A pesar de enfrentarse a una petición de siete años de cárcel por corrupción en la trama “Gurtel”, uno de los empresarios más ligados al Partido Popular en Castilla y León, José Luis Ulibarri sigue recibiendo adjudicaciones de las administraciones, también de aquellas en manos socialistas.
Esta vez le ha tocado el turno al Ayuntamiento de Valladolid, que el pasado 28 de julio adjudicó un contrato para la gestión de una escuela infantil a Aralia Servicios Sanitarios, una de las múltiples sociedades vinculadas al empresario, hasta ahora dedicada al negocio de las residencias de ancianos y servicios a la tercera edad. Hace tan solo dos días esta empresa amplió su objeto social en el Registro Mercantil incluyendo también educación y servicios escolares diversos.
Aralia, a pesar de no obtener las mejores calificaciones en el proyecto educativo, acabó adjudicándose el contrato para la guardería “Platero” porque presentó la oferta económica más baja: 133.100 euros anuales por un contrato de dos cursos escolares, una cantidad considerablemente menor que el precio inicial de licitación, 172.929 euros. Hasta entonces la gestión de la escuela infantil la había realizado durante 25 años una empresa vallisoletana, Esimpla.
Tanto esta empresa, como la asociación de padres y madres de la escuela, han advertido que la baja oferta podría traducirse en una merma en la calidad de los servicios ofrecidos a los niños. Ambos lamentaron también la prioridad dada en el concurso a la oferta económica (un 60 % frente al 40% del proyecto educativo) que desplaza a pequeñas empresas con experiencia a favor de grandes grupos empresariales “que igual organizan mudanzas, que desbrozan jardines, hacen limpiezas industriales u organizan eventos allí donde se les reclama”. José Luis Ulibarri es uno de los 27 procesados en el juicio abierto el pasado junio a la trama “Gürtel» en Boadilla del Monte (Madrid).
Al constructor burgalés se le acusa de haber pagado un millón de euros en sobornos para que a su empresa UFC S.A. se le adjudicase una parcela en la que levantó después una urbanización de lujo. En concreto la fiscalía pide para él siete años y un mes por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
En este proceso se juzga también al PP, en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red.
El constructor imputado inició su andadura empresarial en León con la constructora Begar, sobre la que levantó todo un imperio empresarial alimentado en gran parte por la burbuja inmobiliaria y las concesiones administrativas en los más variados ámbitos: construcción, sanidad privada, servicios de limpieza, seguridad privada, transporte público, residencias de ancianos y centros de día.
Posee asimismo varias cabeceras regionales, como el Diario de León, el Correo de Burgos, el Diario de Valladolid o el Diario de Soria y para corroborar su poder basta ver, en estos mismos periódicos, las imágenes de los eventos que organiza, en las que se puede pasar lista a las fuerzas vivas de la región, desde empresarios, políticos, miembros de la Iglesia y la Justicia hasta consejeros hasta el presidente del gobierno autonómico, Vicente Herrera con sus consejeros. Incluso Zapatero se ha fotografiado a su lado y el anterior alcalde de Valladolid, el popular León de la Riva, famoso por sus salidas de tono, presumía de amistad y paseos en yate con el constructor.
Pero el imperio del magnate Ulibarri no ha buscado solo la sombra de los políticos del PP de Castilla y León. En Valencia, bien arropado por Francisco Camps y González Pons consiguió, con la empresa Mediamed, 13 licencias de Televisión Digital en un concurso posteriormente anulado por el Tribunal Supremo.
El gobierno de Valencia también le adjudicó a una de sus empresas el Hospital de Liria, cuya construcción abandonó al declararse en suspensión de pagos. En Madrid recibió también varias concesiones de la Consejería de Educación para construir al menos cuatro colegios, a los que hay que añadir el Hospital de Vallecas, y otros encargos como el de una parte del Campus de la Justicia. Su empresa de seguridad privada, Athena Seguridad, también ha sido adjudicataria de concesiones millonarias.
Antes de que el juez Garzón le implicase en la trama “Gürtel” todo parecía indicar que nada podía obstaculizar el camino de Ulibarri para seguir acumulando dinero y poder. Ahora, sin embargo, con su imputación y la petición de cárcel, los continuos escándalos, las concesiones anuladas, los proyectos abandonados, los varios concursos de acreedores, las protestas laborales en sus empresas cabría pensar que la caída es irrefrenable. La suspensión de pagos hace unas semanas de Elodea, la nueva denominación del grupo Begar, con una deuda de casi 190 millones de euros, parece dar la pincelada definitiva al cuadro de la decadencia.
Pero Ulibarri se resiste a morir, como corresponde posiblemente a un empresario que conoce bien las estrategias mafiosas en un país y una sociedad que no señala con el dedo ni a corruptos ni a corruptores. Con la empresa Aralia, Ulibarri está buscando un nuevo nicho de negocio y de concesiones públicas en los servicios a la tercera edad y ya consiguió por ejemplo que el gobierno de Cospedal le adjudicase en 2014 un contrato de 34 millones para la gestión de una residencia de ancianos durante 10 años.
Tiene centros asistenciales en Cantabria, Aragón, Murcia y sobre todo en Castilla y León donde ha llegado incluso a obtener por parte del gobierno autonómico la concesión de una residencia para enfermos mentales en Ávila a pesar de su inexperiencia en el sector. Hasta hace dos días tampoco la tenía en el negocio de la educación.
