4 temas de los que la derecha prefiere no hablar en Madrid

La derecha madrileña está obviando en campaña los temas sanitarios, educativos, de servicios sociales, de vivienda…

De izquierda a derecha, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, la expresidenta de la CAM Esperanza Aguirre y la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso // PP Comunidad de Madrid / Licencia CC BY 2.0

Ni de sanidad, ni de educación, ni de servicios sociales, ni de vivienda, ni de desigualdad…  La derecha madrileña ha obviado los grandes temas sociales en sus propuestas para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid (CAM). Bajo el mantra de la libertad, de la bajada de impuestos y de la falsa sensación de inseguridad, aquellas temáticas que realmente afectan al grueso de la población, han quedado ensombrecidas.

El Partido Popular, que gobierna Madrid de manera ininterrumpida desde 1995, saca pecho por unos datos económicos que pretenden hacer extensibles a toda la ciudadanía madrileña pero de los que, en realidad, solo se beneficia una minoría. Así, mientras la CAM tiene el mayor PIB per cápita de todo el país, la desigualdad entre quienes más y quienes menos tienen es la más alta de España, de acuerdo con el informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Madrid de 2019.

La pérdida de recursos como consecuencia de las bonificaciones fiscales que obtienen las grandes rentas en Madrid, junto con una apuesta ideológica por el dopaje económico de lo privado con recursos públicos, han convertido a la región más poderosa del Estado en un agujero negro de derechos sociales. Y en un paraíso para aquellos que más tienen.

Eso explica que, prácticamente 1 de cada 3 grandes empresas tengan su sede social en la CAM, según Informa D&B, siendo los sectores de Construcción, Comercio y Servicios empresariales los que se sitúan a la cabeza.

Algunos datos que lo corroboran:

Sanidad: empujar hacia lo privado

Muchos datos sanitarios han salido durante la campaña: Madrid como la segunda región que menos invierte en salud por habitante; Madrid como la comunidad que menos gasta en sanidad respecto a su PIB; Madrid como el penúltimo territorio con menor personal médico en atención primaria y en el que menos peso tiene la primaria en el gasto sanitario total.

Se puede seguir con la enfermería, con las camas de hospital, con la remuneración del personal sanitario, con la histórica privatización de la gestión hospitalaria… Todos estos datos podrían explicar el exceso de mortalidad y de contagios que la región ha tenido que sufrir durante los peores momentos de la pandemia de la COVID-19.

Y, a su vez, permiten entender cómo grandes empresas privadas se frotan las manos ante el declive de lo público. Así, tal y como publica infoLibre, Madrid es la región con el mayor gasto per cápita (815 euros) en seguros sanitarios privados, por encima de sus principales seguidores, Catalunya (771 euros) y País Vasco (759 euros), y duplicando a la última, Extremadura (408 euros). Asimismo, se sitúa a la cabeza en el porcentaje de asegurados, con un 36,6%, casi 5 puntos más que Catalunya o 13 más que la media nacional.

Es la libertad de elección entre una enorme lista de espera o pagar un seguro privado.

Estos datos muestran una evidente pauperización de lo público. Y hay también un (legal pero cuestionable) desvío de fondos: en 2018, la iniciativa privada se llevó la mitad del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, es decir, más de 4.100 millones de euros de los 8.365 millones de euros de la partida liquidada de Sanidad. Así lo denunció la organización Audita Sanidad en su análisis sobre El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña, en el que concluyó que esto supone un aumento de más de un 15% en aquellos recursos que van a parar a bolsillos privados si se compara con los datos del año 2015.

Educación: segregar a los pobres

“La segregación en la Comunidad de Madrid ha crecido de forma muy notable y es hoy la comunidad autónoma con mayor segregación y una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos]”. No, no es frase de campaña de alguno de los partidos de la oposición para criticar la gestión de la derecha madrileña, es la conclusión a la que han llegado Save the Children y Esade en su estudio Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, recientemente presentado. Solo hay un territorio que segrega más en educación que Madrid: Turquía.

De nuevo, el discurso sobre la libertad de elección educativa no se sostiene: los hijos e hijas de familias con rentas bajas cada vez tienen menos posibilidades de acceder a los colegios e institutos a los que van los hijos e hijas de familias con mayores recursos.

El citado informe, de hecho, señala al baremo de admisión que introdujo el Decreto de Libertad de Elección en la Comunidad de Madrid como “el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante”.

A ello hay que sumar otro dato también recurrente pero no por ello menos importante: Madrid es la región española con menor inversión educativa por alumno en enseñanzas universitarias: 4.727 euros, es decir, 1.000 euros menos que la media nacional. Tras bajar las ratios de alumnado como consecuencia de la COVID-19, el Gobierno ya trabaja para volver a aumentarlos, según adelantó la Cadena SER en marzo, lo cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones para padres y profesorado.

Además, Madrid también se ha convertido en la “meca de las universidades privadas”, en palabras de Comisiones Obreras. En 2019, PP y Ciudadanos dieron luz verde a la creación de tres nuevas universidades privadas, ESIC, CUNEF y Villanueva, que hasta ese momento eran centros adscritos a la Complutense o a la Rey Juan Carlos. Congregaciones religiosas como los jesuitas (ESIC) y el Opus Dei (Villanueva) o la Asociación Española de Banca (CUNEF) están de enhorabuena. Catolicismo y sector financiero agrandan su poder educativo.

Y la apertura de este tipo de centros elitistas, no accesibles a la mayoría de los bolsillos, sigue creciendo. A finales de 2020 se concedió la licencia de universidad privada a la Escuela de Administración de Empresas, perteneciente al Grupo Planeta, tal y como ha explicado recientemente CTXT en un extenso reportaje.

Vivienda: un festín para los buitres

De nuevo, un primer dato para empezar: según el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda del Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid tiene el alquiler más alto de todo el país, con una media de 780 euros por vivienda. De acuerdo con el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en la capital es de 14,6 euros por metro cuadrado. Este último dato es de marzo de 2021 y es un 0,4% más bajo que el mes anterior. El máximo histórico lo alcanzó en mayo del pasado año, con 16,8 euros por m2.

Que en Madrid se paga mucho por la vivienda lo ha reconocido hasta Ayuso, algo que tildó de “apasionante” gracias a que “después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza”.

Que la presidenta de la región lo sepa no significa que haya tratado de solucionarlo. Antes al contrario. Desde la CAM se han opuesto de manera continua a la regulación del precio del alquiler firmado por el PSOE y Unidas Podemos en su pacto de Gobierno. Tampoco han tratado de hacerle frente mediante la construcción de más vivienda pública, ya que las últimas se entregaron en 2019. Desde entonces, su promesa “estrella” ha sido la construcción de 25.000 nuevas viviendas protegidas. Por ahora es eso, una promesa.

Una buena oportunidad podría haber sido recuperar los casi 3.000 pisos protegidos que el gobierno de Ana Botella (PP) malvendió a grandes fondos buitre en 2013. Una primera sentencia, en 2018, anuló la venta; tras un recurso del propio gobierno del Partido Popular, en 2021, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, lo ha remarcado. Aun así, el ejecutivo de Ayuso se parapeta tras la “enorme complejidad” de la operación para evitar recuperar lo que, según la ley y los jueces, nunca habría tenido que dejar de ser público.

Residencias: horror por beneficios

“No se podría haber evitado”. De esta forma trató de excusarse Isabel Díaz Ayuso en el debate de Telemadrid cuando alguno de los candidatos se refirió al drama vivido en las residencias de mayores madrileñas durante la primera ola de la pandemia. “No siempre ir a un hospital o entrar a una UCI les salvaba la vida”, ha vuelto a recalcar en TVE de manera más reciente tras ser preguntada por el protocolo en el que se pedía no derivar a los ancianos a los hospitales.

Entre mediados de marzo y finales de abril de 2020, en las residencias de Madrid murieron 9.470 personas mayores, de los cuales, un 77% no llegaron a pisar un hospital. No todos fallecieron con síntomas compatibles con la COVID-19. Solo quienes tenían seguro privado pudieron escapar de aquel horror.

El periodista Manuel Rico, autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, llegó a tildar a la CAM de “infierno para los mayores” que viven en este tipo de centros. Según su investigación, que utiliza los datos ofrecidos por determinadas comunidades autónomas, “el impacto de la mortalidad fue mayor en los centros de gestión privada”, aumentando todavía más en los de los grandes grupos empresariales.

Y Madrid, frente al “infierno” de los mayores, es un “paraíso” para los inversores: “Los Gobiernos del PP han aplicado una decidida política de favorecimiento del sector privado. Por una doble vía: poniendo en sus manos un número creciente de geriátricos y trasvasando a las empresas cuantiosos fondos públicos”, denuncia Rico. De este modo, los tres principales grupos empresariales –Orpea, Amavir y DomusVi– se nutren de recursos públicos en el 92% de los centros que tienen en la región.

Otro dato más para terminar: según el informe Retos ante la crisis y propuestas para una recuperación inclusiva, elaborado por organizaciones como la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Intermón, la Comunidad de Madrid es la cuarta región que menos invierte en servicios sociales, con 276 euros por habitante (2020), la mitad respecto a la que más invierte.