tener hijos pueda hacerlo y para poner en práctica la cacareada conciliación»
- Euskadi financiará un permiso equiparado a todos los padres a partir de 2019 y Andalucía lo hará progresivamente con sus empleados públicos
Un padre y su hijo // Europa Press
Desde el pasado 5 de julio, los padres (también los progenitores no gestantes de las parejas) en España tienen cinco semanas de permiso de paternidad. Días antes, el Congreso aprobaba por unanimidad una proposición de ley de Unidos Podemos para equiparar progresivamente los permisos de maternidad y paternidad que ahora tiene que ser tramitada. Dos imágenes que muestran como los permisos por cuidado de hijos se han situado en el centro de las políticas de igualdad, aunque no sin debate. Otras administraciones van por delante: es el caso del ayuntamiento de Valencia, de Euskadi o de Andalucía, que ya tienen en marcha la equiparación e incluso ampliación de los permisos de maternidad y paternidad para sus empleados públicos y con cargo a sus presupuestos.
El ayuntamiento de Valencia fue pionero: en 2016 el acuerdo laboral para tres años que firmaron el consistorio y los sindicatos incluyó una equiparación progresiva del permiso de paternidad para los empleados públicos. En 2017, el permiso se amplío a dos meses, a tres meses en 2018 y a cuatro meses el próximo año. Funciona como un permiso remunerado: el trabajador sigue en activo pero sin trabajar y el ayuntamiento asume durante ese periodo su cotización y su sueldo.
«Era el primer acuerdo laboral después del cambio de Gobierno y queríamos recuperar derechos e ir más allá. Creo que las administraciones tienen una responsabilidad y queremos mostrar el camino a la empresa privada y a la sociedad en general: es una cuestión de política social, de poner en práctica la tan cacareada conciliación, de que las administraciones pongan las condiciones para que quien desee tener hijos pueda hacerlo y que la maternidad y la paternidad puedan ejercerse de forma responsable», explica el concejal de Servicios del ayuntamiento, Sergi Campillo.
La plantilla del consistorio es de unas 5.000 personas, con casi paridad entre mujeres y hombres. En 2016 y 2017, 60 personas cada año se acogieron a este permiso ampliado, y ya van 31 en lo que va de 2018. El coste directo es nulo porque tanto el salario como la cotización de la plantilla ya está contemplado en los presupuestos anuales.»El efecto es positivo: es un salto en conciliación y se lanza el mensaje de que las cargas de la maternidad y la paternidad deben compartirse», dice el secretario de la Sección Sindical de CCOO en el ayuntamiento, Juan Carlos Gallart. Él mismo cogió el permiso cuando aún era de dos meses: «En casa fue un alivio tremendo. La vida cambia, poder compartir la crianza es muy importante. Lo fue para ella y lo fue para mí».
También la Generalitat valenciana fue más allá de las cinco semanas actuales: en 2016, cuando el permiso concedido por la Seguridad Social a los padres era de cuatro semanas. el gobierno autonómico pactó con los sindicatos un permiso paternal de seis semanas. En este caso, el personal que depende de la Generalitat asciende a 150.000 personas, el 45% hombres, que incluye docencia, personal médico, administración de justicia y función pública.
«Se está usando, no es algo que haya quedado de cara a la galería. El año que viene tenemos que renovar el acuerdo y queremos ir más allá, nuestra intención es llegar a la equiparación. En 2016 era difícil conseguirlo porque la comunidad estaba muy vigilada por Hacienda», apunta el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Pais Valencià, Juan Cruz.
Andalucía anunció la semana pasada que desde este año y hasta 2020 equiparará y ampliará los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas para el personal de su sector público. El permiso, como en el caso de ayuntamiento y la comunidad valenciana, es intransferible, pagado al cien por cien e inmediato después del parto o la adopción. Aunque su nombre oficial es el de permiso de paternidad, en Andalucía, como en todos los casos, también afecta a los progenitores de las parejas del mismo sexo. Los cálculos de la comunidad son que unas 4.000 personas se beneficien cada año de este permiso ampliado.
«Es un impulso claro hacia la igualdad», dice la secretaria de Igualdad del sindicato CSIF, uno de los firmantes, junto a CCOO y UGT, del acuerdo en Andalucía, Marian Mur. Mur añade que esta medida es clave pero que va acompañada de otras que buscan que la conciliación sea una realidad, y no solo para mujeres, como la jornada de 35 horas semanales, el cierre de centros de trabajo a las seis de la tarde, o la bolsa de horas, que permite reservar una parte del tiempo de trabajo para necesidades de conciliación, como acompañar a un familiar al médico.
Euskadi: ampliación para todos los padres
En otras comunidades, como Madrid o Asturias, los sindicatos ya negocian con la administración este tipo de medidas, incluida la ampliación del permiso paternal. Mur también es de la opinión de que las administraciones tienen que dar ejemplo. «Y solucionar las brechas internas, que también existen y que hacen para los puestos de responsabilidad muchas veces las mujeres no cuenten o que sean ellas las que cogen todos los permisos y vean sus carreras y futuros derechos mermados», añade.
A comienzos de año, el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, anunciaba que Euskadi equipararía los permisos de maternidad y paternidad de su personal público. Una equiparación que, finalmente, Euskadi implantará para todos los padres. La idea: tratar de corregir el desequilibrio en los cuidados, aumentar la implicación de los hombres y fomentar la natalidad.
En el caso de los empleados públicos, sus permisos equiparados están garantizados por la Ley de Empleo Público Vasco, que contempla una remuneración de 100% de la base de cotización. En el caso de los trabajadores de la empresa privada, la ampliación funcionará como una excedencia: durante ese periodo el Gobierno Vasco financiará su sueldo, aunque, al ser un permiso, no se cotizará. El coste estimado es de unos 83 millones de euros al año y comenzará a implantarse a partir del próximo año.
