“Estas vulneraciones de los derechos de la infancia y adolescencia migrante no pueden quedar impunes, deben ser condenadas y asumidas las consecuencia”, indican en un comunicado de prensa conjunto.
Un soldado detiene a un menor migrante que acaba de llegar a Ceuta.
Un total de 36 organizaciones migrantes y antirracistas exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Markaska, por las devoluciones ilegales —con el consentimiento del ministerio— de menores desde Ceuta que se llevaron cabo entre el viernes 13 de agosto y el lunes 16. Asimismo, los colectivos demandan la derogación del acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 que afecta a menores no acompañados. Entre 45 y 48 menores fueron devueltos por España a Marruecos sin respetar el proceso que marca cómo deben realizarse esas repatriaciones, y que es garantista con los derechos de la infancia.
“No ha habido una investigación sobre las vergonzosas deportaciones a través de la valla durante el mes de mayo, ejecutadas por el ejército español. Estas vulneraciones de los derechos de la infancia y adolescencia migrante no pueden quedar impunes, deben ser condenadas y asumidas las consecuencias de lo que ellos llaman errores y fallos”, consideran las organizaciones en un comunicado conjunto. Instan además a “las fuerzas democráticas de izquierda” a rechazar “tal vulneración de los Derechos Humanos y a una depuración de responsabilidades”.
Más información: Ceuta / Dos abogadas paralizan las devoluciones ilegales de niños a Marruecos ordenadas por Marlaska– Gessamí Forner
Los colectivos recuerdan que “ni el Ministerio de Derechos Sociales, ni el de Asuntos Sociales, Inclusión y Migración, ni la Secretaría de Estado de Migración, ni la Fiscalía han estado presentes” durante el proceso de devoluciones ilegales —en las legales sí lo están—. Añaden con ironía que “resulta sorprendente que Fernando Grande-Marlaska haya sido magistrado y presidente de la Audiencia Nacional, vocal del Consejo General del Poder Judicial y, ahora, como ministro del Interior, junto con sus dudosas declaraciones [a la prensa], actúe por encima de cualquier legalidad, atentando contra el derecho a la vida, a la movilidad, contra los derechos de la infancia, el de asilo y refugio”.
Por todo ello, exigen la dimisión de Marlaska, la derogación del acuerdo bilateral con Marruecos y de la Ley de Extranjería, y una paralización inmediata de todas las posibles deportaciones en trámite de los menores a Marruecos. Aún quedan más de 700 chavales en Ceuta, a los que el Gobierno de España pretendía devolver a través del ejército.
Entre las organizaciones firmantes figuran asambleas antirracistas de Bilba y Madrid, SOS Racismo, Stop Mare Mortum, Caravana Obrim Fronteres, Afroféminas y los sindicatos Intersindical (IAC), el Sindicato de Manteros de Madrid y el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta emitió el lunes auto en el que afirmaba que las expulsiones dirigidas por el Ministerio del Interior no cumplen “nada de lo ordenado [por la ley]”. Las impulsoras de esta decisión judicial fueron los colectivos Coordinadora de Barrios, Frontera Sur, Elin, Maakum y No Name Kitchen, que tramitaron a través de dos abogadas una solicitud de medidas cautelarísimas para parar las devoluciones.
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