Un juzgado de Barcelona absuelve al portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y a otros dos activistas de los delitos de coacción y violación de domicilio tras una protesta en 2018.
Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya en el Congreso
Los activistas del Sindicat de Llogaters y Llogateres de Barcelona Jaime Palomera, Alpha Mikeliunas y Fran Ortega han sido absueltos por delito de coacción y violación de domicilio, en sentencia comunicada pasadas las 12.30 de la mañana del viernes en la Ciudad de la Justica de Barcelona. La sentencia considera que los activistas no cometieron estos delitos, por los que la fiscalía demandaba 3 años de prisión para cada uno de ellos, en el marco de una protesta en octubre de 2018 contra el desalojo de Mikeliunas y Ortega, inquilinos de un piso de la familia de rentistas Fradera-Bes en la calle barcelonesa de Floridablanca.
La sentencia llega un mes y dos días después de celebrarse el juicio, que había sido considerado por la organización de defensa del inquilinato como una “represalia” contra el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. La familia demandante, propietaria según el Sindicat de un centenar de viviendas en la ciudad de Barcelona, entre otros negocios, había solicitado tan sólo la pena de 21 meses de prisión, petición que fue aumentada por la fiscalía a un total de 9 años para los tres activistas. “Ante el estado de vacilación e incertidumbre que la duda provoca, resulta lógico, humano y prudente” absolver a los acusados, resuelve la jueza, según informa eldiario.es.
El fallo, de 42 páginas, “avala las formas de protesta del movimiento por el derecho a la vivienda”, señala Jaime Palomera, uno de los absueltos, en conversación telefónica con El Salto. Aunque la jueza no ha admitido una prueba importante presentada por la defensa (un vídeo de la cadena local BTV de 45 minutos de duración), su sentencia no considera probado que hubiera coacción de ningún tipo. “Sienta un precedente importante para el movimiento por la vivienda porque lo que estaba en juego era la posibilidad de poder ir a protestar contra una sede de una inmobiliaria, un fondo o un banco”, indica el portavoz del Sindicat.
No obstante, Palomera insiste en que el proceso, que ha llevado más de dos años, “se podría haber evitado”, en referencia a la toma en consideración de la demanda por un primer juzgado y al hecho de que la fiscalía aumentara la petición de pena de la propiedad, 21 meses, por encima de los dos años necesarios para que, en ausencia de antecedentes, sea efectivo el ingreso en prisión. “El derecho a protestar pacíficamente es lo que estaba en juego y es lo que ha intentado amenazar no solo el sector inmobiliario sino también el Estado a través de la Fiscalía”, enfatiza Palomera, que asegura que esta instancia dependiente del ministerio de Justicia ha actuado con un “de manera muy consciente con un criterio punitivista”.
La propiedad demandó a la pareja y al portavoz del Sindicat en abril de 2019, después de que los activistas y la organización consiguieran una serie de victorias legales fruto de la presión colectiva. Entre ellas, la renovación del alquiler en régimen de alquiler social (previa amenaza de multa por incumplimiento de la ley catalana que obliga a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social en caso de vulnerabilidad de los residentes) y dos multas por valor de 180.000 euros impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona contra la propiedad previa demanda por acoso inmobiliario. Una de estas acciones de presión colectiva fue la ocupación, en octubre de 2018, de uno de los negocios de la familia Fradera-Bes, el Instituto de Belleza Francis. Es esta acción la que motivó la demanda por parte de la propiedad por coacción y violación de domicilio.
Pero el caso que enfrenta a esta pareja de activistas y técnicos de sonido con la familia Fradera no termina aquí. Por mediación del Sindicat de Llogaters, ambos interpusieron una demanda por daños y perjuicios contra la propiedad cuyo juicio está previsto para este otoño. La resolución de esta demanda culminará, en un sentido u otro, una relación conflictiva que se ha extendido desde que Mikelaunas y Ortega entraran a vivir como inquilinos en el piso de la calle Floridablanca. Además de la amenaza de no renovación de contrato que les llevó a tener que detener el desahucio en varias ocasiones (y a ganar finalmente un nuevo alquiler), los problemas empezaron desde el primer día al no disponer la vivienda, ni los espacios comunes de la finca (propiedad en su totalidad de la familia Fradera) de las condiciones mínimas de habitabilidad.
Entre los problemas de la finca, la pareja y el Sindicat han documentado con un informe de la Agencia de Salut Pública que el suministro de agua no es potable, dadas las características de las tuberías de plomo. Además, la pareja denunciaba la existencia de una plaga de termitas, el mal estado de las bajantes y del patio interior de la vivienda, con presencia de ratas. Por todo ello, demandan la devolución de al menos la mitad de la renta pagada en los últimos diez años.
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