- La Plataforma per la Llengua denuncia un caso de discriminación lingüística protagonizado por un sanitario de una ambulancia 112 a la hija de una paciente tras pedirle que dejara de hablar en valenciano
- Aplazado por incomparecencia el juicio a dos policías que denunciaron en Elche a un hombre que les habló en valenciano
Una ambulancia del SAMU de la Generalitat Valenciana // Europa Press
La Plataforma per la Llengua del País Valencià ha denunciado un nuevo caso de discriminación lingüística. Los hechos se remontan al pasado mes de junio cuando una vecina de la localidad alicantina de San Vicent del Raspeig, Irene Galiana, se dirigió al equipo médico de la ambulancia 112 que estaba atendiendo a su madre y estos le pidieron que se expresara en castellano.
Según la plataforma (este medio ha tratado sin éxito de contactar con Galiana) uno de los sanitarios le respondió «¿Qué dice? Hábleme en castellano» cuando comenzó la conversación y tras negarse la joven a dejar de hablar valenciano al argumentar: «Si no m’entén per què em contesta tot el que li dic», les avisó de que le dolía el corazón y que tenía ansiedad.
A continuación, en lugar de asistir a Galiana, «nadie le atendió ni le midió las pulsaciones», explican desde la asociación cultural, el profesional sanitario de la ambulancia le espetó «¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!», acabando en ese momento la conversación.
El delegado de la plataforma en la Comunitat Valenciana, Manuel Canceller, considera en declaraciones a este medio que se trata de un nuevo caso de «discriminación ideológica» porque «estaba entendiendo a Galiana al estarle contestando a lo que decía». «En un servicio público como es el caso uno no puede actuar desde el prejuicio ideológico», añade.
Por ello desde la plataforma reclaman de manera «urgente» que se garantice la competencia lingüística de todas las personas que atienden a la ciudadanía en la sanidad pública y que se organicen cursos de valenciano. Estas dos exigencias ya han sido remitidas tanto al alcalde de San Vicent del Raspeig, el socialista Jesús Villar, como al sindic de greuges y a la consellera de Sanidad Ana Barceló.
De momento, consultados tanto al consistorio como al gobierno valenciano afirman estar estudiando este nuevo caso que habría que sumar otro reciente como el de dos agentes de la Policía Nacional llevaron a comisaría a un hombre que les habló en valenciano.
Asimismo, recuerda la plataforma que la situación vivida por la joven en San Vicent del Raspeig se da a conocer poco después de las palabras de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en Las Provincias donde afirmó: «Entre una buena atención sanitaria y exigir el título de valenciano hay que garantizar la salud del ciudadano».
«Queda otra vez claro que la una forma de garantizar la salud de los ciudadanos valencianos es asegurar la competencia lingüística de todas las personas que atienden al público en la sanidad pública», han expresado.
A este respecto, desde la Plataforma Per la Llengua no solo recomienda al sanitario que haga un curso en valenciano, sino que consideran necesario que la Conselleria informe al trabajador sobre «los derechos lingüísticos del pueblo valenciano» y «se elabore un protocolo con el fin de evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir».
Cuerpo jurídico
Recuerdan desde la plataforma que el artículo 9 del Estatut valenciano de 2006 proclama que los valencianos tienen derecho “a dirigirse a la administración de la Comunidad Valenciana en cualquier de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada” y que el artículo 16 afirma que la Generalitat “garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas” y que “ninguno no podrá ser discriminado por razón de lengua”.
También en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (artículo 5) se especifica que la Administración «adoptará cuantas medidas sean precisas para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de emplear cualesquiera de las dos lenguas oficiales, así como para garantizar el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano».
Por último, recuerdan desde la plataforma valenciana que las obligaciones lingüísticas se mantienen independientemente de que sea la administración la que presta el servicio directamente “o se externalice en otra empresa”, como es el caso del servicio de ambulancias 112. Así lo establece el artículo 16 de la ley citada anteriormente: “Las Empresas de carácter público, así como los servicios públicos directamente dependientes de la Administración, han de garantizar que los empleados de los mismos con relación directa al público, poseen el conocimiento suficiente del valenciano para atender con normalidad el servicio que tienen encomendado”.
