Los firmantes denuncian que el Estado español «ha preferido la vía de la judicialización y de la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades»,
Votantes el 1-O // EFE
Primero fue ante la ONU y ahora ante Europa. 650 juristas han trasladado al comisario de derechos humanos del Consejo de Europa «violaciones de derechos humanos» que, a su juicio, han cometido distintos organismos del Estado para frenar el 1-O. La denuncia la ha impulsado el Col·lectiu Praga, asociación que reúne a profesores de derecho de las universidades catalanas, pero también está firmada por juristas vascos o abogados que ejercen en Madrid.
Según exponen los juristas, la actuación del Estado en relación al 1-O ha contravenido el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (CEDH).
Hasta nueve derechos ven vulnerados los firmantes de la denuncia: el de libre expresión y de reunión; la prohibición de tratos degradantes; el derecho de sufragio, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas; derecho a la libertad; derecho al juez imparcial y al tribunal establecido en la ley; principio de legalidad penal; derecho a un proceso con todas las garantías, derecho a la doble instancia en el ámbito penal; y derecho a la preparación de la defensa.
«Consideramos que existen suficientes indicios para que el comisario de derechos humanos pueda iniciar una investigación independiente y completa, de vulneraciones de derechos», concluyen los juristas.
El comisario de derechos humanos es una institución independiente dentro del Consejo de Europa, una organización de cooperación regional que no pertenece a la Unión Europea. Ostenta actualmente el cargo el letón Nils Muižnieks, y su mandato es promover el respeto de los derechos humanos y aumentar la sensibilización en los estados miembros al respecto.
Los firmantes denuncian que el Estado español «ha preferido la vía de la judicialización y de la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades», como por ejemplo la imputación «inexistente» de los delitos de rebelión y sedición a los dirigentes de Òmnium y la ANC y a los miembros del Govern cesado por el 155. En este sentido, acusan al Ejecutivo de «disolver de facto la autonomía de Catalunya, mediante la activación inconstitucional» del 155.
Sobre la actuación policial del 1-O, los juristas aseguran que las intervenciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil «violaron el artículo 3 del CEDH atentando gravemente contra la integridad física de la ciudadanía que, reunida pacíficamente ante los puntos de votación, fue agredida violentamente por dichas fuerzas policiales».
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