Si España permanece en el Tratado sobre la Carta de la Energía podría enfrentar nuevas demandas millonarias en el futuro, sobre todo por medidas climáticas relacionadas con los planes de transición energética.
Planta solar de Abengoa, Alex Lang
España es el país más demandado bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Acumula un total de 48 demandas conocidas, de las cuales 21 ya se han resuelto, 18 de ellas a favor del inversor. En seis de cada siete demandas los inversores ganaron. Según el Gobierno, la cantidad total reclamada por inversores extranjeros asciende a casi 10.000 millones de euros. De momento, el Estado español ha sido condenado a pagar 1.074 millones de euros en concepto de indemnización por los casos que ha perdido. Dinero que sale de los bolsillos de las y los contribuyentes.
¿De dónde sale esta cascada de demandas? Tiene su origen en los incentivos a las inversiones en energías renovables que el Gobierno español aprobó en 2007 y que retiró en los años siguientes. En enero de 2011 el Gobierno del PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el recorte a las subvenciones de plantas solares. El Gobierno de Mariano Rajoy dio la estocada final en 2014 con lo que se conoció como «el hachazo a las renovables». Las razones fueron puramente económicas.
El 85% de las demandas contra España proceden de un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero, y no de una empresa de energías renovables
Esta decisión fue un varapalo para la transición energética y significó un desastre financiero para muchas familias que invirtieron acogiéndose a los incentivos del Gobierno. Pero no fue así para los inversores extranjeros: fueron los únicos que pudieron y pueden demandar bajo el TCE reclamando compensaciones millonarias. Esto no significa que las demandas por las renovables sean un argumento a favor del TCE ni que este tratado vaya a promover la transición energética. Un examen de estas empresas nos muestra todo lo contrario: está proporcionando justicia al tipo equivocado de inversores.
El 85% de las demandas contra España proceden de un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero, y no de una empresa de energías renovables. Además, la mitad de estos inversores tienen negocios en el sector del carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Para mayor ironía, mientras España avanza hacia una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el dinero que debería pagar en concepto de indemnización bajo el TCE podría llegar a financiar más proyectos vinculados a los combustibles fósiles ya que va directo a estas empresas.
Un negocio lucrativo
En noviembre de 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que persigue poner fin a las demandas contra España bajo el TCE. La estrategia es ofrecer un incentivo económico a los inversores que han presentado demandas contra España con el objetivo de que renuncien a las compensaciones que reclaman a través del TCE. Hasta la fecha, tan sólo cuatro inversores —de un total de 48— han confirmado que se acogerán a la oferta del Gobierno. Para la mayoría de inversores este tratado es más que una póliza de seguro: es una fuente adicional de lucro que les permite ser indemnizados no solo por la pérdida de beneficios en el presente, sino por sus expectativas de beneficios futuros. Un inversor pendiente de que se resuelva su caso ha declarado: «No compensa renunciar, porque realmente lo que puedes ganar por renunciar es menos de lo que esperas ganar por el laudo».
– Abengoa: salir a flote a toda costa
Una de las demandas más elevadas y paradigmáticas contra España fue presentada por Abengoa, una empresa española especializada en infraestructuras, energía y agua. Aunque en la teoría el Tratado sólo permite que inversores extranjeros efectúen demandas contra otros Estados signatarios del TCE, Abengoa encontró la forma para demandar a su propio país a través de una sociedad con sede en Luxemburgo. Mientras la demanda inicial en 2013 ascendía a 840 millones de euros, en abril de 2019 la compañía aumentó la reclamación económica a 1.188 millones. Y no solo eso, tras demandar a España bajo el TCE Abengoa fue rescatada por el Gobierno el pasado mes de octubre.
Un futuro hipotecado
Si España permanece en el TCE podría enfrentar nuevas demandas millonarias en el futuro, sobre todo por medidas climáticas relacionadas con los planes de transición energética. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una medida de gran calado. Como ejemplo, en julio de 2019 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) propuso al Gobierno rebajar unos 6.000 millones de euros lo que cobraban las eléctricas y gasísticas por sus redes de transporte y así reducir las facturas de las personas consumidoras. Tan solo unas horas después, grandes inversores extranjeros en esas compañías advirtieron al Gobierno de posibles demandas «largas y complejas» en caso de adoptar las recomendaciones de la CNMC. Las tarifas se rebajaron meses más tarde, pero menos de la mitad de lo planteado inicialmente.
– No es verde todo lo que reluce: Canepa Green Energy Opportunities contra España
En febrero de 2019, el grupo español Azora Renovables presentó una demanda contra España a través de sus dos filiales con sede en Luxemburgo: Canepa Green Energy Opportunities I y Canepa Green Energy Oportunities II. El grupo cuenta con cinco parques eólicos en Galicia, La Rioja y Cataluña. Se trata de un fondo buitre que además compró, junto con Goldman Sachs, 2.935 viviendas de protección pública a la Comunidad de Madrid de las que después fue expulsando a sus inquilinos e inquilinas.
– El amigo de los combustibles fósiles: 9REN Holding contra España
En abril de 2015, 9REN Holding -una sociedad creada en Luxemburgo por el fondo estadounidense First Reserve- interpuso una demanda contra España por el recorte a las renovables. Sin embargo, la mayoría de sus inversiones son en compañías de combustibles fósiles muy contaminantes: petroleras, gasísticas, oleoductos y mucho fracking. Finalmente la demanda se resolvió a su favor y el Estado tiene que pagar más de 48.000 euros en concepto de indemnización y costes arbitrales. La empresa solo perderá alrededor de 5.000 euros.
—
Este artículo forma parte de un suplemento especial dedicado al Tratado sobre la Carta de la Energía elaborado por la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de Enlace, Madrid.
Lucía Bárcena | Transnational Institute (TNI) – Luis Flores | Miembros de ecologistas en acción y de la campaña No a los Tratados de comercio e inversión
