Vox copia la propuesta de expulsión de 52.000 inmigrantes de un sindicato policial que pide acceso a los archivos sanitarios para identificarlos

  • La UFP reclamó en diciembre que el futuro Gobierno autonómico abriese los ficheros del Servicio Andaluz de Salud a la Policía
  • La asociación propone que la Junta facilite la documentación entregada por los extranjeros para sacarse la tarjeta sanitaria para aplicarles la Ley de Extranjería

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, y el presidente, Santiago Abascal // EFE

El dato lanzado por Vox de los 52.000 inmigrantes en situación irregular que supuestamente la Junta de Andalucía “encubre” para evitar su expulsión sale de una nota de prensa del sindicato policial UFP en la que pide su delación. La cifra coincide.

En una comunicación pública lanzada el pasado 20 de diciembre, la Unión Federal de Policía pedía “al nuevo gobierno andaluz [el que podrían formar PP y Cs] que facilite las copias de los pasaportes de los 52.000 extranjeros irregulares que tienen la Tarjeta Sanitaria o el Documento de Reconocimiento Temporal Sanitario”. La UFP tampoco explica de dónde sale el dato.

Es decir, Vox recoge el guante lanzado por una asociación de policías para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abra sus archivos a la Policía Nacional para realizar una expulsión masiva de inmigrantes. infoLibre preguntó a Vox si la UFP le trasladó esta demanda, la tomó directamente de la web del sindicato, sin respuesta.

Vox enunciaba así la medida en su documento de “propuestas” presentado el martes al PP para negociar la investidura de Juan Manuel Moreno: “Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. El partido ultraderechista no dio más información sobre la propuesta. ¿De dónde salía? Cristina Seguí, referente mediático de Vox, lo explicó en un hilo de la red social Twitter, que a su vez fue compartido por la UFP.

La UFP pide al “nuevo gobierno de Andalucía que no continúe con la misma política del gobierno anterior de encubrir la inmigración irregular”. “Para proceder a la expulsión de un extranjero irregular, la Policía Nacional tiene la obligación de proceder a la identificación completa del extranjero y acreditar su nacionalidad. ¿Por qué? Porque a cada extranjero hay que expulsarlo a su país y por ello, antes tenemos que demostrar a las autoridades de aquel país que este ciudadano que llevamos es nacional suyo”, explica el sindicato policial. La UFP explica que los inmigrantes, “como son conocedores de esta situación, cuando saltan la valla o llegan en patera, llegan sin ningún documento que acredite su verdadera identidad, ocultan su pasaporte y salen a la calle sin ninguna documentación que acredite su verdadera identidad y nacionalidad”. De este modo, si son interceptados por la Guardia Civil o la Policía Nacional, no pueden ser identificados. Según la UFP, los inmigrantes contactan después con sus familias en sus países de origen “para que les envíen su pasaporte original por correo ordinario” y así empadronarse y solicitar la Tarjeta Sanitaria o el Documento de Reconocimiento Temporal, emitido por los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad.

Ahí es donde la asociación policial hace su propuesta. “Para poder realizar tanto el primer, como el segundo trámite, ES OBLIGATORIO [las mayúsculas son de la nota] aportar copia de su pasaporte o carta de identidad verdadera […] Es decir, que en los archivos del Servicio de Salud de Andalucía tienen bajo llave 52.000 copias de pasaportes y cartas de identidad de los irregulares que la Policía no puede expulsar, al no poder esta última identificarlos”. La UFP invoca el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la colaboración entre las distintas administraciones. “Desde UFP pedimos que el nuevo gobierno de Andalucía deje de encubrir la inmigración irregular y remita las 52.000 copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la Tarjeta Sanitaria como el Documento de Reconocimiento Temporal Sanitario del Servicio Andaluz de Salud y de esta forma se pueda identificar fehacientemente[…] y poder proceder a la aplicación de la Ley de Extranjería”. Tampoco esta asociación policial explica en la nota de dónde sale el dato.


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