La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid y su marido, Antonio Suárez Valdés, son propietarios de al menos doce inmuebles en la Comunidad de Madrid.
Begoña Villacís, en la celebración de los resultados de las elecciones de mayo de 2015 // Juan Zarza
Las propiedades del matrimonio formado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su marido, Antonio Suárez-Valdés, abogado y actualmente administrador único de Iuriscontencia —sociedad que antes compartía con Villacís— superan los 2,5 millones de euros de precio de mercado.
Según se desprende de la información de los registros de la propiedad, el matrimonio y Iuriscontencia SL atesoran un total de doce inmuebles en la Comunidad de Madrid, entre los que se cuenta la vivienda de más 600 metros cuadrados sobre una superficie de 2.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada.
Según el perfil de Villacís en la web de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, la concejal de Ciudadanos tiene cuatro propiedades inmobiliarias, tres de ellas en Madrid y una más en Villanueva del Pardillo. Una de las propiedades, adquirida en agosto de 2005 está ubicada en la calle Hernani, en el barrio de Cuatro Caminos, y tiene 69 metros cuadrados. Tendría actualmente un precio de compra-venta estimado en 316.936 euros, según la calculadora de Bankia, que utiliza datos del portal de vivienda Idealista y de la Dirección General del Catastro. Otra de las propiedades de Villacís está ubicada en la calle de la Paloma de Majadahonda. Con cerca de 100 metros cuadrados, tiene un valor de mercado de cerca de 353.000 euros y fue adquirida por el matrimonio en enero de 2004. A estas se sumarían una o varias propiedades en la zona de Moncloa sobre las cuales el Registro de la Propiedad de Madrid número 5, a diferencia de los anteriores, se ha negado a facilitar información amparándose en la Ley de Protección de datos 15/1999 y en el artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario, una norma nacida en 1947.
Por su parte, Antonio Suárez-Valdés, marido de Villacís y actualmente administrador único de Iuriscontencia SL, tiene al menos otras seis propiedades inmobiliarias. En la calle Julián Besteiro —antes denominada General Valera— dispone de dos pisos de 43 y 46 metros cuadrados con precios de compra-venta de cerca de 189.000 euros cada uno, además de una plaza de garaje. En Torrejón de Ardoz suma una vivienda más, de 60 metros cuadrados, con un valor de compra-venta de cerca de 197.000 euros en la Avenida Fresnos. Suárez-Valdés también tiene propiedades en Majadahonda, pero el Registro de la Propiedad de Majadahonda número 2 también se ha negado a facilitar la nota simple de las propiedades afirmando que “por protección de datos no podemos facilitar la información de dichos titulares”. También en Torrelodones, cuyo Registro de la Propiedad también ha rechazado ofrecer información afirmando que esta “no está disponible en ese momento” y que “el titular aportado [en referencia a Antonio Suárez-Valdés] es un abogado con causas judiciales abiertas” y que “por protección de datos no podemos facilitar la información”.
A las viviendas a nombre de Villacís y Suárez-Valdés se suman las que el matrimonio tiene a nombre de su empresa, Iuriscontencia SL. El chalet de Villanueva de la Cañada, donde se aloja el matrimonio y que fue adquirido en julio de 2008, con una superficie de 600 metros construidos sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados, tiene un valor de mercado que ronda los 1,2 millones de euros. La empresa de asesoría legal también tiene a su nombre un local comercial en la antigua calle General Rodrigo —actualmente Maestro Ángel Llorca—.
El bufete Suárez Valdés pleiteó contra el Ayuntamiento en 2017
Villacís cesó como administradora solidaria de Iuriscontencia SL el 26 de marzo de 2018, después de la publicación por parte de El Salto de su relación con la empresa, tras la querella que Suárez-Valdés, en nombre de la Unión de Policías Municipales (UPM), interpuso contra Rommy Arce, Malick Gueye y Juan Carlos Monedero. Villacís omitió su relación con esta empresa en las declaraciones de Transparencia del Ayuntamiento de los años 2015, 2016 y 2017. A raíz de esta irregularidad, que el Gabinete de la Alcaldía conocía por un informe interno, Izquierda Unida planteó una querella el pasado 25 de marzo por un presunto delito de “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función el artículo 441 del Código Penal”.
Villacís, según Izquierda Unida, no pidió la compatibilidad de su cargo de concejal con el de administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia S. L., a través de la cual funciona el bufete de abogados Suárez-Valdés. Dos sentencias judiciales a los que ha tenido acceso El Salto muestran que el bufete de Antonio Suárez-Valdés representó a dos policías locales entre el 30 de junio de 2017 y el 3 de octubre de 2017, dos años después de la elección como concejal de Begoña Villacís. En las dos, el despacho de Suárez-Valdés ganó la partida al Ayuntamiento.
