1.351 días del bloqueo del CGPJ

Los casos de corrupción que acorralan al PP les animan a continuar manteniendo el control del Poder Judicial y mantener su bloqueo aunque esto suponga saltarse la Constitución

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano que según el artículo 122 de la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe ser renovado cada 5 años. Éste caducó el 4 de diciembre de 2018 ante la negativa del Partido Popular a renovar a sus miembros. Elegido a propuesta del Parlamento, debe constituir un reflejo de las mayorías parlamentarias, aunque esto no es así desde que el PP bloquea su renovación, alegando que no negociará esa renovación “con partidos republicanos” como Unidas Podemos.

A día de hoy, este órgano judicial suma ya 1.351 días caducado. Esta situación sin precedentes ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a emplazar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a cumplir el acuerdo de renovación que su antecesor, Pablo Casado, firmó con el Gobierno en otoño de 2021. En una de sus declaraciones durante una visita a la isla de La Palma, Sánchez ha confirmado que Gobierno y PP firmaron un acuerdo para renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial, un documento que ha publicado este martes el diario El País y que llevaba la firma del ministro de la presidencia Félix Bolaños y del entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Sin embargo, este acuerdo quedó en papel mojado tras la salida de éste por la guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso y la entrada de Feijóo. Tanto es así que la nueva dirección de la formación se desvincula completamente de estos acuerdos, que tachan de «marrullería política», y piden «empezar de cero». Y es que el líder popular ha asegurado que desconoce el contenido de este texto, al que le ha quitado importancia en varias ocasiones: «Si usted tiene ese texto se lo agradeceré, yo no lo tengo».

Meses atrás, Casado anunció la apertura del diálogo para desbloquear el secuestro al que tienen sometido al CGPJ pero esto resultó ser solo una manera de dilatar el proceso de regularización del Órgano porque no existió tal voluntad por parte del líder de los populares. Mientras tanto, el órgano encabezado por Carlos Lesmes, ex alto cargo de los gobiernos del PP de Aznar, continuó nombrando vocales a pesar de los tres años que suman inmersos en una situación de irregularidad.

Atraso democrático

Esta situación de bloqueo, beneficia directamente al Partido Popular, que consigue mantener así la mayoría conservadora predominante en la cúpula. La diferencia entre una mayoría conservadora o progresista supone dos escenarios completamente diferentes en un momento donde la política debe estar a la altura e ir de la mano de sentencias de gran importancia social tales como ha sido la Ley de Vivienda -de especial urgencia ante las actuales dificultades para acceder a la vivienda a las que se enfrenta la ciudadanía en España, donde emanciparse se ha convertido en casi un privilegio y el derecho a la vivienda se ha visto gravemente amenazado-, el aborto o la eutanasia.

De esta forma, esta irregularidad generó problemas a la hora de aprobar la Ley Trans. Ya que el órgano terminó aprobando por unanimidad un informe crítico con algunos puntos de la norma con tres meses de retraso, donde los jueces mostraban sus preocupaciones.

La vergüenza de Europa

Los casos de corrupción que acorralan a la formación popular les animan a continuar manteniendo el control del Poder Judicial. “Si la Justicia hace política, entonces nos quedamos sin democracia”, declaró en su momento un experimentado jurista a LÚH!. Esta situación, ha llevado a que España deje de ser considerada una democracia plena para incorporarse al grupo de las democracias “defectuosas” en la última entrega del Índice democrático –encuesta anual realizada para calificar la calidad de la democracia en 167 países– del diario londinense The Economist. Tal y como estos han justificado: “La caída de España se debe principalmente a una peor valoración de la independencia judicial”, una caída de 0,18 puntos exactamente. Así España pasa de los 8,12 puntos del 2020 a 7,94 en el 2021, y eso supone salir de la primera división, que encabeza Noruega por amplio margen, con una nota de 9,75 sobre 10.

La decisión del Partido Popular, “afecta no solo a la carrera judicial sino al Estado de derecho” e incumple la propia Constitución española. Este vergonzoso bloqueo ya no tiene precedentes en la historia democrática de España ni en toda Europa y perjudica al conjunto del país.


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