- Encasa Cibeles puso el viernes pasado puertas «antiasalto» en los cajetines de la luz de uno de estos edificios de Parla para evitar «enganches ilegales»
- La vivienda forma parte del lote de protección oficial vendido en 2012 por el IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs
- La PAH asegura que la empresa no quiere negociar alquileres sociales con las familias que han ocupado varios pisos tras ser víctimas de desahucios
Operarios trabajan custodiados por la Policía en los cajetines eléctricos en Parla
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sigue su lucha en defensa de los vecinos que intentan permanecer en las viviendas de protección oficial que el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) vendió en 2012 al fondo buitre de inversión Azora-Goldman Sachs, y que gestionan ahora sus empresas filiales.
El último escenario ha sido nuevamente la localidad madrileña de Parla, donde activistas de la PAH, junto con varias de las familias que habitan el edificio de la Avenida de la Estrella Nº3, intentaron impedir el pasado viernes –sin éxito– que operarios enviados por la empresa Encasa Cibeles, propietaria ahora del inmueble, sellaran con puertas «antiasalto» los cajetines de los contadores de luz y agua.
Según portavoces de Encasa Cibeles, filial de Goldman Sachs, el objetivo de la acción fue «evitar poner en peligro la seguridad de las personas ante la manipulación ilegal y desperfectos detectados en instalaciones y cuartos de sistemas de electricidad y gas».
La versión de la PAH y de los vecinos difiere totalmente. Aseguran que la intención de la empresa realmente era impedir que varias familias que se encuentran en situación de precariedad económica, que ocuparon algunos de los pisos tras ser víctimas de desahucios, pudieran engancharse a la luz para no quedarse sin suministro en pleno invierno.
Los activistas de la PAH de Parla insisten en que llevan «más de un año y medio de negociaciones» tanto con Encasa Cibeles como con la empresa suministradora, Iberdrola, para buscar soluciones y regularizar la situación de este grupo de familias vulnerables, «pero no hay manera, no quieren», aseguran.
La instalación de las puertas «antiasalto» se llevó a cabo en medio de una gran tensión y ante un fuerte dispositivo policial. «Vinieron hasta 11 dotaciones de la Policía Nacional que acompañaron a los vigilantes y a los operarios», según miembros de la PAH de Parla que fueron testigos de los hechos.
Cerca de 3.000 viviendas del Ivima afectadas
El edificio donde se desarrollaron los hechos perteneció al Ivima dentro del plan de vivienda de la CAM con alquileres sociales. Pero a principios de 2013 terminó formando parte del lote de cerca de 3.000 pisos vendidos a Goldman Sachs, que a su vez los puso en manos de sus filiales, como Encasa Cibeles, que se encargó de subrogar los contratos.
«En este edificio de Parla hay distintas tipologías de personas afectadas, de un total de 52 familias, pero en esa urbanización creemos que el tema de pobreza energética puede alcanzar a cerca de un centenar», afirma uno de los portavoces de la plataforma.
La PAH sostiene que el objetivo de esta empresa es echar tarde o temprano a todos los inquilinos para poder revender los pisos y hacer «un buen negocio con ellos» una vez que finalice la protección oficial que tenían.
Aunque la venta de ese amplio lote de viviendas comenzó en 2012, el proceso no se consumó hasta octubre del 2013 y fue denunciado, por lo que está en manos de los tribunales.
La operación se llevó por delante al exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, que por entonces ocupaba la dirección general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Van Halen presentó su dimisión al ser citado a declarar en calidad de «investigado».
Tras la operación de venta muchas viviendas se quedaron vacías por la subida del alquiler por parte de Encasa Cibeles. Algunas de ellas fueron «recuperadas», es decir, «ocupadas» por personas procedentes de desahucios, reconocen en la PAH. «Son personas sin recursos. En el caso de Parla, nosotros llevamos un año y medio intentando negociar un alquiler social para estos casos pero la empresa se niega a llegar a un acuerdo. Se opone porque su objetivo es echar a los vecinos para revender las viviendas y lucrarse en el negocio», insisten.
Ofertas para que se vayan
Además, según desvelan, algunos inquilinos cuyos contratos finalizan entre 2017 y 2018, han recibido ya burofax anunciándoles que no les renovarán los alquileres a los precisos actuales que oscilan entre los 300 y los 400 euros, e incluso, en algunos casos, menos.
«La empresa ha llegado a ofrecer a las familias hasta 8.000 euros para que abandonen las viviendas, ofertas que han rechazado, ya que necesitan un techo para vivir», replican los activistas.
En Madrid, uno de los distritos más afectados por esta situación es el Ensanche de Vallecas, donde también se han vivido escenas similares a las de Parla. La Coordinadora de Vivienda de Madrid compuesta por todas las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y Grupos de Stop Desahucios siguen volcados en sus causas.
Un portavoz de la inmobiliaria Encasa Cibeles asegura que la empresa no ha precintado los contadores y que tampoco es responsable del corte del suministro eléctrico. Según explica a eldiario.es, los operarios acudieron al inmueble solo para colocar puertas en los cajetines de los contadores que habían sido arrancadas, ya que suponía «un peligro» para los vecinos: «Encasa Cibeles tiene la obligación de realizar las tareas de mantenimiento necesarias, como hace de manera rutinaria y periódica en todos los edificios que gestiona».
